La FAO muy contenta con la "angustia alimentaria" en Cuba.

Por Marlene Azor Hernández.

Marcelo Resende, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dijo:

“Cuba demostró su vocación por el desarrollo de la producción alimentaria con la democratización de las tierras a través de la Reforma Agraria, cuya primera ley al respecto se firmó el 17 de mayo de 1959”.

Y agregó, “desde los primeros años posteriores a 1959, el país comenzó a promover la agricultura como sector fundamental para producir alimentos destinados a la población”. Finalmente declaró: “El hambre en Cuba no es un problema”.

La segunda funcionaria citada en los artículos, representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Laura Melo, declaró: “Cuba está en la primera línea entre los países en los esfuerzos por lograr la seguridad alimentaria”.

Estos dos funcionarios desconocedores de la situación de la producción agropecuaria en Cuba, dan un nuevo espaldarazo a los frenos gubernamentales contra la producción de alimentos en el país. Ninguno de ellos se levanta pensando “qué comeré hoy” primer pensamiento del 90 % de los cubanos de la Isla.

Por el bien de Cuba, insisto en informarles a los funcionarios de la FAO los frenos gubernamentales a la producción de alimentos en el país.

Desde hace muchas décadas, las políticas públicas con relación a la agricultura y la producción de ganado siguen siendo erráticas por la falta de definición de la propiedad y sus derechos, la dependencia estatal para adquirir los capitales y los insumos necesarios a la producción, la obligatoriedad de los campesinos a asociarse a cooperativas o empresas estatales para hacer todas las gestiones de insumos e implementos de trabajo y las prohibiciones a importar y exportar para los productores. Los campesinos cubanos tienen seis impuestos a pagar y no cuentan con mercados mayoristas de insumos e instrumentos para la producción agraria. Los microcréditos son escasos y no sirven para cubrir los gastos de insumos y de implementos agrícolas. El monopolio estatal de Acopio, encargado de recoger la producción en los campos y obligatorio para los campesinos, deja pudrir el 57 % de las cosechas. La obligatoriedad de entregar el 75 % de las producciones al estado y con precios por debajo del mercado, tiene estancada la producción y mantienen la “angustia alimentaria”. Por otra parte, muchas veces los pagos estatales a los campesinos se demoran varios meses impidiéndoles empezar un nuevo ciclo de cosecha. El monopolio del comercio interior para la distribución de alimentos, mantiene desabastecidos los mercados de los productos de primera necesidad.

Esta irresponsabilidad del gobierno cubano con la seguridad alimentaria no debe ser aplaudida, sino condenada.

Sería mejor que la FAO sugiriera los cambios a hacer en la política agraria, como colaboración técnica de Naciones Unidas.

El profesor Mesa-Lago, en una reciente intervención señaló las propuestas para lograr la seguridad alimentaria en el país con relación a los productores privados y usufructuarios.

• Aumentar el tamaño de la parcela, y extender el período del contrato de usufructo de 20 a 50 años o por tiempo indefinido.
• Crear mercados mayoristas en todo el país, que suministren a los usufructuarios y dueños de tierra, insumos esenciales a precios razonables; esto sería compensado por un aumento en la producción y precios más bajos.
• Eliminar el monopolio del acopio y dejar a los usufructuarios que decidan qué producir, a quien vender y fijar los precios, sin intervención estatal.
• Promover cooperativas voluntarias y autónomas que comercialicen los productos generados por los usufructuarios y dueños de tierra, a fin de reemplazar a los mediadores estatales o privados que pagan precios bajos a los productores y encarecen los precios a los consumidores.
• Entrenar a los usufructuarios ya sea por el gobierno, las ONG u otras entidades.
• No limitar la inversión del usufructuario en la parcela, garantizarla en caso de no renovación o extinción del contrato y permitir la inversión extranjera sujeta a la regulación legal adecuada.
• Aumentar el microcrédito a la agricultura preferiblemente por un banco especializado en esta actividad.
• Permitir la libre contratación de empleados, regulando sus condiciones de trabajo.
• Unificar los cinco impuestos existentes (venta, mano de obra, valor de la tierra, ingresos y tierra ociosas) preferiblemente en uno sobre la venta y con una tasa apropiada que no desincentive a la producción. Disminuir el impuesto de seguridad social para los cooperativistas, cinco veces superior al de los empleados estatales.
• Establecer procedimientos fáciles y rápidos para solicitar el usufructo, la inversión, etc.
• Los economistas cubanos como el profesor Carmelo Mesa-Lago, Pavel Vidal, Omar Everleny Villanueva, Pedro Monreal y otros muchos, han estado proponiendo soluciones para lograr la seguridad alimentaria desde el inicio del periodo especial hace 27 años. Han propuesto desde el aumento de los salarios estatales hasta las transformaciones imprescindibles en las distintas formas de propiedad y gestión agrarias.

La persistente falta de voluntad política de los gobernantes cubanos para aplicar las recomendaciones de sus economistas, demuestra que el gobierno cubano no está interesado en la seguridad alimentaria del país.

Los funcionarios de la FAO, desconocedores de los frenos gubernamentales en la agricultura nacional, deberían ser más comedidos al señalar “logros” y “voluntades políticas” del gobierno cubano inexistentes.