Cuba: situación sociopolítica y económica.

1.- Introducción.
La visita a Cuba del Papa Benedicto XVI ha vuelto a atraer la atención mundial sobre lo que ocurre en ese país. Y, por contraste, sobre lo que no sucede. Porque 14 años después de que un Papa, Juan Pablo II, viajara por primera vez a la Isla y tras más de medio siglo de dictadura marxista-leninista, Cuba sigue siendo el parque jurásico del socialismo real, un país donde un régimen anacrónico y fracasado perdura sin haber cambiado apenas de estructura política, aunque empeñado ahora en realizar modestas reformas económicas.

En este trabajo se esboza un análisis de la situación sociopolítica y económica del país, y se examinan brevemente las opciones estratégicas de que disponen los gobiernos deseosos de contribuir a que sobrevenga en Cuba una transición pacífica y de signo democrático. Los autores de estas páginas -Elías Amor, Osvaldo Alfonso y Miguel Sales- son miembros de la junta directiva de la Unión Liberal Cubana y sus párrafos reflejan, como es obvio, el ideario político de esta organización.

2.- Política y derechos humanos.
Las reformas que el gobierno de Raúl Castro ha emprendido en los últimos años con miras a subsanar la colosal ineficiencia económica del sistema socialista cubano no modifican, en lo esencial, la privación de derechos y libertades que padece la ciudadanía desde hace más de medio siglo. Esa violación sistemática de los derechos humanos no es coyuntural; está enquistada en la Constitución y el Código Penal vigentes en la Isla. El derecho a asociarse libremente con fines pacíficos, a elegir sus gobernantes o la educación de sus hijos, a expresar sus opiniones sin temor a represalias, a tener propiedades y disponer de ellas, a entrar y salir del país sin restricciones indebidas, son solo algunas de las libertades conculcadas o menoscabadas por las leyes cubanas.

Las violaciones de los derechos humanos en la Isla están ampliamente documentadas. Las informaciones que divulgan la prensa independiente y las organizaciones de la sociedad civil se denuncian reiteradamente el acoso, las detenciones y las golpizas de que son objeto los activistas pacíficos por parte de la Seguridad del Estado. Si bien la táctica del gobierno actual no consiste en aplicar largas condenas de cárcel a los opositores, como solía hacerse en años anteriores, se han incrementado los arrestos de varios días y los actos de repudio que organiza la policía política son ahora más violentos y en no pocas ocasiones se acompañan de ataques vandálicos contra las viviendas de los activistas.

Según los informes de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN),en diciembre de 2011 se produjeron 796 arrestos, lo que representa el mayor número de detenciones de los últimos 30 años. Cabe señalar que el 10 de diciembre se conmemora el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y gran parte de los arrestos se produjeron para evitar que los opositores pacíficos celebraran este día. El pasado mes de febrero la cifra de detenciones arbitrarias por motivos políticos fue de 604.

El uso de la violencia contra los integrantes de grupos pacíficos sigue en aumento, sobre todo en las provincias orientales de la Isla, que se encuentran más alejadas de la atención internacional. A pesar de la censura y el control de los medios de comunicación vigentes en Cuba, los activistas de derechos humanos han denunciado y documentado estos casos, incluso con el apoyo de testimonios gráficos.

Algunos casos denunciados contribuyen a ilustrar el panorama de los derechos humanos en Cuba. El 19 de enero de 2012, tras más de 50 días de huelga de hambre, falleció el preso político Wilmar Villar Mendoza. Las autoridades trataron de negar, por todos los medios a su alcance, que el activista fallecido guardara prisión por motivos políticos.

Las Damas de Blanco, el colectivo de mujeres que reclaman la libertad de los presos políticos, han seguido sufriendo, tanto en La Habana como en ciudades del interior del país, la represión de las turbas dirigidas por la policía política, que las han golpeado y arrestado frecuentemente. El 28 de febrero, el Centro de Información Hablemos Press denunció que el día 26 de ese mes una veintena de Damas de Blanco habían sido golpeadas cuando regresaban a sus casas, luego de participar en la misa dominical de la iglesia Santa Rita de Casia en La Habana. Como es conocido, estas mujeres solo asisten a misa y caminan pacíficamente por las calles con gladiolos en las manos, reclamando la libertad de los presos políticos.

En febrero de 2012 Noralys Martín Hernández y Taymi Vega Biscet, dos jóvenes opositoras de 22 años de edad, sufrieron sendos abortos, debidos a las agresiones de que fueron objeto durante operativos violentos de la policía política cubana. También en el mes de febrero fue secuestrado por fuerzas de la Seguridad del Estado en La Habana y retenido varios días en paradero desconocido el ex prisionero de conciencia y presidente de la Unión Patriótica Cubana, José Daniel Ferrer.

Estos son solo unos pocos ejemplos que ilustran la represión política en la Isla. Casos como ésos se suceden sistemáticamente en toda Cuba. Debe tenerse presente que la violación de los derechos humanos es intrínseca al régimen cubano y que esta situación no cambiará hasta que a los ciudadanos les sean reconocidos todos los derechos básicos, como los de asociación, reunión y libertad de expresión.

Como argumento para justificar los atropellos y la falta de libertad, en marco de su confrontación perpetua con Estados Unidos, el régimen castrista sigue calificando a los activistas de derechos humanos y los opositores políticos pacíficos de agentes del imperialismo yanqui y enemigos de la nación. Esto quedó también muy claro en el discurso que Raúl Castro pronunció en la conferencia del Partido Comunista celebrada a principios de 2012, cuando afirmó que “renunciar al principio de un solo partido equivaldría, sencillamente, a legalizar al partido o los partidos del imperialismo en suelo patrio y sacrificar el arma estratégica de la unidad de los cubanos”.

3.- La situación social.
La combinación de la represión política con el fracaso económico del régimen, que se analizará más adelante, ha acarreado consecuencias sociales catastróficas para el país. Alrededor del 15 % de la población se ha marchado al exilio -la mayoría a Estados Unidos- en una fuga que no cesa. Se calcula que unos 35.000 cubanos abandonan definitivamente la Isla cada año. Las severas condiciones de vida han provocado una crisis demográfica sin precedentes. A la emigración en masa se ha sumado la caída de las tasas de fertilidad y natalidad, que está convirtiendo a Cuba en un país envejecido, donde cada año nacen menos niños y aumenta desproporcionadamente el número de ancianos.

A cambio de estos y otros males, el Gobierno se precia de haber mejorado la enseñanza, la salud pública y la protección social, así como los resultados deportivos del país. Pero la ausencia de libertad impide el debate público sobre el contenido y la situación real de los servicios sociales o el costo de los éxitos olímpicos. Y, por supuesto, tampoco permite el examen desapasionado del amplio resto de la vida que la población ha tenido que sacrificar estos años en aras de esos presuntos “logros”.

Mientras duraron los subsidios soviéticos, o sea entre 1960 y 1991, esa política social basada en la supuesta gratuidad de las prestaciones educativas, sanitarias y asistenciales fue uno de los dos pilares de la propaganda gubernamental, tanto dentro como fuera de la Isla. Tras la desaparición de la URSS y el consiguiente desplome de la economía cubana, esos sectores han experimentado un drástico deterioro.

Pero la extraordinaria popularidad que el castrismo logró en el extranjero y la adhesión residual que todavía conserva tienen menos que ver con los éxitos reales o imaginarios del sistema que con el otro elemento que todavía determina su política exterior: la confrontación permanente con Estados Unidos. La alegoría del David pobre y socialista que luchaba denodadamente por su independencia frente al Goliath acaudalado y capitalista fue durante medio siglo uno de los clichés predilectos de las izquierdas europeas y norteamericanas, y le granjeó al régimen cubano la simpatía o la solidaridad de amplios sectores de la opinión pública mundial.

Sin embargo, la política de Washington hacia Cuba ha ido evolucionando paulatinamente. En 2012 reside en Estados Unidos más de un millón de cubanos, que mediante el envío de remesas familiares y las visitas turísticas aportan a la Isla un volumen considerable de divisas convertibles. Y gracias a la flexibilización de los términos del embargo comercial impuesto en 1962, Estados Unidos es hoy uno de sus principales abastecedores de comida y medicamentos. Además, el Gobierno estadounidense otorga cada año 20.000 visados a los cubanos que deseen abandonar el país. El régimen de los hermanos Castro se beneficia ampliamente de estas medidas, aunque mantenga la ficción del “bloqueo imperialista” y la retórica de la confrontación diplomática, que han llegado a ser sus señas de identidad.

En medio de esos cambios internos y externos que están modificando el contexto económico del país, la Iglesia Católica se esfuerza por recuperar un poco del terreno perdido durante medio siglo de represión antirreligiosa y discriminación contra los creyentes. Por el momento, el gobierno de Raúl Castro parece apreciar la postura mediadora de la Iglesia y ha aceptado algunas de sus peticiones en relación con los presos políticos y la ampliación de la presencia eclesial en la vida pública. Pero incluso en esas concesiones menores es posible discernir los límites ideológicos de las reformas raulistas: la Iglesia sigue careciendo de acceso a los medios de comunicación, controlados todos por el Estado, y no puede crear instituciones educativas propias.

4.- La economía.
La economía cubana atraviesa un período de cambios cosméticos y limitados, iniciados en 2010, refrendados en los denominados “Lineamientos” que aprobó el sexto congreso del PCC, celebrado en 2011. A modo de resumen, puede decirse que los cambios anunciados pretenden solucionar el deficiente funcionamiento de la economía, y comprenden:

1) Una reforma laboral que se traduce en la supresión de puestos de trabajo en el sector estatal y la autorización para el ejercicio de actividades no estatales y el incremento de la recaudación tributaria por medio de impuestos a estas actividades.
2) La ampliación de las modalidades productivas no estatales (como cooperativas y empresas de capital mixto) en los sectores de la agroindustria, el turismo y la vivienda.
3) La supresión de determinados subsidios a las empresas estatales y la autorización para fijar precios dentro de ciertos límites.
4) El incremento de la flexibilidad de los mecanismos de intervención y control y la planificación a través de la descentralización de las decisiones en materia de inversión.

Estos cambios de estilo, muy superficiales, no van en la dirección adecuada y tampoco representan la apuesta que necesita la economía cubana para superar el atraso histórico, la ineficiencia y bajo nivel de competitividad que padece. Los registros macroeconómicos de los últimos dos años ponen de manifiesto la ineficacia de estas medidas.

Según los datos de la CEPAL para el conjunto de países de América Latina, en 2010 la economía cubana solo creció un 2,1 %, un ejercicio en el que la tasa media regional se situó alrededor del 5 %. Para el presente año, las autoridades del régimen en un consejo de ministros ampliado, celebrado el pasado mes de noviembre de 2011, calcularon un crecimiento real del 2,7 %, por debajo del 3 % que estaba planificado. Este débil crecimiento es consecuencia, en parte, de su peculiar modelo de funcionamiento, que la aparta del resto de las economías occidentales, así como de las políticas del régimen.

La confianza absoluta en la planificación centralizada en vez del mercado como instrumento de asignación de los recursos y la limitación de los derechos de propiedad frente a un bloque pétreo de propiedad estatal y controlada que supone más del 80 % del PIB de la economía, frenan el dinamismo económico y la capacidad de los emprendedores para crear fuentes de riqueza.

Pero el deficiente funcionamiento de la economía cubana es también consecuencia directa del derrumbe del Muro de Berlín y la pérdida de apoyos externos que la habían sostenido artificialmente con generosas subvenciones soviéticas y la colaboración de los países del Este de Europa.

Como se observa en el Gráfico 1, el nivel de PIB de la economía cubana anterior a 1991 no se recuperó del derrumbe del Muro de Berlín hasta finales del decenio de 1990, la denominada “década perdida”, y la evolución posterior fue muy deficiente hasta que en 2004 aparecieron los “petrodólares” de Venezuela, que mitigaron la falta de competitividad estructural causada por la planificación centralizada y ausencia de derechos de propiedad.

En esencia, la debilidad estructural de la economía cubana para crecer, generar renta y riqueza, y dinamizar la base productiva es, en definitiva, consecuencia de su modelo económico estatal. Y no parece que la actual estrategia de las autoridades pretenda modificarlo en profundidad.

En el modelo económico esbozado en los “Lineamientos”, se perfila una economía compuesta de tres niveles jerárquicos. En el primero, se situarían las empresas vinculadas a los organismos del ejército y de la Seguridad del Estado, especializadas en la actividad turística (en colaboración con socios extranjeros) y en el comercio exterior y la logística. Es también el sector que participa en la explotación minera, que en 2010 tuvo un crecimiento del 5,3 % y una favorable relación real de intercambio.

En el segundo nivel jerárquico estaría la mayor parte de las empresas de titularidad estatal dependientes de los consejos provinciales y locales, gestionadas con criterios políticos, no económicos. En ellas predomina el incumplimiento generalizado de los acuerdos y convenios y el Gobierno les ha aplicado todo el poder de la Contraloría y del “perfeccionamiento empresarial” a fin mejorar su funcionamiento.

El tercer nivel lo conforman las cooperativas del sector agrícola, los propietarios independientes, incluidos los actuales arrendatarios, y los trabajadores particulares que ejercen oficios por cuenta propia (en un número limitado, y orientados a la prestación de servicios). Este sector está sujeto a un sistema impositivo muy sobrecargado y complejo, que tiene por objeto limitar o reducir sus beneficios.

La carga fiscal es asfixiante. Necesitado de recaudar recursos para financiar un aparato estatal improductivo, el Gobierno ha aplicado un conjunto de impuestos que no guardan relación con el bajo desarrollo de la economía: 1) el impuesto sobre la renta según la actividad, 2) el impuesto sobre las ventas, 3) el impuesto sobre los servicios públicos y 4) el impuesto sobre la nómina, aplicable a quienes contraten empleados. Asimismo, el régimen establece que todos los trabajadores autónomos cubanos deben destinar un 25 % de sus ingresos a la seguridad social, lo que les permitirá también gozar de una pensión. A corto plazo se esperan nuevos tributos y existe la posibilidad de que los consejos provinciales puedan variar los tipos impositivos en función de la localización de las actividades en el territorio.

Una de las reformas que más interés ha suscitado es el proceso de entrega de tierras en usufructo, que comenzó en septiembre de 2008. De las 1.007.112 hectáreas entregadas hasta mediados de 2011 el 59,6 % se había destinado a la producción de ganado (carne de consumo y de rápida explotación) y un 26,8 % a viandas y hortalizas, registrándose porcentajes menores para otros cultivos como arroz, café y cacao, frutales y forestales, y tabaco y azúcar.

El bajo porcentaje de las tierras entregadas que están en explotación obedece al alto nivel de infestación de marabú y otras plantas indeseables, así como la falta de recursos y medios materiales y de trabajo, o a la sequía que sufrió Cuba durante 2009 y el primer semestre de 2010. A corto plazo, este sector se ha concebido como una solución a los problemas de la dependencia externa de alimentos, que supone unas importaciones muy elevadas para una economía de bajos ingresos por exportaciones.

Pero estas reformas no han logrado cambiar la evolución negativa de la agricultura cubana, que ha vuelto a registrar descensos en sus niveles de producción, tanto en el azúcar como en otros cultivos.

El modelo descrito, integrado por tres categorías de agentes económicos, convive con una penosa dualidad monetaria que permite a las autoridades obtener beneficios del cambio de moneda, toda vez que la mayor parte de los bienes y servicios se deben pagar en moneda convertible, mientras que los sueldos y salarios que la población percibe se computan en pesos cubanos. El efecto más negativo de esta dualidad monetaria es que genera desigualdades sociales en función del acceso de la población a la moneda fuerte y convertible. Así, los sectores de la sociedad que tienen familiares en el exterior y reciben remesas pueden alcanzar mejores condiciones de vida que los que solamente obtienen sus ingresos en moneda nacional.

Los salarios constituyen otro aspecto muy importante del funcionamiento económico y no sólo porque carecen de relación alguna con la productividad del trabajo, como consecuencia del carácter estatal de la mayor parte de la economía.

El sueldo medio de un cubano no supera los 18 euros al mes (448 pesos cubanos en 2010). Y aunque el Gobierno sostiene que los servicios gratuitos de educación y sanidad son otros tantos complementos salariales, el poder adquisitivo de esas rentas es muy limitado, amén de que en los últimos años se registra una progresiva reducción de las gratuidades y los subsidios que permitían a los cubanos sobrevivir con esos bajos niveles salariales.

Para suplir estas deficiencias, los cubanos que residen en el exterior envían a sus familias en Cuba remesas que según algunos cálculos superan los 2.000 millones de dólares anuales. Estos ingresos equilibran el fuerte déficit comercial de la economía y la escasez de divisas, a la vez que actúan como un estímulo artificial al consumo interno, permitiendo a los residentes en la Isla adquirir bienes y servicios que, con sus rentas, no podrían obtener. Por ese motivo el consumo privado experimentó en 2010 un crecimiento del 4,6 %.

En estrecha relación con los cambios introducidos por el régimen, la economía cubana está experimentando dos fenómenos que suponen una nueva situación, para la que tal vez no se está preparada. De un lado, como consecuencia de los cambios en el mercado laboral, el número de personas ocupadas se redujo en 2010 en términos absolutos y, por consiguiente, la tasa oficial de desempleo aumentó, pasando de un 1,7 % al 2,5 %, la más elevada de los registros de la economía cubana desde 2003. El desempleo real, más difícil de cuantificar, abarca a miles de subempleados, excedentarios, “desvinculados”, parados que cursan estudios con miras a obtener otro tipo de formación y toda una gama de adultos ociosos que sobreviven mediante modestísimas operaciones comerciales, a menudo al borde de la ilegalidad.

Carmelo Mesa Lago, profesor de la Universidad de Pittsburgh y reconocido experto en el tema, calculaba en 2010 que si el subempleo y el desempleo oculto vigentes en Cuba se transformaran en desempleo visible, las cifras de paro oscilarían entre el 11,4 % y el 26,9 % de la población activa.

Por otra parte, unido al fenómeno del desempleo, la inflación registró un aumento del 1,6 % en 2010, en contraste con una reducción del 0,1 % en 2009. Los analistas consideran que esta elevación de los precios (que solo se refiere a los productos y servicios en moneda nacional, que constituyen una parte cada vez menor de la cesta de consumo de las familias en Cuba) pueda ser incluso superior, de modo que la retirada de productos de la libreta de racionamiento, la supresión de los comedores de empresas, así como el aumento de los precios de los alimentos en los mercados internacionales, se esté trasladando en forma de precios más elevados en la Isla, reduciendo de paso el bajo poder adquisitivo de los salarios, pese al aumento del 4,4 % concedido por el Gobierno, duplica prácticamente el incremento del PIB.

La deuda externa es otro factor que encarece las importaciones y limita el crecimiento de la economía cubana. Según el denominado Club de París Cuba debía a sus miembros 30.500 millones de dólares (22.194 millones de euros) al cierre de 2010, aunque más de 20.000 millones de esa deuda es en rublos convertibles de la época de alianza con la antigua Unión Soviética, que Rusia reclama y que Cuba no reconoce. La incapacidad para asumir compromisos externos limita las posibilidades de la economía para obtener financiación en un contexto internacional muy complicado y puede actuar como un nuevo freno a las posibilidades de crecimiento de la economía a medio plazo.

Este es uno de los aspectos fundamentales que los inversores extranjeros deben tener en cuenta: la absoluta irresponsabilidad del Gobierno cubano en sus compromisos, y la ausencia de una política de credibilidad financiera, que no entra en las pautas de comportamiento histórico del castrismo. No hace mucho tiempo, en plena crisis financiera mundial a mediados de 2008, el presidente Raúl Castro decidió personalmente que el Banco Central de Cuba no permitiría que las empresas internacionales repatriasen sus beneficios a las casas matrices. Esta congelación duró casi dos años y la inquietud que suscitó entre los inversores no ha desaparecido del todo.

5.- Resúmen.
Cincuenta y tres años después del triunfo de la revolución castrista, Cuba sigue siendo un país de partido único, política única, prensa única y comandante único, si bien éste delega ahora las tareas cotidianas de gobierno en su hermano menor, pero conserva un derecho de pernada sobre las decisiones fundamentales. Merced a la sucesión dinástica de estilo norcoreano realizada en 2006, una sola familia monopoliza el poder político y, a través del aparato del Estado, domina la vida económica y social de la nación.

Las últimas medidas apuntan a que Raúl Castro y su equipo han apostado por una reforma calcada sobre el modelo chino: una apertura económica de signo capitalista, combinada con un enroque político que preserve el control del Partido Comunista y los privilegios de la casta gobernante. Esa estrategia explica que se autorice la creación de pequeñas empresas o la compraventa de determinados bienes, mientras se reprime todo atisbo de asociación política o de ejercicio independiente del periodismo.

En ese contexto, la orientación de la diplomacia cubana en lo tocante a las democracias occidentales no se aparta mucho de la línea que siguió en décadas anteriores. Para el gobierno de Raúl Castro, el mundo occidental es proveedor potencial de capital y tecnología y, a la vez, fuente de peligro debido al posible contagio de las ideas democráticas y el apoyo que puede brindar a la oposición en la Isla y el exilio. De ahí que sigan interpretando como una auténtica declaración de guerra el enunciado de la Posición Común adoptada por la Unión Europea en 1996, que proclama que “el objetivo de la Unión Europea en sus relaciones con Cuba es favorecer un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales […]. Es muy probable que la transición sea pacífica si el régimen actual inicia por sí mismo o hace posible dicho proceso”.

Transcurridos 16 años de esa declaración, quienes en el exterior todavía creen que el Gobierno cubano aceptaría hacer concesiones políticas a cambio de ayuda económica o facilidades comerciales, cometen hoy el mismo error que se ha venido reiterando con notable contumacia desde hace más de medio siglo. La ideología y la praxis del castrismo siguen basándose en la confrontación y la exclusión. Para los comunistas cubanos, los demócratas no son adversarios, sino enemigos. Y cualquier concesión al enemigo capitalista sería un síntoma de debilidad que podría acarrear consecuencias funestas dentro del país. Mientras ese principio rector siga vigente, el sistema comunista cubano será, en su dimensión política, irreformable.

Lo mejor que podrían hacer las democracias occidentales es ahorrarse el esfuerzo baldío que realizan para lograr que el régimen actual “inicie por sí mismo o haga posible” un proceso de liberalización y centrar su estrategia en apoyar el renacimiento de la sociedad civil y la consolidación de la maltrecha oposición política en la Isla. Es el servicio idóneo que podrían prestar a sus propios intereses, al pueblo cubano y a la paz mundial.