En el municipio Centro Habana, donde durante años se producen derrumbes de forma sostenida, lo ocurrido en la esquina de las calles Amistad y San Miguel, en el barrio Colón, no asumió la categoría de noticia por el desplome, sino porque no se registraron víctimas fatales.
En las primeras horas del martes 18 de abril el añejo edificio, próximo a cumplir los 100 años de edad, donde residían algo más de 100 núcleos familiares, colapsó y será clausurado. La escalera del inmueble se desplomó del tercer piso hacia abajo, mientras los ocupantes del quinto al décimo piso quedaron atrapados, con la agravante de que el tramo de escalera comprendido entre los pisos cinco y sexto quedó separado de la pared y que el elevador llevaba algunos años sin funcionar.
Debido a la suerte que han corrido personas en situaciones similares, varios de los ocupantes inicialmente hicieron resistencia a abandonar el inmueble. Finalmente están siendo desalojados de los pisos superiores a los inferiores y reubicados en locales adaptados y casas ubicadas en otras partes de la ciudad. Hasta el pasado domingo, 11 días después del derrumbe, habían sido reubicados los usuarios de los pisos noveno y décimo, y estaban desalojando el octavo piso. La labor continuará en los próximos días hasta completar el desalojo de todos sus ocupantes.
Lo ocurrido en Centro Habana es la manifestación de una tragedia nacional. Desde el pasado siglo el crecimiento poblacional ubicó a la vivienda entre los grandes problemas a resolver. En La Habana, de forma paralela a las edificaciones erigidas en el centro de la ciudad, se construyeron varios conjuntos urbanos en Pogolotti, Boyeros, Luyanó y Guanabacoa, pero ese importante movimiento constructivo resultó insuficiente.
El promedio anual de construcción entre 1946 y 1953 fue de 26.827 viviendas. Entre 1945 y 1958 -periodo de mayor actividad constructiva antes de 1959- las viviendas con niveles buenos o aceptables solo pudieron satisfacer un tercio de la demanda del crecimiento demográfico. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el déficit habitacional hasta 1959 era de más de 700.000 viviendas.
Fidel Castro, en el alegato La Historia me absolverá, en 1953, planteó que "Un Gobierno revolucionario resolvería el problema de la vivienda demoliendo las infernales cuarterías para levantar en su lugar edificios modernos de muchas plantas y financiando la construcción de viviendas en toda la Isla en escala nunca vista...".
Desde esa voluntad estatal el Gobierno que asumió el poder en 1959 desarrolló una secuencia de planes, que el argot revolucionario-militar denominó como "batalla por la vivienda". El primero de esos planes, de 1960 a 1970, intentó construir 32.000 apartamentos anuales, pero no pudo rebasar la cifra de 11.000. El segundo plan, de 1971 a 1980, elevó la meta a unos 38.000 anuales, pero el resultado no alcanzó los 17.000. Para recuperar el atraso a partir de 1981 se propuso edificar 100.000 viviendas anuales, pero durante 25 años no se sobrepasaron las 40.000.
Si para satisfacer el crecimiento demográfico se requieren de unas 50.000 viviendas anuales y para disminuir gradualmente el déficit acumulado se necesitan otras 50.000, habría que edificar 100.000 por año. Ese parece que fue el cálculo utilizado por Carlos Lage Dávila cuando planteó un segundo plan de 100.000 viviendas. Según sus palabras, debido al mejoramiento de las posibilidades financieras del país se iban a "construir y terminar no menos de 100.000 viviendas nuevas por año a partir del 2006".
Sin embargo, el descenso por año fue significativo. En el año 2008 se anunció que en lugar de 100.000 solo se construirían 52.000 viviendas, pero, según la Oficina Nacional de Estadísticas ese año se construyeron cerca de 45.000; en 2009 unas 34.000; en 2012 algo más de 32.000; y en el año 2013 no se llegó a 26.000 viviendas.
Luego, el 15 de julio del año 2015, en el V Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se informó que el PIB había crecido en 4,7% en el primer semestre del año. No obstante, solo se edificarían unas 30.000 viviendas durante todo el año.
Un cálculo conservador arroja hoy un déficit superior al millón de viviendas, el cual no es mayor gracias a los más de dos millones de cubanos que han abandonado el país desde 1959. A casi seis décadas de iniciada la "batalla por la vivienda", su situación empeora y continúa entre las asignaturas pendientes: decenas de miles en mal estado y/o reaparecidas en lugares sin condiciones; decenas de miles de familias reubicadas "temporalmente"; y otro tanto habitando edificaciones en peligro de derrumbe, como el que acaba de ocurrir en Centro Habana.
Hace algunos meses en la sección "Papelitos Hablan" del programa televisivo Hola Habana, José Alejandro Rodríguez presentó un vídeo en el que la Directora de Albergues de Ciudad Habana brindó los siguientes datos: hay 35.000 núcleos familiares con 116.000 personas (cifra similar a los habitantes de la ciudad de Matanzas) viviendo en 120 albergues y otros 34.000 núcleos de edificaciones en mal estado necesitan albergues. De los 35.000 núcleos albergados 5.292 ocupan 585 locales adaptados. El promedio de estancia en los albergues es de 20 años.
Por esa situación el Gobierno determinó no construir más albergues y en su lugar emprendió un plan de reacondicionamiento de locales y construcción de viviendas de "bajo costo", es decir de muy baja calidad. Pero para resolver la situación acumulada en un plazo de 40 años -dijo la Directora- se necesitan construir unas 2.000 viviendas anuales, de las cuales hasta ese momento se estaban terminando solo unas 160 al año.
De tal forma el crecimiento de la población, el envejecimiento del fondo habitacional, el deterioro por falta de mantenimiento, los nueve huracanes intensos que azotaron el país entre los años 2001 y 2016, los continuos derrumbes, el bajo ritmo de construcciones, la desmovilización ciudadana y las irresponsabilidades de muchos cubanos, conforman un cuadro que se agudiza en el tiempo, se generaliza en el espacio, cierra toda posibilidad a los jóvenes que arriban a la edad matrimonial y engrosa las filas de los que deciden abandonar el país.
Entre los 16 años que van del 5 de diciembre de 2001, cuando se derrumbó el edificio situado en la calle Águila 558, hasta al 18 de abril de 2017 en que colapsó el edificio de San Miguel y Amistad, ambos en Centro Habana, el saldo ha sido de decenas y decenas de muertos y heridos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos y miles de familias que han permanecido en albergues sin condiciones durante una buena parte de sus vidas.
El Estado debe y tiene que participar en la solución pero de forma paralela a los necesitados, que carecen de autonomía para la creación de pequeñas y medianas empresas de producción y venta de materiales de construcción, de reparaciones, de transporte y de financiamiento alternativo. Carencias que constituyen un insalvable obstáculo en el propósito de resolver o aliviar la crisis habitacional. Se requiere además de estudios multidisciplinarios sobre los factores psicológicos, sociológicos y demográficos; la creación de un nuevo organismo rector con rango de ministerio; y la creación e implantación de las instituciones y políticas correspondientes.
Es imprescindible una nueva política habitacional cuyo eje central debe ser la combinación armónica entre justicia social, intereses individuales y sociales, libertad y posibilidad de participación; en fin, Estado y sociedad trabajando en ello conjuntamente.
La disyuntiva es clara: o el Estado promueve y respeta la autonomía y las libertades para la participación civil de forma paralela y subsidiaria, o el Estado se ocupa de todo y con ello paraliza la potencialidad ciudadana hasta devenir tragedia nacional, como ha sucedido.
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