Por Laritza Diversent.
La política de Estados Unidos hacia Cuba vuelve al debate. Por la parte que le toca, la disidencia se divide en los que están a favor y en contra del embargo. Cada cual aporta sus razones, pero pocos se ponen a pensar en las ventajas que representa la eliminación de la medida norteamericana, en la preservación de su libertad personal.
Es difícil que un disidente ignore la vigencia de la Ley Mordaza, la No. 88 y que protege "la Independencia Nacional y la Economía de Cuba". La norma que sanciona los "hechos dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la ley Helms -Burton, el bloqueo y la guerra económica".
Significa entonces que la eliminación de la ley Helms -Burton dejaría sin fundamento a la norma que considera toda declaración o actividad que cuestione las políticas comunistas dentro de la isla, como subversiva y perturbadora al orden público, promovida y estimulada por el gobierno de Estados Unidos.
Acciones tan sencillas como hablar, vía telefónica, con la emisora Radio Martí, reportar un hecho acontecido dentro del país, opinar sobre políticas gubernamentales, publicar en un diario extranjero o participar en una manifestación pacífica, son causas suficientes para sufrir entre 2 y 15 años de prisión y/o multas entre 50 mil y 250 mil pesos.
La sanción puede aumentar hasta 20 años, entre otros motivos, si se utilizan o aceptan recursos financieros procedentes del país norteño o las autoridades cubanas consideran que el hecho puedo causar perjuicios a la economía nacional o si, el Gobierno norteamericano, adopta represalias contra entidades, cubana o extranjera, o contra alguno de sus dirigentes o familiares.
Al parecer, el tiempo que sufrieron prisión 75 disidentes, víctimas de la aplicación de la Ley Mordaza, no ha sido suficiente, para entender que es el momento de tomar decisiones sobre el embargo, pensando en el pueblo cubano y no en su gobierno.
Se agradece la presión y solidaridad internacional, pero eso no evitará que en el futuro más disidentes sufran cárcel por el mismo motivo. También hay sanciones para quienes distribuyan medios financieros, materiales o de otra índole, procedentes de de Estados Unidos, incluyendo los europeos que se solidarizan con nuestra causa y que para el gobierno cubano, también contribuyen con la política norteamericana.
El caso de Alan Gross demostró que, incluso activistas de los derechos humanos, corren riesgos cuando entran a la isla para ayudar a los cubanos. No comprendo las posiciones encontradas. ¿Será que hacen falta más encarcelados?
Puedo entender que los que están afuera, deseen con ansia la llegada de la democracia a Cuba, incluso que es fácil pedir un reforzamiento de las medidas del embargo, si no es uno el que arriesga el pellejo. A los que no comprendo son a los que están adentro y piden lo mismo. ¿Será que quieren convertirse en héroes o heroínas?
Por la parte que me toca, prefiero la libertad en todo el sentido de la palabra y estar presente cada vez que mi hijo me necesite.
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