Sobre la red 'Avispa' de espionaje castrista.

Por Miguel Fernández-Díaz.

Luego de concluir su puesta en escena judicial, el vodevil castrista sobre los cinco héroes prosigue su temporada en los escenarios mediáticos. Recientemente, Arturo López-Levi ha puesto el acento en la piedad y la reconciliación.

Vayamos al estribillo de que el "daño causado a la seguridad nacional norteamericana" es cero, porque la Red Avispa solo tenía la misión de "espiar, socavar los planes, o informar sobre las organizaciones cubanas exiliadas".

No importa que el daño sea cero, porque lo que está sobre el tapete es aquel planteo elemental de Madison: "La seguridad frente al peligro exterior es uno de los objetivos primarios del orden estatal" (41 The Federalist, noviembre 30 de 1787). Las avispas no causaron daño porque no pudieron, pero ¿acaso no estaban al acecho? En Cuba enseñan que los Estados Unidos son el peor enemigo. Tras refrescar la memoria con Ana Belén Montes en el Pentágono y Walter Kendall Myers en el Departamento de Estado, cabe preguntarse si es posible creer que los agentes de Castro infiltrados en el sur de la Florida no venían dispuestos pa'lo que sea, Fidel, pa'lo que sea.

La razón suficiente.

No es preciso traer a desertores que atestigüen lo que fue comidilla en el tránsito de la Dirección General de Inteligencia (DGI) a la Dirección de Inteligencia (DI): que el general Jesús Bermúdez Cutiño, tras tomar por asalto el grisáceo edificio de Línea y A (Vedado) en 1989, ordenó meter las narices en el Comando Sur.

Castro demoró de 1998 a 2001 en preparar el vodevil Los Cinco Héroes, pero suprimió a siete actores. Fuera de la escena judicial, Joseph y Amarilys Santos, Nilo y Linda Hernández, Alejandro Alonso, George y Marisol Garí cantaron los propósitos de infiltración profunda en el Comando Sur y otros objetivos militares.

Sin embargo, ni siquiera hace falta recurrir a estas avispas, que Castro y sus voceros nunca mencionan. Desde su altura de espía-artista, Antonio Guerrero notificó al cabecilla Gerardo Hernández que, hacia noviembre de 1996, había trabado amistad con un tal Brian, joven de 18 años que trabajaba en la base aérea de Boca Chica como ayudante de mantenimiento. Hernández informó a la DI: "Lo más importante: es hijo de un militar jefe en la terminal naval de la base aérea de Guantánamo (…) Debido a los lazos militares de esta relación, continuaremos desarrollándola y ofreceremos información a medida que la consigamos".

En informe anexo, Guerrero dibujó un retrato de Brian, de cuerpo entero, y explicó que el joven tenía una novia, hija de otro militar estadounidense. Al momento de la boda (febrero de 1998), Guerrero estaba tomando las fotos. Junto con ellas remitió a la DI otro informe: que Brian empezaría "su servicio militar en la Fuerza Aérea. Me dijo que fue asignado a Texas (…) Lo más importante es crear una relación que seguramente nos dará importante información en el futuro". Es curioso que Castro y los demás guionistas del vodevil no aludan a la mafia terrorista de Tejas.

La suficiencia razonable.

El 20 de octubre de 1998, Castro recalcó a CNN "el derecho de Cuba a informarse sobre la actividad de los grupos terroristas de la mafia de Miami". Y agregó, como si no existiera la superespía Ana Belén Montes: "No nos interesan en absoluto informaciones militares".

Ejercer aquel derecho plantea el dilema de hacerlo en colaboración con la Casa Blanca, o clandestinamente y atenerse a las consecuencias. Por simple regla de Derecho Internacional, ningún Estado puede vigilar a sus exiliados "terroristas" infiltrando agentes en otro Estado sin su consentimiento. Solo a este último incumbe prescribir cómo velar a la gente dentro de su territorio.

Por lo demás, infiltrar agentes de la DI en el sur de la Florida es "caso a primera vista [y] evidencia acusatoria suficiente para barrer con la defensa" (Hernández vs. New York, 1991), porque Castro ha justificado hasta que fusiló (abril 11, 2003) a tres autores del secuestro incruento de la lancha Baraguá (abril 2, 2003) porque desde siempre se halla en "situación virtual de guerra" con los EE UU (Looking for Fidel, HBO, abril 14 de 2004).

Si la jueza federal Joan Lenard hubiera considerado esa situación, que "puede darse sin declaración formal de ninguna de las partes" (Prize Cases, 1862), tendría que haber dictado pena de muerte, como prescribe el Código de los EE UU para cualquier persona que, en tiempo de guerra, actúe como espía o esté simplemente al acecho (10 USC 906). Aun contra las avispas René González y Antonio Guerrero, ciudadanos estadounidenses, podría esgrimirse el arma predilecta de Castro: traición a la patria (18 USC 2381).

No obstante, la puesta en escena judicial concluyó más o menos como había previsto Castro hacia 2001: ¡Volverán! Solo que así como Castro se dignó a gritarlo a los tres años de haber sido detenidos, cuatro de los cinco espías penitentes de la Red Avispa tendrán que esperar a cumplir sus condenas para volver, mientras Gerardo Hernández arrastra doble cadena perpetua.

Aquí López-Levi enlaza al jefe de la Red Avispa con el derribo (febrero 26, 1996) de las avionetas de Hermanos al Rescate (HAR) para entrar en el "expediente de paciencia" preparado por Castro frente a las violaciones reiteradas del espacio aéreo cubano por HAR. Y puntualiza que "en una asamblea del PCC en Santiago de Cuba, Raúl Castro, por entonces ministro de las FAR, dijo que el derribo fue ordenado pues percibió la probabilidad de peligros mayores para la seguridad nacional cubana".

Aunque funcionarios de la administración Clinton compartían esa apreciación, López-Levi no puede salir del paso con que "la acción de la Fuerza Aérea Cubana fue desproporcionada". Fue criminal. No sé que habrá dicho Raúl Castro en la precitada asamblea del PCC, pero en la grabación que Nancy Pérez-Crespo (Nueva Prensa Cubana) entregó a El Nuevo Herald se escucha perfectamente a Raúl Castro decir a periodistas y funcionarios reunidos en la sede provincial del Partido en Holguín (junio 21, 1996), que la orden fue: "Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; si no, consulten a los que tienen las facultades", que eran "cinco generales", según el propio Raúl Castro.

No viene al caso que la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) confirmara (junio 27, 1996) que las dos avionetas Cessna de HAR fueron abatidas a cohetazos en aguas internacionales por cazas MiG. La orden premeditada de derribar aeronaves desarmadas (y esto lo sabía Castro de antemano, porque ninguno de sus infiltrados en HAR informó jamás que venían artilladas o con cargas explosivas) es criminal, porque viola groseramente la norma de Derecho Internacional. Hubiera bastado con forzarlas a aterrizar, y el juicio subsiguiente a los pilotos no hubiera sido tan perjudicial a ese «interés nacional cubano de favorecer el fin del embargo» que menciona López-Levy. Al parecer, los intereses de Castro y su DI en la Operación Escorpión eran otros.

Una salación científica.

Y mientras el fiscal John Kastrenakes aguanta la causa criminal contra Raúl Castro y quienes se refocilaron tanto con el derribo alevoso de las avionetas de HAR, López-Levi continúa con la letanía de otro cero: la posibilidad de integrar un jurado imparcial con doce ciudadanos estadounidenses residentes en el condado Miami-Dade para enjuiciar a los agentes de Castro.

Tal imposibilidad fue certificada por el sociólogo Lisandro Pérez (Universidad Internacional de la Florida), quien luego sería tachado de agente castrista por el teniente coronel de la Inteligencia Militar estadounidense Chris Simmons. Así y todo, el quid radica en que aquella letanía se hubiera cortado de cercén de haberse aceptado la moción del abogado defensor William Norris: desplazar la sede del juicio a Fort Lauderdale, a unos 50 kilómetros de Miami.

Un fiscal perspicaz hubiera subido la parada proponiendo como sede a uno de esos tantos condados de la Florida donde Lisandro Pérez puede comprobar, con sus herramientas sociológicas, que la gente asocia a Fidel Castro con un cantante y de paso a Luis Posada Carriles con un catcher de los Yankees. A fin de cuentas, en ningún lugar ningún jurado podría engullir la píldora de que Castro había infiltrado agentes, que buscaban con ahínco trabajo en bases aéreas, tan sólo para vigilar a exiliados belicosos.

Esquivar la sede que sería indefectiblemente tildada de maldita hubiera satisfecho la triple condición de que los juicios deben parecer imparciales a todos los observadores (Wheat vs. EE UU, 1988), prevenir la mera posibilidad de injusticia (In re Murchison, 1955) y estar libres de influencias externas (Sheppard vs. Maxwell, 1966). Pero lamentablemente el fiscal Guy Lewis estaba en otra cosa y hasta recargó su alegato con referencias al régimen diabólico de Castro, sin advertir que los acusadores "no pueden inflamar las pasiones y prejuicios del jurado" (EE UU vs. Rodríguez, 1985) ni "dar al perro un nombre feo para enseguida colgarlo" (EE UU. vs. Boyd, 1971).

Así que la letanía de la sede impropia pervivirá. Ya el Comité de Defensa, digo, Nacional por la Liberación de los Cinco urdió que, como unos 40 periodistas de medios miamenses recibían en 2001 (año del juicio) pagos del gobierno estadounidense por sus colaboraciones con Radio y TV Martí, Miami fue envenenada por artículos incendiarios y ajenos a la verdad. Pero el Comité esgrimió como ejemplo el reportaje de Wilfredo Cancio Cuba usó alucinógenos al adiestrar a sus espías (El Nuevo Herald, junio 4 de 2001), que trajo su causa del testimonio de un desertor de la DI. Ni qué decir de las colaboraciones con Radio y TV Martí: en 2001 TV Martí no se veía, como de costumbre, y Radio Martí no se escuchaba en Miami ni en otro punto del territorio de los EE UU.

Maraña gestual.

López-Levi sugiere que la devolución de Los Cinco pudiera "contribuir a que los adversarios en la isla y la diáspora se reconozcan en su común cubana". A tal efecto recomienda sendos "gestos unilaterales recíprocos" de Cuba y EE UU: amnistía general de presos políticos y liberación de Los Cinco, respectivamente. Solo que la aporía del huevo y la gallina enseña que algo debe ser primero, amén de que no es plausible principiar el teatro gestual sin acuerdo previo de libreto. Y en este sentido, la experiencia del exilio es amarga.

Bajo apariencia de "diálogo" entre cubanos para liberar presos políticos y reunificar familias, Castro emprendió la colonización del sur de la Florida con negocios de viajes y remesas, comunicación por teléfono y envíos de paquetes. Nadie mejor para revelar sus intenciones que el agente castrista de origen chileno, fichado por el Departamento del Tesoro junto con su empresa Havanatur en Hialeah, Carlos Alfonso González: "Hay que destripar, quitar, robar, piratear, como quieran llamarle, al exilio cubano, y llevar su dinero a Cuba".