El acceso popular a la vivienda es uno de esos temas que ciertos defensores foráneos de “la obra de la Revolución” mencionan como una de las bondades del esquema de protección social vigente en Cuba.Pese a ello, otras voces “amigas del país”, más objetivamente informadas, mantienen un prudente silencio sobre el asunto, por ser uno de los problemas sociales más graves del país.
Y es que si bien es cierto que el estado postrevolucionario aprobó entre sus primeros medidas justicieras la rebaja de alquileres y la concesión de títulos de propiedad a los moradores, también lo es que en las últimas décadas la situación del rubro ha ido agravándose.
Hoy, más del 70% del fondo habitacional califica como de regular o mal estado; se construyen poquísimas nuevas casas cada año, incumpliéndose planes constructivos de por sí insuficientes. Es muy común que en una casa convivan, con todos los roces que ello supone, hasta 3 generaciones de cubanos.
En lo relativo a la construcción o reparación de viviendas por el Estado, esta ha disminuido en los últimos años. El ritmo constructivo es inferior a las necesidades, por lo que el déficit habitacional se incrementa en correspondencia con una trayectoria ya histórica.
El proyecto de construir (de 1960 a 1970) 32 mil apartamentos anuales quedó en una cifra promedio de 11 mil. De 1971 a 1980 elevó la meta a unas 38 mil anuales, pero el promedio anual fue de menos de 17 mil. A partir de 1981 se inició un plan de 100 000 anuales, que -hasta 1990- no rebasó el promedio de 40 mil.
Si bien en 1995 se logró sobrepasar las 40 mil, la cifra descendió paulatinamente hasta que en los primeros siete meses de 2005 sólo se habían concluido 7 300 viviendas. En el 2008 la meta se bajó de nuevo hasta 50 mil, rondando las cifras de los primeros cinco meses el 28% de cumplimiento.
Si apreciamos el panorama actual, se constata que se han realizado algunas construcciones estatales -denominadas “viviendas con destino”- en especial algunas de alta calidad destinadas a oficiales del Minint y de las FAR, en barrios de Plaza y Playa, el Casino Deportivo, en los repartos Santa Catalina y La Coronela, entre otras zonas de la capital. Se han habilitado como albergues y viviendas algunos edificios que antes fueron centros de trabajo; pero estos son casos puntuales y no satisfacen en modo alguno la demanda.
A la incapacidad constructiva se unen los fenómenos meteorológicos de los últimos años que han derribado o dañado parcialmente cientos de miles de viviendas, la mayoría porque eran de baja calidad -tanto por los materiales empleados como por el cuestionable rigor del proceso de edificación- y porque, además, estos han carecido de mantenimiento durante el medio siglo.
Este verano, producto de los aguaceros, se produjeron varios derrumbes en una pequeña zona de Centro Habana: en Escobar entre Neptuno y San Miguel, en Neptuno entre Manrique y San Nicolás y un tercero en Soledad entre Neptuno y Concordia.
En cuanto a la recuperación, hay numerosas familias que perdieron sus viviendas al paso de los huracanes que asolaron el Oriente y la provincia de Pinar del Río y que todavía no han logrado recuperarlas. Por todo ello el déficit habitacional real sobrepasa, según diversas fuentes, el medio millón de viviendas oficialmente reconocido.
Después del fracaso del Estado de querer asumir por sí sólo la construcción de viviendas y de acudirse a las llamadas Microbrigadas, actualmente se ha transferido esa responsabilidad a los particulares.
Tal decisión deja sin cobertura a la numerosísima población trabajadora que habita cientos de edificios multifamiliares -en zonas como La Lisa o Alamar- mucho más difíciles de reparar con la suma de esfuerzos individuales.
Así, los planes de asignar préstamos bancarios y facilitar materiales de construcción a la población para que construya o repare sus viviendas con recursos propios tampoco ha resuelto el enorme déficit habitacional del país.
Semejante rehabilitación “por cuenta propia” se confronta con una oferta de materiales escasos, a precios altísimos y de baja calidad, pues en los rastros hay revendedores que adquieren casi todo el material que entra -como las barras de acero (cabillas) y el cemento en bolsa- para venderlos a precios superiores.
Sin embargo, también está en curso un celebrable programa de subsidios a gente de bajos ingresos, para que reparen sus viviendas o construyan piezas como cocinas, baños u otra habitación, que concede el poder decisor a una comisión municipal de composición amplia lo que, según algunas opiniones, ha acotado las prácticas de “sociolismo”. [i]
A la población empobrecida de la capital hay que añadir el arribo –nunca interrumpido pese a cuestionadas iniciativas legales y operativos policiales- de millares de inmigrantes de las otras provincias, que sobreviven en la urbe a través de disimiles actividades, legales o ilegales.
Estos se instalan en edificaciones de pésimo estado constructivo -casi siempre inhabitables- o bien improvisan precarias habitaciones con materiales de desechos en zonas de la periferia de la ciudad, sin servicio de acueducto, alcantarillado ni electricidad, en condiciones de hacinamiento e ilegalidad.
Estas poblaciones marginales no cuentan tampoco con la cartilla de racionamiento, lo que dificulta más la sobrevivencia y multiplica el comercio ilegal y el delito.
Los barrios empobrecidos que albergan una población en tal situación de marginalidad se dispersan por diversos municipios de la capital. Tan solo si mencionamos los más notorios, encontramos que en Centro Habana se identifican los barrios de Los Sitios, algunas zonas de Cayo Hueso, el Barrio Chino y San Leopoldo; en La Habana Vieja destacan los barrios de Jesús María y Atarés; en Arroyo Naranjo se encuentra Párraga; en La Lisa el asentamiento ubicado debajo del puente que colinda con el municipio de Marianao; en Plaza existen El Fanguito y La Timba, en el Cerro el asentamiento El Canal, entre otros. Pero los más famosos son comunidades muy precarias de la periferia de la ciudad y barrios como La Corea, La Cuevita y El Canal en los municipios Cerro, Marianao y San Miguel del Padrón.
La agudización del problema de la vivienda en Cuba constituye un serio problema social.[ii] De hecho, es presumible que el notorio incremento de los niveles de violencia en la capital y la proliferación de diversas formas de marginalidad e ilegalidades guarden estrecha relación al incremento de la pobreza y el hacinamiento poblacional.
Para combatir y solucionar tales problemas serán necesarios una importante inversión –y no solo una racionalización, como parece preferirse hoy- de recursos en función de mejorar las política sociales (vivienda, salud, educación, recreación) que atienden a esas poblaciones, así como experimentar formas alternativas (cooperativas de construcción y gestión de viviendas, cajas de crédito, etc) que impidan que la ineficacia de las burocracias o la especulación del mercado inmobiliario sean las que determinen, para las mayorías, el acceso y disfrute de su derecho a una vivienda digna.
Meta que solo se alcanzará en la medida que se combata y reduzca, de forma integral y sostenible, la pobreza que afecta a amplios sectores de la población cubana.
0 comments:
Publicar un comentario