Escribir una cuartilla juzgando de dictadura a la anacrónica revolución cubana, pudiera servir como prueba testimonial en un juicio sumario para sancionar con veinte años o más de cárcel a cualquier periodista independiente.
Eso se sabe. Está legislado. El régimen decadente que dirige Raúl Castro junto con su mascarón de proa Miguel Díaz-Canel tiene en su lista negra de enemigos de la patria a los informadores por cuenta propia.
En esa lista, años atrás, se incluyeron a guerrilleros que se alzaron contra Fidel Castro, al dueño de una zapatería o simplemente a un tipo bohemio que le gustaba a los Beatles.
Sesenta años después, la lista negra se ha renovado. Intelectuales críticos, emprendedores privados, administradores de redes digitales callejeras y hasta humoristas son tipos sospechosos en esta versión 2.0 de la autocracia cubana.
Richard, un ex marino mercante jubilado que ahora regenta una cafetería de comida criolla, batidos de frutas y entrepanes en el municipio Boyeros, confiesa que seriamente analizó cerrar el negocio. “Son muchas las trabas. Impuestos altísimos que obligan a las personas a la trampa fiscal. Al no poder comprar alimentos e insumos en mercados mayoristas tienes que recurrir al mercado negro. Los controles son excesivos y las inspecciones constantes. Dicen que es para mantener el orden, pero es para sacarte dinero. Ahora le pusieron la tapa al pomo: topar (limitar) los precios en los negocios particulares. Empiezan por la cerveza, luego te topan el precio de la comida y hasta de los jugos. Detrás de todo esto hay una sola razón: el gobierno no quiere que la gente haga dinero”.
Leandro, economista, considera que la cruzada agresiva contra ciertos sectores es típica del régimen cubano. “Los números no mienten. De 2013 a 2016, los años de mayor esplendor de los negocios privados, creció en más del 60 por ciento las personas que abrían negocios. Pero después que el Estado lanzara su ofensiva contra los trabajadores por cuenta propia, el crecimiento no llega al 10 por ciento. Y es muy probable que con esta campaña mediática de la prensa oficial intentando satanizar a los cuentapropistas, el número de emprendimientos comience a decrecer aceleradamente”, explica y añade:
“Esas tácticas no son nuevas. En la década de 1980 y finales de los años 90, cuando el gobierno supuso que los trabajadores por cuenta propia eran una amenaza, cerraron los mercados agropecuarios y las ventas de calzado artesanal en la plazoleta de la Catedral de La Habana, acusando a sus dueños de enriquecerse ilícitamente y vender a precios que no estaban al alcance del bolsillo de los obreros. Cualquier semejanza con la etapa actual no es pura coincidencia. En un video filtrado el año pasado, el propio Díaz-Canel sale ordenando a la prensa oficial que no destacaran los éxitos de los emprendedores privados. Es una vendetta por el apoyo que recibieron de la administración Obama y que ahora se hace extensiva a los humoristas, sobre todo a los actores de Vivir del Cuento, quienes hicieron un sketch con Obama. Esas cosas los gobiernos totalitarios no lo perdonan”.
Si usted recorre el país y habla con trabajadores privados notará el amplio descontento por las estrategias implementadas por el gobierno. “Nos quieren poner a fajar con el pueblo, acusándonos de ser los culpables por el mal servicio del transporte y los altos precios en los agromercados. Pero no es cierto. Si el Estado tuviera suficientes guaguas y taxis a precios económicos, esta crisis en el transporte no existiría. Si la producción de alimentos fuera elevada, los precios fueran bajos. Nosotros no tenemos la culpa de que no hayan naranjas, que un limón cueste 4 o 5 pesos y que la libra de carne de res valga 3 cuc en el mercado negro. Quieren topar los precios a los particulares, pero no hablan de los altísimos precios que tiene el Estado en las tiendas por divisas”, opina Carlos, taxista particular.
Joel, chofer jubilado, culpa de la situación a la ingenuidad de la gente. «El gobierno siempre se saca de la manga la misma baraja. Cuando el zapato le aprieta abre la mano y cuando considera que sobramos, cierra el puño y comienzan los juicios ejemplarizantes a los macetas (los que ganan dinero). En Cuba cualquier cosa es delito. Por eso nunca saqué licencia, alquilaba por la izquierda. Si un gobierno dice que ellos no confían en las leyes burguesas, que no permitirán que la gente se haga rico, más claro ni el agua. Tontos son los que confian en los gobernantes”.
Reynel, ingeniero informático, hace cinco años administra una red de juegos virtuales, filmes e información deportiva en un municipio habanero. Cada uno de los más de 200 suscriptores paga 4 cuc al mes.
“Jugamos en línea. Nos pasamos películas, novelas y seriales. Chateamos entre nosotros sin hablar de política ni utilizar pornografía. Cuando el gobierno legalizó las redes privadas, pensábamos que ya no viviríamos con el susto de que una mañana un camión del Ministerio de Comunicaciones y una patrulla de la policía nos cortara todos los cables y nos pusieran multas de miles de pesos. Pero en la nueva ley hay trampas. Al restringir las redes a determinada distancia y poder de transmisión, nos están eliminando por decreto. Hemos invertido mucho dinero en comprar equipamiento que ahora no podremos utilizar”, cuenta Reynel.
Reynel y otros administradores de redes, recogieron firmas de vecinos de sus respectivos barrios y las presentaron en el Ministerio de Comunicaciones, como prueba de la aceptación popular que tienen. “Con las miles de firmas recogidas, pensábamos que legalmente nos podrían servir para que las autoridades estudiaran cambiar la actual legislación. Pero no. Utilizaron la fuerza. Hace quince días, la Seguridad del Estado impidió que numerosas personas que nos apoyan, llegaran a la sede del Ministerio de Comunicación. Este fin de semana fue peor. Dos agentes vinieron a mi casa y me dijeron que si iba me abrirían un expediente. Me quedé en casa de mi novia”.
Los periodistas Abraham Jiménez, director de El Estornudo, y José Jasán Nieves, de El Toque, denunciaron que agentes de la Seguridad del Estado les habían advertido que no debían salir de sus domicilios.
El nerviosismo que tiene el régimen, lo lleva incluso a lanzar ataques mediáticos a los humoristas, probablemente el sector de la cultura que cuenta con mayor simpatía dentro de la población.
En Humor de un solo sentido, artículo publicado en Granma el 8 de agosto, el periodista Miguel Cruz Suárez acusaba a artistas y guionistas de dejar en ridículo a funcionarios, dirigentes y cuadros políticos y mencionaba que «en decenas de películas, puestas televisivas o teatrales de los años recientes, se hace perceptible la asignación a estos personajes de guiones sin muchos matices, que los reducen a personas torpes, incultas, desfasadas o tontas».
La mayor parte de los cubanos advirtieron en ese artículo un ataque directo al programa Vivir del Cuento. Luis Silva, el actor que encarna el papel de Pánfilo, un anciano jubilado que vive de la libreta de racionamiento, en su muro de Facebook se preguntaba «si las autoridades también iban a topar los chistes».
En un tono preocupado, un comediante que suele hacer presentaciones en bares y centros nocturnos privados, dijo a Diario Las Américas que está convencido de que el gobierno va a por ellos. «Nos están metiendo miedo en el cuerpo para alentarnos a que emigremos. Les molesta que tengamos tanta popularidad y, sobre todo, que algunos viajemos a Miami y nuestra gente allá nos reciba con los brazos abiertos”.
En una dictadura de corta y clava, ya se sabe, a opositores y periodistas independientes los consideran enemigos. Pero no que la risa fuera también un arma de combate. Tal vez por eso el régimen le ha declarado la guerra al humor.
0 comments:
Publicar un comentario