Por Javier Prada.
La más reciente reunión del Consejo de Ministros del régimen cubano.
El diario oficial Granma ha publicado un resumen del encuentro más reciente del Consejo de Ministros, realizado con el propósito, o al menos así lo indica el titular, de debatir sobre “la marcha de las acciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”. Presidido por Miguel Díaz-Canel, pero con Manuel Marrero Cruz llevando la batuta, la reunión transcurrió entre los partes ministeriales, las frases habituales de (des)aliento y los informes de gobernadores locales, maquillados para que la cosa no luzca todo lo mal que realmente está.
Para sorpresa de nadie, el primer chorro de agua fría fue lanzado por Mildrey Granadillo de la Torre ―viceministra primera de Economía y Planificación―, quien tuvo que admitir que la entrada en vigor de las nuevas tarifas para la venta minorista de combustible no ha hecho disminuir los precios de la transportación de pasajeros en el sector no estatal.
Lejos de profundizar en las razones, que mucho tienen que ver con el desabastecimiento de carburantes en los servicentros luego de que las protestas del 17 y 18 de marzo en Oriente obligaran al régimen a destinar importantes cantidades tanto a las termoeléctricas como a garantizar el traslado de alimentos para calmar a miles de personas hambrientas y hartas de los apagones, la viceministra se deslizó hacia el aumento de las tarifas de la electricidad en el sector residencial para consumidores que sobrepasen los 500 kilowatts.
Fuera de las oficinas climatizadas donde se gestiona la muerte lenta y dolorosa del país, los boteros lamentan que, tras horas de cola, les venden para el mes completo una cantidad de combustible que apenas alcanza para cuatro días de trabajo. El resto tienen que comprarlo por la izquierda, a precios más caros cuanto más controlado está el recurso. Es lógico que tengan que cobrar 250 pesos y no los 75 pesos que, según Marrero Cruz, debería costar un viaje desde Centro Habana hasta Marianao, tomando como referencia los precios mayoristas.
El turismo también se ha quedado por debajo del rating pronosticado, a pesar de la avalancha de rusos. El plan concertado alcanzó el 89%, cifra que contabiliza a los cubanos emigrados, cuyas visitas por lo general no se traducen en ingresos significativos para las arcas del Estado.
Aun así, al sector turístico se sigue destinando el grueso de las inversiones con perjuicio de la producción agropecuaria, donde nuevamente se incumplieron los planes. El memorando de entendimiento firmado hace poco con los grupos de la industria azucarera de Etiopía no ha traído “la optimización de capacidades”, mientras que los “saberes de Cuba en torno a la producción azucarera” no logran hacerse visibles en la actual campaña, que continúa arrastrando bajos rendimientos industriales y cañeros, a los cuales se suman problemas de carácter organizativo que nadie se tomó la molestia de explicar.
El presidente del Grupo Azucarero Azcuba reveló que, en plena zafra, varias empresas presentan pérdidas por ineficiencias e inestabilidad en la molienda. La “estrategia”, como si fuera top secret la chapucería acumulada en el sector, será hacer lo que se pueda hasta donde se pueda, y para de contar. Si en definitiva es esa la solución, ¿para qué tantas reuniones?
Si algo puede sacarse en claro de ese cónclave sobrado de consignas y nulo en resultados, es que las distorsiones macroeconómicas seguirán ahí. Se acumulan los impagos a los trabajadores, centenares de empresas estatales se mantienen en números rojos y dice Marrero Cruz que la culpa es de los jefes de las entidades, porque esas cuestiones hay que discutirlas.
El jefe de gobierno y comparsa están convencidos de que los problemas de dinero se resuelven hablando, así como los atrasos en la producción se solucionan clavando a Salvador Valdés Mesa, o cualquier otro vejete senil de la vieja guardia, en medio del surco, para darle sermones a los campesinos sobre el modo de hacer que la tierra cumpla las expectativas de una economía centralizada.
No hay batalla que ganar. Hay deudas que pagar, y no solo a los trabajadores cubanos, sino a los acreedores. El gabinete de la continuidad gasta cuantiosos recursos para organizar reuniones donde la tónica consiste en reiterar, exhortar y culpar a la corruptela de los estratos políticos medio y bajo por todo lo que no funciona en este país.
Mientras ellos ni siquiera se esfuerzan por aparentar que intentan arreglar el desastre que provocaron con la Tarea Ordenamiento, la prevaricación de Alejandro Gil Fernández, el robo de las 133 toneladas de pollo y la red de tráfico que captaba a jóvenes cubanos para enrolarlos como mercenarios del ejército ruso, son sucesos que los medios oficiales no han vuelto a mencionar.
La única estrategia es hablar de lo mismo, trabar al ciudadano en la rueda del hámster y dejar que el tiempo corra. Lo más triste es que se siguen saliendo con la suya, haciendo malabares con la economía sin obtener los resultados esperados, pero confiados en que nada ni nadie les impedirá hacerlo mal una y otra vez.
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