Por Iván García.
El embargo de Estados Unidos es relativo. Si Cuba hubiese hecho bien sus deberes económicos, podría comprar mercaderías en cualquier otro sitio sin importar lo caro del flete naviero.
A pesar del embargo, Raúl Castro se puede dar el lujo de adquirir jeeps Humvee -vehículo del ejército estadounidense-, para recorrer el agreste Cayo Saetía, en Holguín, cuando los mandamases salen a cazar.
Entonces, el embargo a quien más perjudica es al cubano de a pie. No a sus gobernantes. Ahora mismo, hay fuertes presiones por parte del lobby político cubano-americano para reforzar las restricciones al embargo.
Como en toda lid, existen partidarios y detractores. Hay un fenómeno asociado al embargo de suma importancia. Son las futuras compensaciones o restituciones a los afectados, como consecuencia de nacionalizaciones masivas a compañías estadunidenses y ciudadanos cubanos, por parte del gobierno verde olivo de Fidel Castro en los primeros años de revolución.
Según la Ley Helms-Burton, incluso, aunque exista en Cuba un futuro gobierno democrático, el embargo se mantendría hasta que no se indemnice a los expropiados. Para muchos es algo simple. Creen ingenuamente que la democracia es una varita mágica que convertirá en oro y bienestar toda la mierda acumulada tras 52 años de disparates económicos.
Pero no es así. Vea usted: Cuba le debe dinero a las veinte mil vírgenes. Somos el país más endeudado del planeta en comparación con su número de habitantes. A Rusia se le debe 25 mil millones de rublos. A España, China y el Club de París, miles de millones de dólares.
Sume otros miles de millones a los cubanos, hoy ciudadanos estadounidenses, que perdieron sus propiedades. De hecho hay un número significativo de pleitos jurídicos en Estados Unidos por el tema de las compensaciones económicas.
Ya se conoce que los hermanos Castro no van a pagar. Por tanto, la enorme deuda caerá sobre las espaldas de un futuro gobierno democrático. Cuanto más demore, más dinero se irá acumulando. Y habrá que pagar. O sentarse a negociar.
Los cambios en la isla podrán retardarse diez o quince años. Pero sucederán. El diseño trazado por el actual gobierno es sobre la base de que corporaciones militares acumulen grandes inversiones. Se han repartido la nación. Una verdadera piñata.
Una administración futura estará en bancarrota. Ni siquiera con fuertes recortes sociales o alentando inversiones extranjeras, con una ley flexible y bajos impuestos, acumularán capital suficiente para pagar el dinero que se debe.
El economista Antonio Rodiles, uno de los tanques pensantes que residen en La Habana, ha tocado hondamente el tema. Aborda el asunto en un artículo titulado "Liberalización de las tierras ociosas y propiedades ruinosas, un paso para iniciar un proceso de recuperación". Se apoya en la experiencia de los países comunistas de Europa del este.
Según Rodiles, un futuro gobierno democrático cubano podría compensar mediante la venta de bonos, empresas, solares y terrenos ociosos a empresas foráneas afectadas o ciudadanos perjudicados por expropiaciones.
En el propio artículo, el economista disidente Oscar Espinosa Chepe aduce que “en lo que respecta a las restituciones, la realidad cubana aconseja otros métodos. Con relación a la vivienda somos partidarios del otorgamiento masivo de esas propiedades, con toda responsabilidad inherentes a los actuales usufructuarios onerosos”.
Espinosa Chepe cree que lo más justo podría ser la devolución de esas propiedades a sus antiguos dueños. “Pero debido al tiempo transcurrido, las transformaciones de esas propiedades, algunas ya inexistentes, la mejor solución sería el pago de las mismas, que podría efectuarse mediante bonos”.
Para intentar pagar las deudas contraídas por los hermanos Castro, un gobierno futuro tendría que subastar las empresas y trazar un plan de ajustes severísimo. Wilfredo Vallín, abogado independiente, cree probable que muchos países, entre ellos Estados Unidos condonen la deuda cubana.
Pero la política real no se articula en base a suposiciones. No sería una estrategia rentable que un nuevo gobierno en Cuba erogue gastos descomunales por una deuda heredada gracias a la anarquía económica de Castro.
La eliminación del embargo podría ser la piedra angular del fenómeno. Si los Castro, como se supone, no tienen la más mínima intención de compensar a los dueños de propiedades, entonces habría que negociar con un futuro gobierno de transición. Levantar el embargo desde ahora es una buena manera de ganar tiempo.
Las empresas y ciudadanos afectados económicamente deben ser compensados. Sin afectar el desarrollo de Cuba. Y sin ajustes fiscales que provoquen estallidos sociales. Tras cinco décadas -y lo que demore en alargarse la dinastía de los Castro- no es recomendable pedir al pueblo más sacrificios.
Ahora, sin chistar, los cubanos abren un nuevo agujero en el cinturón. Pero cuando vivan en libertad, a la primera de cambio, se lanzarán indignados a las calles a protestar. Son los beneficios de una democracia.
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