La fracasada 'política de precios'.

Por Fernando Dámaso.

Los elevados precios de los productos que se venden a los ciudadanos —sin relación con costos de producción y transporte, ni con los míseros salarios que se reciben—, han pasado a incrementar la carga diaria que deben soportar los cubanos.

Hace una semana, después de que "aleteara una mariposa" en la última sesión de la Asamblea Nacional, pidiendo topar los precios de los productos, sus efectos negativos se reflejan en las tarimas vacías de los mercados agropecuarios. Algunos extremistas, ante esta situación, plantean exigir producir más a los productores y reprimir a los intermediarios y comercializadores, como si con decretos y resoluciones se pudieran ignorar las leyes de la economía.

La autoridades esgrimen, en su defensa, el argumento de que responden a la "política de precios" existente en el país, aprobada por el Partido y controlada y regulada por el Ministerio de Finanzas y Precios y, en el caso de los productos agropecuarios, les echan toda la culpa a los "intermediarios" existentes entre el productor y el comprador final.

Durante la República, ningún Gobierno estableció "políticas de precios". Los precios se conformaban por la relación existente entre la oferta y la demanda: a mayor oferta (mayor producción) menores precios, a menor oferta (menor producción) mayores precios.

Nunca existió un ente gubernamental encargado de establecer los precios, desde una cómoda oficina con ventiladores al principio, y con aire acondicionado después. Lo más cercano fue, en los años de la II Guerra Mundial —al escasear algunos productos como la carne, la manteca, la gasolina, los neumáticos y otros—, con el objetivo de evitar, en lo posible, una falta aún mayor de los abastecimientos y que se encareciese en exceso la vida de los ciudadanos, la creación de una Oficina Reguladora de los Precios de los Abastecimientos (ORPA), la cual funcionó solamente durante el tiempo que duró la contienda bélica.

Estos entes gubernamentales se establecen, con carácter provisional, en tiempos de guerra, y se mantienen por algún tiempo después de terminados los conflictos, hasta estabilizar la producción y el comercio.

Los entes permanentes en tiempos de paz, que establecen precios y los controlan en interés de engrosar las arcas del Estado a costa de los ciudadanos, son un engendro eminentemente totalitario, cuya aplicación se realizó en los extintos países socialistas.

El absurdo mayor se producía en la antigua Unión Soviética, donde los productos ya salían con el precio de venta al consumidor grabado o impreso en los mismos, dándose el caso de que algo fabricado diez años antes y por lo tanto, tecnológicamente obsoleto, continuaba con el mismo precio diez años después.

Estos entes burocráticos nunca resolvieron los problemas del abastecimiento, sino que en realidad ayudaron a recrudecerlo, aunque aún existan quienes no quieran entender, por desconocimiento, tozudez o conveniencia, que solo una economía totalmente libre, liberados los productores de la tutela estatal, asegurará el crecimiento de la producción y el surgimiento de la riqueza para el disfrute de todos los ciudadanos.

Las medidas que se manejan para reducir los precios de algunos productos, principalmente agrícolas, reprimiendo a los intermediarios, prohibiendo la existencia de los llamados "carretilleros" y presionando a los productores, son más represivas que efectivas, pues atacan el fenómeno pero no las causas del mismo.

Los "viejos e ineptos finqueros", devenidos gobernantes, han sido incapaces durante 57 años de resolver los problemas creados por ellos mismos, y solo han propiciado el surgimiento de malos administradores de improductivas granjas estatales y de otros muchos engendros fracasados, principalmente por no reconocer su incompetencia en el campo de la economía, y pretender subordinar ésta a sus intereses políticos e ideológicos coyunturales. Debido a ello, no tienen nada nuevo que decir ni aportar actualmente, como no sea acabar de retirarse y ceder el paso a las ideas nuevas y renovadoras.