El que sabe, sabe.

Por Fernando Dámaso.

Los medios oficialistas abundan sobre los disímiles problemas que afectan al sector agropecuario del país. Escriben y hablan de deficiencias administrativas y organizativas, planificación superficial, malos contratos, incumplimiento de las cosechas, falta de recursos y pésima utilización de los existentes, implementos de mala calidad con elevados precios, carencia de fertilizantes y de otros insumos necesarios, ausencia de regadíos, cosechas no recogidas en tiempo, productos echados a perder o pobremente comercializados, caminos en mal estado e insuficiente transporte, mal funcionamiento de acopio, exagerados márgenes de ganancia, pobre explotación de tierras, mal manejo del ganado, muertes y pérdidas del mismo, ausencia de fuerza de trabajo, baja productividad, falso cumplimiento de los planes, impagos a los productores y muchas cuestiones más.

Dirigentes de todas las instancias repiten que se están tomando las medidas pertinentes para resolver la situación, algo que llevan haciendo desde hace más de medio siglo, sin resultados palpables. También exhortan a los campesinos a trabajar con conciencia, elevar el sentido crítico y las exigencias, comprometerse con el Partido y con la patria, ser dignos de la responsabilidad depositada en ellos, acabar con la anarquía, y otras frases hechas, más cercanas a las consignas políticas que a las leyes económicas.

Que el sistema socialista no funciona en ninguno de los sectores donde se hace presente no constituye ningún secreto. Sin embargo, es en el agropecuario donde mayor aparecen sus fallas, ya que las mismas afectan, de una u otra forma, a todos los cubanos, debido a que la necesidad de alimentarse, con productos escasos y de altos precios, forma parte del día a día de la mayoría de las familias. Hasta ahora, las medidas tomadas últimamente tampoco han aportado mucho, incluido el otorgamiento de tierras en usufructo.

Los dirigentes parecen desconocer la forma de encauzar correctamente al sector, algo que muchos campesinos, cuando se conversa con ellos, parecen saber. Resumiendo las opiniones de algunos, tanto pequeños propietarios como usufructuarios, esto es lo que proponen:

Entregar todas las tierras en propiedad (nada de usufructo) y que el pago por las mismas se realice mediante amortización con parte de las cosechas realizadas; regular la tenencia de la tierra y evitar latifundios, sin menoscabar el derecho a poseer más de los mejores productores; dejar que sea el productor quien determine qué sembrar, qué cantidad y dónde y cómo comercializarlo; que los precios surjan de la relación oferta-demanda y no sean fijados por el Estado; reconocer al intermediario como eslabón necesario entre el productor y el comerciante; autorizar la existencia de establecimientos particulares, además de los estatales, para la venta de implementos agrícolas; otorgar créditos bancarios con impuestos razonables para el desarrollo de la producción y la adquisición de equipamiento tecnológico; liberar el comercio interno y externo del monopolio estatal.

Tal vez aquí no se encuentren todas las medidas necesarias, ni el contenido de las mismas abarque todos los aspectos a tener en cuenta, pero, sin la menor duda, de ponerse en práctica, estas ideas incidirían positivamente en el mejoramiento del sector.

Claro está que también representarían una pérdida importante del poder económico actualmente en manos del Estado. La pregunta es: ¿estarán nuestras autoridades dispuestas, por el bien de los cubanos y del país, a dar estos pasos?