En su comparecencia ante los periodistas de diferentes medios nacionales y extranjeros reunidos en la sala de prensa del Hotel Tryp Habana Libre, el jefe de la diplomacia cubana, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó que tanto las medidas anunciadas el 15 de marzo como los otros tres paquetes anteriormente puestos en vigor por los departamentos de Tesoro y Comercio de los Estados Unidos, no han funcionado por “la naturaleza opresiva y obstaculizadora” del embargo.La intervención del ministro Parrilla estuvo marcada por su incongruencia y la deliberada omisión y tergiversación de los hechos.
El canciller cubano dijo a los periodistas que dicho gravamen al uso del dólar norteamericano se estableció en el año 2004 como “medida justificada de legítima defensa frente al fortalecimiento de la persecución financiera”.
Apegado al guión que le entregaron, al referirse al gravamen impuesto al dólar norteamericano, Rodríguez Parrilla no explicó que el arbitrario gravamen fue la respuesta del dictador Fidel Castro cuando fueron descubiertas las ilegales operaciones de lavado de dinero realizadas en la Unión de Bancos Suizos (UBS), la principal entidad bancaria de la Federación Helvética, por un monto de 3 900 millones de dólares viejos que el gobierno cubano cambió por nuevos, tal como fue reflejado en su momento por diversas agencias de prensa y particularmente por el trabajo de Ernesto Betancourt titulado “Cuba lavó US 3 900 millones en banco suizo”.
El Comité de la Banca del Senado de los Estados Unidos demostró que la UBS, con las fraudulentas operaciones de blanqueo de dinero por parte de La Habana, no sólo violó las leyes del embargo sino que envió informes falsos para que la Reserva Federal de Nueva York no lo supiera.
Ante las irrebatibles pruebas presentadas, al UBS no le quedó otra salida que aceptar la violación en que había incurrido a lo largo de siete años.
En aquellas transacciones ilegales, la UBS acreditó el dinero a una cuenta secreta del gobierno cubano, cuyo nombre y función todavía permanecen el más absoluto secreto.
El asunto del lavado de dinero por parte del gobierno cubano se descubrió en una investigación sobre el origen de los paquetes de dólares nuevos encontrados en los palacios del derrocado tirano iraquí Sadam Hussein.
El 28 de octubre de 2003 la Reserva Federal canceló el contrato de UBS, y el 10 de mayo de 2004 le impuso una multimillonaria multa que ascendió a 100 millones de dólares.
La tasa de 20% de descuento sobre el dólar impuesta por Fidel Castro se mantuvo hasta que hace unos años, bajo el gobierno de Raúl Castro, fue reducida a la mitad.
Con dicho gravamen los cubano-americanos que envían remesas a sus familiares en Cuba se ven obligados a pagar por algo de lo que no son culpables.
Es injusto que el pueblo cubano tenga que pagar por algo que no es responsabilidad suya, sino de Fidel Castro.
El jefe de la diplomacia cubana dijo algo que no es cierto: que dicho gravamen del 10% “ha servido para compensar a las instituciones financieras cubanas por los riesgos y costos que ha generado y genera hasta este momento el uso del dólar”.
¿De qué riesgos habla Bruno Rodríguez, si el gobierno cubano destina millonarias sumas de dólares para pagar en efectivo, a través de terceros países, la compra de alimentos y los servicios de flete marítimo, a las empresas norteamericanas con las cuales mantiene negocios?
No creo que Bruno Rodríguez califique de riesgo los cientos de millones de dólares que, por concepto de remesas, entran procedentes de los EE.UU. y que limpiamente recogen en la red de Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD), dirigidas y administradas por el Grupo de Administración Empresarial (GAE) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
El gobierno cubano alega que las leyes del embargo impiden realizar transacciones comerciales directas entre entidades comerciales radicadas en los EE.UU y Cuba y que con las que Washington ha autorizado. El pago hay que realizarlo por terceros países y con otra moneda que no sea el dólar.
Si eso es así, ¿cuál es la razón de ese descuento del 10% que no perjudica a las empresas norteamericanas, sino a los cubano-americanos que envían remesas y a sus familiares en Cuba que las reciben?
La tasa de descuento al dólar que impuso Fidel Castro hace doce años es una burda manera de apropiarse legalmente de un dinero que no le pertenece al gobierno cubano.
Hay que poner fin al arbitrario gravamen. Los dólares que se les envíen a los cubanos residentes en la Isla el Estado se los debe abonar íntegramente. Debe desaparecer de una vez y por todas ese descuente que nunca debió haber existido.
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