Los robos de material golpean las obras iniciadas por inversiones extranjeras.

Por Agencias.

Los robos y otros actos delictivos lastran el desempeño del sector de las construcciones y de las industrias en Cuba, afectando especialmente a las obras abiertas por las nuevas inversiones extranjeras.

Así lo pusieron en evidencia este sábado diputados al Parlamento, que exigieron eficacia estatal en el combate a esos problemas, informa Prensa Latina.

Los legisladores que integran la Comisión de Industria, Construcción y Energía examinaron la situación en la construcción y las industrias, a partir de las exposiciones hechas por los ministros de ambas ramas, René Mesa y Salvador Pardo, respectivamente.

En la sesión de trabajo, realizada en el Palacio de las Convenciones, los titulares informaron sobre las principales medidas de control y fiscalización estatal durante el último año para contener sustracciones ilegales de recursos y hechos de corrupción.

Según explicaron, distintas entidades del Estado, incluidos la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Contraloría, participan en el análisis y en la adopción de medidas, a fin de mejorar el empleo de los bienes materiales y los fondos públicos.

En la rama de las construcciones, las principales violaciones están asociadas al robo de materiales y de combustible en instalaciones fabriles y en obras abiertas como parte del proceso inversionista en el país, expuso Mesa.

Para el Ministerio de Industrias, "resulta imprescindible reforzar los mecanismos con vistas a evitar el mal manejo de surtidos como herrajes sanitarios, productos de higiene personal, tejidos, barras de acero, cables eléctricos y telefónicos", ilustró Pardo.

Tales procederes ilícitos hacen que renglones como los mencionados vayan a parar al mercado negro, lo cual provoca importantes daños a la economía nacional, evaluaron los diputados al exigir mayor eficacia administrativa y movilización de los sindicatos para contener indisciplinas y delitos.

De acuerdo con lo expuesto por los ministros, en este último año aumentaron los procesos de auditorías, así como las sanciones administrativas y penales a los infractores.