La extrema prolongación de los conflictos en la arena política tiende a magnificarlos de forma tal que, con el tiempo, superan las causas que originalmente los generaron y pasan a convertirse en fuente de nuevos y complejos conflictos. Es el caso del muy manipulado embargo del Gobierno estadounidense contra el Gobierno cubano -mal llamado "de EE UU contra Cuba"-, que constituye en la actualidad uno de las dilemas más importantes para la Isla por las consecuencias que pueden acarrear tanto su permanencia como su revocación, de cara a un eventual proceso de transición.
Es un hecho que la situación actual no es ni remotamente parecida al escenario en que se impuso la controversial medida. Tampoco es menos cierto que se trata de una pieza obsoleta que no ha logrado cumplir el objetivo para el que fue concebido, pese al medio siglo transcurrido.
Por su parte, el Gobierno cubano, supuesto destinatario, ha tenido la habilidad de utilizarlo en su beneficio, de forma tal que resulta casi imposible concebir la supervivencia del régimen sin la apoyatura que su ideología y política han encontrado en el embargo. Por esa causa, y teniendo en cuenta que las víctimas directas del conflicto siempre han sido los cubanos comunes y no el Gobierno, siempre me he manifestado contraria al embargo y he abogado por su derogación.
En tiempos recientes, las fuerzas anti-embargo parecen arreciar con mayor empeño, reforzadas por otros intereses que se incorporan al clamor: los grupos de empresarios cubano-americanos que aspiran a invertir capitales en la Isla. Diríase que la vieja política restrictiva va quedando cada vez más aislada.
Sin embargo, a la luz de la realidad actual, la disyuntiva que ofrece el conflictivo embargo parece resultar contraproducente en cualquier caso: por una parte, la permanencia de la medida continuaría nutriendo los argumentos del Gobierno cubano y de quienes lo apoyan desde el exterior; por otra, su eliminación incondicional podría traer consecuencias nefastas para el futuro de los cubanos a mediano plazo, toda vez que la liberalización de las inversiones extranjeras, actualmente frenadas por la medida, producirían un efecto directo económicamente beneficioso para el régimen y sus sucesores de la nomenklatura.
Pocos se atreven a debatir este tema. Es, por así decirlo, un campo minado en el cual puede detonar cualquier explosivo, ya sea con la etiqueta de "traidores" o con el rótulo, casi siempre despectivo, de "dialogueros".
De cualquier modo, vale preguntarse -parodiando el título de un excelente artículo del académico Alexis Jardines que establece una aproximación al futuro de Cuba a partir de lo ocurrido en las transiciones de los años 90 tras los regímenes socialistas de Europa del Este-, ¿a quién beneficiaría actualmente el levantamiento incondicional del embargo?
Habría que buscar una respuesta a partir del proceso que se viene gestando en los últimos años, luego de la toma del poder "por asignación" del General Raúl Castro. Algunos de los rasgos de este proceso son: la declarada falta de voluntad política del Gobierno para promover cambios democráticos en el país; el incremento de la represión, fundamentalmente contra los activistas de la sociedad civil alternativa y los líderes de la oposición; la insuficiencia e incapacidad de las medidas económicas que se han estado implantando para paliar la crisis socioeconómica nacional, agravadas por las altas tasas de impuestos a los cuentapropistas y otras limitaciones inherentes al sistema; la deliberada estrategia oficial dirigida a impedir el surgimiento de una clase media próspera capaz de ganar espacios de autonomía; y más recientemente, la alianza entre el Gobierno y la alta jerarquía católica a espaldas de la población y desconociendo como interlocutores a los diversos componentes activos de la sociedad civil y la oposición.
Ante esa realidad, no parece probable que el levantamiento del embargo traiga beneficios reales a la población cubana. Más bien, favorecería el afianzamiento de las elites de la nomenklatura, ya apropiadas de las más importantes y promisorias plazas de la economía, y, en consecuencia, daría lugar a una seudo-transición preñada de deformaciones, a la vez que coadyuvaría a la legimitización de las exclusiones.
Simultáneamente, un nuevo potencial actor -un sector de empresarios cubano-americanos- ronda la escena, animado ante la perspectiva de un mercado prometedor y casi virgen para adelantar su capital y tener asegurada la plaza cuando finalmente se precipiten los pedazos del fracturado modelo socialista.
De cara a un futuro mediato, mientras la crisis económica se profundiza con más celeridad que los anunciados cambios y reformas gubernamentales, el panorama se dibuja poco promisorio para todos los que aspiran a una Cuba democrática. La debilidad de la sociedad civil emergente, unida a la total indefensión ciudadana, a la supervivencia impuesta por las precariedades cotidianas, a la desinformación crónica y a la escualidez de las estructuras cívicas, entre otros factores, constituyen el caldo de cultivo perfecto para que, efectivamente, se reproduzcan en la Isla los patrones de las transiciones de los países de Europa del Este. Los destinos políticos del país estarían en manos de los mismos tecnócratas del actual Gobierno, debidamente renovados y maquillados para el nuevo escenario.
Ciertamente, el embargo es una política fracasada y anacrónica, uno de cuyos males fundamentales ha sido ofrecer la justificación idónea al Gobierno cubano para desmontar la sociedad civil y sofocar todo atisbo de inconformidad o civismo. Pero todo cambio extremo entraña riesgos, y el costo político y social de una promesa económica puede resultar extremadamente alto. Hoy los cubanos están más desamparados y huérfanos de derechos que 50 años atrás, y no ocupan lugar alguno en la lista de prioridades de los artífices del viejo conflicto ni de los nuevos conciliadores.
Más aún, las alianzas y cabildeos se están urdiendo entre bambalinas, justamente entre aquellos que no más ayer eran enemigos acérrimos: el Gobierno totalitario, la Iglesia Católica y un sector de empresarios de la diáspora, otrora siquitrillados y despojados por este mismo Gobierno.
Los cubanos de acá no estamos invitados al ágape.
Obviamente, ya pasó la época de las quejas y las denuncias y urge a la sociedad civil cubana ejercer sus derechos sin tutelajes. La democracia no va a venir de la mano de las alianzas ni de un súbito gesto amistoso de este u otro gobierno. Malo es ya que nos excluyan, imperdonable sería que nos autoexcluyéramos.
Si una persona le roba a usted sus propiedades o le quiere pagar por ellas lo que entienda esa persona sin discusión alguna de precios ¿usted entablaria relaciones comerciales, sociales o le prestaria dinero mediante créditos a esa persona? ¿Le compararía usted a esa persona los productos salidos de las tierras o fábricas que le robaron a usted? Por eso es el Embargo.
El gobierno de los EE.UU. ante el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, reaccinó de una manera no usual en él, al inmediatamente reconocer al nuevo gobierno impuesto. Al llevarse a cabo lass primeras confiscaciones de tierra por la primera Ley de Reforma Agraria, firmada el 17 de mayo de 1959, el recien estrenado embajador Philip Bonsal, de trato amable y de estilo negociador, intentó que los precios y pagos por las tierras nortemericanas intervenidas se discutieran en un tribunal, como estipulaba la Constitución de 1940 para las nacionalizaciones; la prepotente tiranía tomó la posición de fuerza ante ese intento de negociación: ¨lo toma o lo deja¨. El gobierno de EE.UU. no aceptó las supuestas condiciones de precios y pagos que le imponía la dictadura de los Castro y cómplices; después el grueso de las estatalizaciones ( mal llamadas nacionalizaciones) se producirían en 1960. Aclaro que llamé supuestas condiciones de pago porque la tiranía nunca les pagó a los dueños de las tierras y empresas cuyos dueños eran españoles pese a que España no tomó la actitud de los EE.UU. . En los años 80s del pasado siglo XX fue que el socialista Presidente del Gobierno Español Felipe González, amigo personal de los Castro, se hizo cargo de la deuda del pago de las propiedades incautadas a los ciudadanos españoles; se hizo cargo bajo la condición de que ese pago pasaría a ser parte de la deuda de la tiranía cubana a España. Todavía esa deuda está pendiente de pago por la tiranía Castrista al gobierno y pueblo español. Sólo tengo conocimiento de que la tiranía le pagó las propiedades a los ciudadanos canadienses, las cuales eran muy pocas y la cantidad a pagar no era alta.
La razón de la existencia y permanencia del actual Embargo fue, y es, dar una respuesta moral y contundente desde el `punto de vista económico al robo de las propiedades norteamericanas por parte de la tiranía de los Castro, pero los embargos comerciales de ningún modo son algo inusual en la política exterior norteamericana: cuando intereses comerciales de compañías norteamericanas se han visto afectados muy seriamente en otros países, los lobistas de esas compañías le han exigido a las diferentes instancias del gobierno de que tomen represalias en contra de esas medidas. Un embargo norteamericano, del que apenas se habla y escribe en Cuba, contra un gobierno cubano, fue el Embargo de armas en contra del régimen de Fulgencio Batista (en plena lucha antinsurreccional) por la política que llevaba de desarrollo y diversificación de la industria nacional, al afectar los intereses norteamericanos de los cosechadores y vendedores de arroz de la cuenca del Mississippi, de los exportadores de manteca de cerdo, de los empresarios de la compañía norteamericana que quería el contrato de la construcción del túnel de la bahía de La Habana (el Presidente de esa compañía era el hermano del presidente norteamericano Einsenhower y Batista llevó a licitación el otorgamiento de esa obra), de los dueños de la compañía norteamericana de niquel en el oriente del país , ya que Batista al ser uno de los dueños de la otra compañía de niquel del país le otorgó beneficios a la suya y no a la norteamericanas, etc... El gobierno norteamericano no sólo tomó contra el régimen de Batista esa represalia, sino también la reducción de la cuota azucarera cubana. El gobierno de Machado había tenido serios encontronazos con el gobierno norteamericano al fomentar la industria nacional y afectar a intereses norteamericanos que le vendían a Cuba mediante la Ley Arancelaria de 1927; tal es así que EE.UU. dejó sin Embajador norteamericano a Cuba. Sumner Welles no fue enviado como Embajador, sino como representante del presidente de los EE.UU.. De esto tampoco se escribe ni se habla ni en las escuelas ni en los medios de prensa plana, televisión, etc., en Cuba.
No se debe olvidar de que el gobierno norteamericano en determinadas circunstancias tiene que indemnizar a las compañías norteamericanas que han sido confiscadas en otros países.
Por cierto, aproximadamente el 40% de los centrales azucareros en Cuba estaban en manos de empresas norteamericanas porque los empresarios cubanos del azúcar no quisieron comprarlas temiendo de que al comprarlas, se eliminaba el lobby norteamericano a favor del azúcar de caña producida en Cuba y triunfaría el lobby de los cosechadores y productores del azúcar de remolacha producida en los EE.UU. en esa época. Los productores cubanos se cubrían o protegían con esos productores norteamericanos de azúcar de caña en Cuba. Tampoco eso se escribe ni se dice en Cuba.
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