Ilegalidades por cuenta propia.

Por Lourdes Rey Veitia y Jorge Pérez Cruz.

La intervención activa del trabajo   por cuenta propia en el entramado   económico cubano es un imperativo   a tono con la actualización de   nuestro modelo económico. Así lo   refrendan los Lineamientos de la   Política Económica y Social de la   Revolución aprobados en el VI Congreso   del Partido; empero, las ilegalidades   se ciernen como una amenaza   real sobre la sostenibilidad de   esta práctica.

Mientras muchas personas honestas   asumen con integridad el   trabajo no estatal, otras éticamente   desvalorizadas buscan brechas para   ejercerlo violando las normas jurídicas   establecidas.

Las direcciones provinciales de   la Central de Trabajadores de Cuba   (CTC), en Las Tunas y Villa Clara,   con el propósito de organizar a estos   nuevos actores económicos, efectúan   los activos sindicales con la presencia   de funcionarios de la ONAT, Planificación   Física, dirección de Trabajo   y Seguridad Social, Ministerio del   Interior y los consejos de Administración   municipales, entre otras entidades   relacionadas con esta labor,   confirman Martha Cuenca Alonso   y Abel Quintana, integrantes de los   secretariados del movimiento sindical   en esos territorios, respectivamente.

Ambos dirigentes argumentan   que en estos intercambios analizan   este tema, entre otros asuntos, y todo   indica que es necesario actuar con   más energía contra los violadores.

"No se trata, enfatiza Martha,   de dejar al libre albedrío a quienes   tienen patentes, pero la acción más   contundente debe estar dirigida contra   los ilegales. Todavía hay cierta   impunidad y eso daña la imagen de   esta forma de empleo y lacera sus   buenas intenciones".

Entre las violaciones más frecuentes   en el sector del Transporte están los   cocheros ilegales. "Esos les ‘roban’   los pasajes a los oficializados, llegan   a las piqueras y no hacen colas, violan   las regulaciones del tránsito, además   de evadir el pago de impuestos", critica   Katia Labrada Vidal, secretaria   general del sindicato del ramo en la   provincia.

En Villa Clara, por ejemplo, es   usual ver en la parada de coches del   estudio Sandino y en la zona hospitalaria   el arribo de otros transportes   —autos ligeros, camiones, camionetas   sin licencia— llegan y recogen   pasajeros, lo que incluso puede ocasionar   accidentes.

"Otra irregularidad, relaciona   Julio César Acosta Campos, miembro   del secretariado provincial del Sindicato   del Transporte en el territorio   oriental, es la aparición de una nueva   figura, el peón de coche, que no es el   dueño del medio, solo lo trabaja y le   paga al propietario una tarifa preestablecida   de acuerdo con el horario.   Esos no están inscriptos y por tanto   burlan las normas".

El irrespeto tiene manifestaciones   en la improvisación de lugares   de estancia (piqueras) en sitios que   no cuentan con la aprobación de la   instancia correspondiente. "Sucede,   es conocido, pero no se combate con   la intransigencia debida", acota Julio   César.

Este problema se ha manifestado   también en la provincia central,   y aunque se le ha dado solución con   el apoyo del sindicato provincial del   Transporte, de haberse consultado   con los trabajadores no estatales hubieran   podido evitarse las quejas de   clientes y transportistas.

Las actuaciones fuera de la ley   afectan también a los arrendadores   de viviendas o habitaciones, pues   hay quienes alquilan sin autorización.

Oscar Rosales Carreño, secretario   general de la sección sindical que   agrupa a 73 arrendadores tuneros   da detalles: "Algunos lo hacen a la   vista de todos, pero otros usan como   vía las visas familiares que otorga   Inmigración en el país, entonces   todo parece legal", critica Oscar.

"Pienso que el otorgamiento de   ese documento se ha flexibilizado   mucho y en ciertos casos sirve de ardid   para enmascarar la ilegalidad,   pues hay ciudadanos extranjeros   que no cumplen ese requisito, pero   lo reciben y burlan lo establecido legalmente.   Se van por ‘la izquierda’   porque les cobran menos. Claro son   huéspedes de arrendadores que pueden   hacerlo al esquivar las cargas   impositivas", explica Oscar.

"Así nos llevan a la quiebra", lamenta,   e ilustra su inconformidad   con un número no despreciable de   sus representados que como consecuencia   de esta competencia desleal   han tenido que retirarse y "eso malogra   en parte el propósito por el cual   se ha fundado esta actividad, cuyos   ingresos ayudan a la economía nacional",   resume.

Ernesto García, representante   sindical de los arrendadores villaclareños,   explica lo engorroso de los   trámites en la ONAT y la dirección   de Vivienda, y añade que el horario   de la oficina de Inmigración le   es muy dificultoso, "mientras nosotros   hacemos todas esas diligencias,   que llevan tiempo, desatendemos el   negocio, lo que no le pasa a los que   burlan la ley", precisa.

Similar situación enfrentan los   elaboradores-expendedores de alimentos   y artesanos, quienes sufren   constantemente, en sus sitios de trabajo,   el asedio de vendedores no autorizados.

"Pueden encontrarse en cualquier   lugar", asegura Norma Leyva   Carmenate, organizadora del comité   provincial del Sindicato de los Trabajadores   del Comercio, la Gastronomía   y los Servicios.

"Sin embargo, señala, escapan   con facilidad a la acción de los inspectores   y, contrariamente, los que   tienen licencia son más proclives a   las multas y a otras medidas".

Niurka Quintana, miembro del   secretariado del Sindicato de Comercio   en Villa Clara, apunta que   esa es una queja recurrente también   en la provincia central, "los trabajadores   no estatales de este sector   refieren que los inspectores no actúan   contra los ilegales que están a   la vista de todos y en muchos casos   se conocen".

La propia dirigente sindical comenta   que al no existir la indicación   en los mercados de entregar el comprobante   de los productos adquiridos   por estos trabajadores en esos   establecimientos —con el objetivo   de justificar el 10 % de la mercancía   utilizada como insumos—, se mezclan   ilegales con legales, y abren espacios   por los cuales hay fugas de   recursos de otros lugares.

Revender sin medida y "desangrar"   a los consumidores y al mercado   estatal, en particular con los   artículos de primera necesidad, es   otra práctica que ha proliferado entre   legales e ilegales.

A todo lo anterior se suma la necesidad   de buscar uniformidad y buen   gusto en los anuncios y el ordenamiento   de áreas de venta. En Santa   Clara, por ejemplo, las que existen a   pesar de los esfuerzos realizados no   cuentan con las mejores condiciones,   lo que provoca hacinamiento e ilegalidades.

En Villa Clara, aun cuando la labor   de los inspectores puede mejorar,   se han realizado mil 200 inspecciones   a ilegales en el año, las cuales han   dado como resultado varios decomisos,   puntualmente en los carnavales   de la ciudad capital, según refiere   Francisco Pérez Abreu, director provincial   de Supervisión Integral.

El funcionario reconoce que esas   manifestaciones entorpecen al cuentapropismo:   "El ilegal afecta dos veces,   a las intenciones positivas de este   proyecto y al presupuesto del Estado,   porque no aporta nada. Lo difícil es   que por lo general opera en las áreas   comunes", acota.

La labor de este equipo de inspectores   ha contribuido al incremento   de cuentrapropistas en Villa Clara   como albañiles, areneros, herreros,   carretilleros y vendedores de alimentos   que no estaban inscriptos.
No obstante, todo indica que se   impone retomar viejas experiencias   en la organización de las inspecciones   estatales, tal como lo expresan   los dirigentes sindicales de Las Tunas:   "Es necesario unir los esfuerzos   de los inspectores sociales, del   MITRANS y la Policía Nacional Revolucionaria,   para detener la acción   de quienes quieren actuar en contra   de lo establecido", reclaman.