Por José Azel.
La sucesión de 2008 de Fidel a Raúl Castro fue eficiente y efectiva. No obstante, la alucinación popular fuera de la isla —en la que el general Castro interviene para forzar el fin de la era comunista e inaugurar una Cuba democrática y abierta al mercado— no va a ser el final de esta historia.
Dada la edad de Raúl, 84 años, habrá otra sucesión en el futuro cercano. La pregunta crítica no es qué reformas económicas podrá introducir Castro, sino qué viene después de él.
José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido Comunista, también tiene 84 años y los observadores de Cuba no lo ven como el próximo líder. Si Miguel Díaz-Canel, de 55 años, el primer vicepresidente de Cuba, asciende a la presidencia, probablemente sea un títere “civil” que los generales podrían presentar a la comunidad internacional.
Raúl fue el jefe de las fuerzas armadas durante cerca de 50 años y ahora, como líder del país, ha nombrado a quienes fueron oficiales suyos en el Ejército y a miembros de familias militares en cargos del gobierno y la industria. Un escenario posible es que cuando él se vaya se produzca un retroceso a una dictadura militar como la de Cuba bajo Batista, Brasil entre 1964 y 1985 o Egipto en la actualidad. Otro resultado, igual de perturbador, es posible.
Según ciertos cálculos, incluyendo el del Instituto para Estudios Cubanos y Cubano-Americanos de la Universidad de Miami, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba controlan cerca de 70% de la economía. Grupo de Administración Empresarial S.A (Gaesa), el holding comercial del Ministerio de Defensa cubano, está involucrado en todos los sectores clave de la economía. A través de subsidios del gobierno, la empresa está profundamente insertada en turismo, comercio minoristas, minería, agricultura y energía, además de empresas conjuntas con inversionistas extranjeros.
Raúl, por supervivencia y no por ideología, ha introducido algunas tentativas reformas económicas, a la vez que continúa expandiendo la metamorfosis de sus oficiales en hombres de negocios. Algunos ven esto como un avance en el que los guerreros cambian sus armas por calculadoras. ¿Pero qué significa esto para el futuro de Cuba cuando la era de Raúl llegue a su fin y los militares queden en control de la política y la economía?
En un sistema en el que las empresas son controladas y gestionadas por el Estado, los militares transformados en empresarios disfrutarán de los privilegios de la clase dirigente. Sin embargo, no pasará mucho tiempo antes que la élite militar se dé cuenta que gestionar las empresas estatales sólo ofrece beneficios limitados. Ser dueños de las compañías es una opción mucho más lucrativa.
Una vez que los hermanos Castro dejen de ejercer su influencia, la oligarquía militar podría impulsar una reforma amplia, pero falsa, es decir, una privatización manipulada de las industrias bajo su gestión. Un proceso ilegítimo y corrupto de privatización, parecido a lo que aconteció en Rusia en la década de los 90, que dio a luz una nueva clase de oligarcas creados por el gobierno, generaría millonarios capitalistas instantáneos, los nuevos “capitanes de la industria” cubanos.
La población cubana podría no considerar estos cambios de propiedad como algo indeseable o nefasto, viéndolos erróneamente como una transición positiva hacia el libre mercado y la prosperidad. La comunidad internacional probablemente aclamaría a los generales transformados como agentes de cambio que llevan las reformas de mercado a Cuba. En Estados Unidos, por supuesto, el cambio en la política hacia Cuba introducido por el presidente Obama sería declarado como un éxito.
El comunismo cubano llegaría a su fin, para dejar el país a cargo de una estela de generales, nuevos magnates y una colección de nuevos ricos sin una cultura democrática. Y al igual que Rusia después del colapso de la Unión Soviética, la economía de Cuba estaría llena de monopolios y oligopolios cuyos dueños tendrían el poder de sofocar cualquier política a favor de una mayor competencia o inversionistas internacionales que amenacen esa posición.
A menudo se argumenta que la introducción de reformas económicas, incluso sin reformas políticas de por medio, conduce secuencial e inexorablemente a la democracia. Como lo demuestra el caso de China después de Mao, este no es necesaria ni probablemente el caso.
Sin profundas reformas políticas, los presuntos cambios económicos que lleven a cabo las fuerzas armadas de Cuba sólo transferirán la riqueza del Estado a una élite militar y de partido. No conducirán a la democracia o la prosperidad.
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