Por Armando Soler Hernández.
Uno de los comentarios más usuales del pueblo cubano se refiere a la carestía de la vida: "¡Los precios no bajan!". Este emerge con monótona secuencia en las Asambleas de Rendición de Cuentas (miembros del CDR con los delegados), y más aun en las conversaciones cotidianas pero, sobre todo, se vuelve una agresión concreta cuando el ciudadano común se ve obligado a adquirir alimentos que complementen la magra cuota racionalizada que el Estado entrega mensualmente a precios subvencionados.
Este suministro, apenas alcanza para cubrir unos pocos días del mes. El resto, que equivale a un 70-80% del gasto mensual en alimentos, las personas lo ganan a través de los desmesurados precios de la oferta privada, el mercado para-estatal o el cada vez más creciente mercado negro.
Después de años de una tímida política de liberalización del comercio privado y de otras limitadas formas en el ejercicio de la propiedad, los resultados acumulados son frustrantes. Pese al aumento de la compraventa de alimentos, aunque no del surtido, la variedad o la calidad, hay alarmantes señales de que algo no va bien, de que un obstáculo de por sí insalvable, se vuelve una carga aplastante. Y todo señala hacia la desmesurada injerencia del Estado en el equilibrio natural entre la oferta y la demanda.
Los resultados son palpables para cualquiera con algo de memoria. Mes tras mes, la oferta y los precios que emergen se distancian uno de otro, tanto en el ámbito legal como en el que no lo es. Esa deriva provoca una disparidad insufrible para el bolsillo del consumidor.
Sin dudas, puede haber motivaciones de codicia entre los vendedores, sobre todo particulares que llevan el trigo a su molino. Más eso no explica todo este fenómeno en abrumador progreso. El Estado hace énfasis aparente en no intervenir en las diarias transacciones privadas entre el vendedor y el consumidor, pero de hecho, ¿es así? La sensación que trasmite el arbitrio estatal a través de sus instrumentos represivos y cuerpos de inspectores es el de una guerra sorda y permanente contra la iniciativa privada.
El comerciante que legaliza su negocio particular se expone a ser un blanco constante de esta presión. Atraviesa una madeja burocrática expresamente formada para impedirle aumentar su capital. Esto no es casual. La consecuencia es una permanente sensación de provisionalidad.
Además, devela la sospecha de una intención ya conocida del poder, de que en algún momento ideal del futuro, dar fácil marcha atrás a todas estas frágiles medidas de liberalización. Ya ocurrió antes, y pese a todas las garantías que se emiten en el presente, no hay un peso determinante en la sociedad civil que lo pueda impedir.
Entretanto, a los miembros de esta tribu emprendedora no se le facilitan productos básicos ni materia prima con precios accesibles que permitan una ganancia y ofertar a un precio más bajo. Los impuestos son excesivos para una empresa que comienza y que requirió un gasto de inversión inicial que toda esta presión, y la ya citada sensación de provisionalidad generalizada que genera, impulsan a querer recuperar lo invertido en el menor tiempo posible y con pocos escrúpulos.
El impacto de esta lucha sorda del régimen militar que gobierna Cuba y una débil, incipiente, desorganizada y en asedio sociedad civil, repercute directamente en precios y costos. También tener una moneda parásito de la divisa fuerte extranjera con un cambio fijo e inamovible por más de veinte años. Y a esta fatal ecuación se puede sumar el alto costo del combustible, que no disminuye pese a que el barril está a menos de $40.00 dólares en el mercado internacional.
Además, este creciente incremento del costo de la vida crea las condiciones que abren el camino a cada vez más robo, corrupción, difusión y crecimiento del mercado negro. Nadie escapa voluntaria o involuntariamente a la espiral inflacionista y al final, está el inerme consumidor de a pie.
No es rara la sensación diaria de sentirse estafado, esquilmado, burlado en cualquier transacción que una persona corriente se ve obligada a cubrir con su ingreso. Podrá haber un pequeño sector de la población que reciba subsidios periódicos de algún familiar en el exilio, que a su vez le permita pasar el mes un poco más desahogado. Mas la inmensa mayoría no se beneficia sino indirecta y parcialmente de esas entradas.
Las seguridades insignia del sistema imperante en Cuba, la salud y la educación gratuitas, además de que realmente no lo son porque buena parte de su costo lo cubre el salario que no le llega en el sobre al mayoritario de la fuerza laboral que trabaja para el patrón Estado, crean un manto ficticio de bienestar general que no pasa de ser un espejismo.
Por los anuncios rimbombantes que a diario se hacen en los medios de comunicación estatales, el país parecería moverse hacia algún sitio milagroso de prosperidad. Firmas de miles de acuerdos con otras naciones, supuestas e incontables propuestas de inversión de capital extranjero, proyectos macro-nacionales como motores de crecimiento espectacular, sorprendentes anuncios de incrementos de índices económicos superiores a los bajísimos y discutibles acumulados en años recientes, incluso más elevados que los del área geográfica que nos rodea.
Pero nada de eso incide directamente en disminuir un ápice la presión que aumenta a diario sobre los individuos corrientes. La masa de ancianos, que se acerca al 20% de la población, y los niños, son los que más sufren esta insensatez.
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