Por Iván García.
Sin demasiada precaución, el camión cisterna de CUPET pintado de verde y blanco, comienza a depositar combustible en el sótano soterrado de una gasolinera ubicada en la intersección de la calle San Miguel y Mayía Rodríguez, justo al frente de Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, en el apacible Reparto Sevillano, al sur de La Habana.
La gasolinera, con cuatro surtidores, pertenece al Ministerio del Interior y todos sus trabajadores, aunque sean civiles, forman parte de la plantilla militar. “Para entrar a laborar en un centro o empresa militar, sea de las FAR o el MININT, además de investigarte en el barrio y de exigerte determinadas cualidades, tienes que ser militante del Partido o la UJC”, señala un empleado, quien añade:
“Pero las cosas se han relajado y no todos los que trabajan en empresas militares son cien por ciento revolucionarios. Y como en la mayoría de los empleos en Cuba, hay quien hace dinero robando combustible, tiene familia en Estados Unidos y solo en apariencias apoyan al gobierno”.
Llamémosle Miguel. Es un bebedor empedernido de cerveza y devoto de la santería.
“Yo trabajo en la gasolinera hace seis años. Es verdad que te piden lealtad al sistema y tienes que participar en las marchas del Primero de Mayo para no señalarte. Pero ya no hay tanto rigor como hace tres décadas, que según me cuentan los más viejos,no se podía tener creencias religiosas ni familia en la yuma. A mí la política no me interesa, lo mío es la vaciladera. Tengo dos hijos en Miami, y aunque aquí busco mis chelines, si Trump le tumba lasremesas a quienes trabajamos en empresas militares me da Shangó con conocimiento”, dice y se ríe.
Si algo preocupa a muchos cubanos es el tema de las remesas familiares. Cuando el Muro de Berlín se vino abajo y el cheque en blanco de la otrora URSS se canceló, la Cuba de Fidel Castro entró en una crisis económica en espiral que 28 años después todavía no ha podido superar.
La inflación golpea con crudeza a los obreros y jubilados que cobran una moneda devaluada e inservible que apenas alcanza para comprar unas pocas viandas y frutas y pagar la factura del teléfono, agua y luz eléctrica.
Aunque la autocracia criolla no revela estadísticas sobre el monto de las remesas recibidas en Cuba, expertos afirman que las cifras fluctúan entre 2,500 y 3,000 millones de dólares anuales. Probablemente más.
Las transacciones en divisas de parientes y amigos residentes en el extranjero, en particular en Estados Unidos, es el sostén fundamental de miles de familias cubanas. Constituye la segunda industria nacional y existe un marcado interés por gestionar esa moneda dura.
“Desde finales de los años 70, Fidel Castro comprendió la utilidad de controlar los envíos de dólares de los llamados ‘gusanos’ a sus familiares. Cuando permitió los viajes de la Comunidad Cubana a la Isla, ya el MININT tenía montada toda una industria para captar esos dólares. Mira, no se puede ser ingenuo. En Cuba, donde quiera que entren divisas, las empresas que las manejan o son militares o son del Consejo de Estado, como Palco. Ese dinero es el oxígeno del régimen. Y sirve lo mismo para comprar equipos, motos y autos a los oficiales del G-2 que reprimen a los opositores y construir hoteles, que adquirir medicamentos para los niños enfermos de cáncer. Y como no hay transparencia, pueden abrir una cuenta de dos tres millones en un paraíso fiscal”, indica un economista.
La disección del exilio abiertamente anticastrista y diferentes administraciones de la Casa Blanca es correcta. El problema es encontrar una fórmula para su aplicación y que ese chorro de dólares no llegue a las arcas del régimen.
“Como único el gobierno no recoge los dólares que circulan en Cuba, es que Trump prohiba completamente las transferencias de dinero. Es la única manera de joderlos. No creo que haya otra. Pero utilizar como arma de chantaje el dinero para que le gente exija sus derechos, me parece deplorable. Yo también estoy con la soga al cuello. Quiero cambios democráticos, mejores salarios y no tengo parientes en Miami. Pero no tengo cojones para salir a la calle y reclamarlos”, cuenta un ingeniero que trabaja en una constructora militar.
Hace veinte años, el 27 de junio de 1997, el Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna lanzó La Patria es de Todos, un documento que levantó ronchas dentro de la propia oposición. La economista Martha Beatriz Roque Cabello, junto al difunto Félix Antonio Bonne Carcassés, Vladimiro Roca Antúnez y el abogado René Gómez Manzano, pretendían que aquellos cubanos que recibían dólares, se comprometieran a no participar en actividades gubernamentales ni votar en las elecciones, todas de carácter voluntario.
Es cierto que la doble moral de un segmento amplio de cubanos incomoda a los activistas por los derechos humanos. Con total indiferencia, por la mañana pueden participar en un acto de repudio a las Damas de Blanco y por la tarde se conectan a internet para que un familiar acelere los trámites migratorios o le recarguen la cuenta de su móvil.
Esa hipocresía resulta repulsiva. Pero esas personas no son represoras. Al igual que millones de ciudadanos en la Isla, son víctimas de una dictadura. En las sociedades totalitarias se pervierte incluso el estamento familiar.
En la URSS de Stalin, se consideraba héroe a un pionero por denunciar la actitud contrarrevolucionaria de sus padres. Hubo una etapa en Cuba donde un fidelista convencido no podía tener amistad con un ‘gusano’, cartearse con un familiar que hubiera abandonado el país ni recibir dinero del exterior.
Entiendo a periodistas como Omar Montenegro, de Radio Martí, quien en un debate radial sobre el tema, decía que medidas como ésas al menos pueden servir para concientizar a personas que han convertido la simulación en un estilo de vida. Pero más allá de que la regulación pueda ser efectiva o no en el orden moral, en la práctica sería un caos para cualquier organismo federal de Estados Unidos.
Y, por mucha frustración que podamos tener los que aspiramos a una Cuba democrática, nosotros no podemos ser como ellos. Ha llovido mucho desde entonces. Los ideales de aquéllos que defienden la revolución de Fidel Castro se han prostituido. Hoy, familiares de altos oficiales del ejército y el gobierno se han marchado a Estados Unidos. Y a la élite de la burguesía verde olivo que vive en la Isla, le gusta jugar golf, beber Jack Daniel’s y vestir ropas de marca.
Si Donald Trump aplica a rajatabla el control de las remesas a personas que trabajan en GAESA u otras empresas militares, afectaría a más de un millón de trabajadores que laboran en esos negocios capitalistas del régimen y que son tan víctimas de la dictadura como el resto de la ciudadanía.
Los coroneles y generales que cambiaron sus calurosos uniformes por guayaberas blancas y los ministros y altos funcionarios, no necesitan recibir remesas. Sin controles financieros ni auditorías públicas, ellos manejan a su antojo las arcas del Estado. Algún día se sabrá cuánto han robado en las casi sesenta años que llevan gobernando.
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