Los cubanos se preguntan por qué no bajan los precios.

Por Orlando Freire Santana.

Uno de los problemas que le complica la vida al cubano de a pie son los altos precios que debe pagar por la mayoría de los bienes de consumo o los servicios que recibe. El salario mensual del ciudadano promedio, que no rebasa los 20 dólares, se deshace ante una espiral inflacionaria que no da señales de agotamiento.

Semejante situación, que podría erosionar aún más la escasa simpatía con que cuenta el castrismo, inquieta a las autoridades. Ello se refleja en el dosier sobre temas económicos aparecido en el periódico oficialista Trabajadores, en su edición del 30 de noviembre.

En uno de los trabajos del dosier “Precios y política de precios”, el articulista expone los tres métodos que se presentan ante todo aquel que vaya a formar un precio: en función de la demanda, en función de los costos, y en función de la competencia. Sin embargo, olvidó decir— o le impidieron hacerlo— que aquí los precios no bajan, precisamente, por lo mal que anda cada uno de esos enfoques.

Comencemos con los costos de elaboración. Un elemento importante porque los precios se forman, en general, agregando un margen de ganancia a los gastos en que incurre una entidad al elaborar un bien o prestar un servicio. Y en este sentido son proverbiales los elevados costos con que producen nuestras empresas estatales, afectadas por la obsolescencia tecnológica, las lejanas fuentes de materias primas e insuficiencias organizativas de toda índole. Al final, esos costos elevados repercuten en los precios que paga la población, el último eslabón en la cadena producción-comercialización-consumo.

Si se quisiera paliar ese estado de cosas, sería razonable que las autoridades implementaran estrategias a corto y mediano plazo. El primer caso podría incluir una flexibilización en la pesada carga tributaria que afrontan las entidades, y que hoy se traduce, entre otros, en el impuesto sobre las utilidades, por la utilización de la fuerza de trabajo, y el aporte a la seguridad social de sus empleados.

En un segundo momento convendría revisar la tan cacareada política de sustitución de importaciones. Esa estrategia que, desdeñando los beneficios del libre comercio, los gobernantes cubanos se obstinan en enarbolar. Porque un país debe de producir aquello que cueste más caro traerlo de afuera. En caso contrario, como sucede actualmente en muchas ramas y sectores de la isla, la economía se llena de empresas ineficientes, productoras de artículos de poca calidad, y con altos costos de elaboración,

Y, claro, las entidades cubanas se pueden dar el lujo de sobrevivir en esas condiciones debido a que prácticamente no existe la competencia, ese mecanismo que expulsa del mercado a las empresas menos eficientes. Lo anterior incluye la incapacidad del Estado para competir con los cuentapropistas, y de ese modo hacer que estos últimos bajen los precios y tarifas de sus ofertas.

Por último, los bajos niveles de producción e importación que exhibe la economía cubana conllevan a que la oferta esté por debajo de la demanda en la mayoría de los surtidos. Una coyuntura que, lógicamente, aprovechan los productores para elevar los precios de sus mercancías. Se trata, además, de un desbalance típico en casi todas las economías estatizadas, donde se produce a toda costa, sin importar la satisfacción del cliente.

El citado dosier recoge algunos criterios que abogan por que el Estado tope los precios de determinados productos. Los que piensan de esa manera olvidan que ese es el clásico “pan para hoy, y hambre para mañana”. Porque topar precios implica la desmotivación de alguno de los eslabones de la cadena: el productor o el comercializador.

Un producto con precio topado, o deja de producirse, o el comercializador opta por no llevarlo al mercado oficial, y ofertarlo después en la bolsa negra. Entonces, ¿De qué valdría un precio más asequible, si al final el producto se pierde de las tarimas o anaqueles?

La solución no está en una mayor presencia del Estado en los procesos económicos. Al contrario, ella empieza por permitir el libre accionar de todos los sujetos económicos de la sociedad.