Por Elías Amor.
Bodega en La Habana.
Los medios oficiales de difusión del régimen comunista cubano se están empleando a fondo en justificar la Tarea Ordenamiento. Para conseguir este objetivo, Marino Murillo -el llamado Zar de las reformas- ha recibido todo el apoyo, mientras que el gobernante Miguel Díaz-Canel se ha ubicado en un prudente segundo plano para ver, desde cierta distancia, cómo evolucionan los acontecimientos. En realidad, ambos están viajando por las provincias, pero quién sale en las fotografías y al que recogen declaraciones es a Murillo.
En concreto, el mensaje del funcionario -que se repite de forma incesante- justifica el hecho de que aun cuando el país se encuentra atravesando por un complejo escenario, la implementación de la Tarea Ordenamiento para impulsar la estrategia de desarrollo económico-social es necesaria.
El argumento de la supuesta necesidad del ordenamiento cae por su propio peso. Y es que el balance de costes y beneficios de la política en este primer mes y medio deja muy mal cualquier valoración que se pretenda realizar del proceso. Peor aún es lo que viene, así que el mensaje de Murillo, más que propaganda, se acaba convirtiendo en un insulto a la razón y una imprudencia, toda vez que es responsabilidad de un dirigente político informar a los ciudadanos de lo que viene por delante, sobre todo para que la gente sepa reaccionar y no acabe estando en una situación mucho peor.
¿Por qué la Tarea Ordenamiento no es necesaria y Murillo no lo quiere reconocer?
Primero: las nuevas medidas no van a servir para resolver los problemas de la economía cubana, dígase las célebres trabas y falta de encadenamientos. La Tarea Ordenamiento está confirmando, precisamente, que es difícil sustituir o eliminar trabas si, al mismo tiempo, no se adoptan medidas de reforma estructural que permitan a los cubanos dejar de depender del estado totalitario. No se ha rectificado nada y lo único que se ha logrado es crear un estado de incertidumbre e inquietud en amplios sectores de la población, que cuestionan abiertamente las medidas adoptadas.
Segundo: las evidencias disponibles en este primer mes y medio de los efectos de la Tarea Ordenamiento no pueden ser más negativas. El tipo de cambio en el mercado informal ronda los 60 dólares; la inflación sigue descontrolada; las medidas de represión contra los trabajadores por cuenta propia no dan resultados; los salarios y pensiones han perdido todo el poder adquisitivo y muchas empresas estatales se muestran incapaces de afrontar los precios más elevados de las importaciones que no se pueden sustituir por oferta nacional, ya que no existe. De encadenamientos, nada.
El balance no puede ser peor. En tales condiciones, alguien debería asumir el timón de la nave antes de que zozobre. La dirección política del país, con Díaz-Canel a la cabeza, ha preferido descargar cualquier responsabilidad de lo que pueda ocurrir en Murillo, quien podría terminar pagando los platos rotos del desastre. Y eso no sería correcto, porque la responsabilidad no solo es de él, sino de quién aspira a llegar al próximo cónclave comunista con los deberes hechos para asegurarse un puesto en la cúpula del poder. Estrategias de este calibre son poco recomendables en tiempos complicados como los actuales.
Tercero: si bien es de vital importancia ajustar problemas de diseño y corregir errores de aplicación de lo dispuesto en la Tarea Ordenamiento (corregir lo necesario, como dice Díaz-Canel), lo cierto es que, hasta la fecha, tan solo se han modificado algunos precios y tarifas. Poco más.
A pesar de que los cambios que se están produciendo -por ejemplo, en el valor real del CUP-, estos van a acabar generando más daños de los que ya se perciben. La no aceptación del CUC en muchas tiendas apunta a que una vez desaparezca la moneda instrumental, la soledad del peso cubano va a caer como una pesada losa sobre su cotización, y cabe esperar cualquier cosa de ello, sobre todo en las transacciones en la economía real, pero igualmente en el sistema bancario y financiero, que puede acabar colapsado si no aumenta el flujo de entrada de divisas a la economía.
Cuarto: la Tarea Ordenamiento es una política impuesta por el gobierno que no ha alcanzado el necesario grado de consenso para su implementación de la forma más eficiente. Solo así se puede comprender el sálvese quien pueda en muchas empresas estatales al aumentar sus precios por encima de lo dispuesto por las autoridades o la manifiesta incapacidad de la planificación central para encontrar alguna explicación y/o solución a lo que está pasando.
La Tarea Ordenamiento podría haber tenido éxito si sus objetivos se limitaran a lo que en realidad era necesario: unificar las monedas y dar un sentido real al peso cubano. Un análisis correcto de fundamentales de la economía cubana habría sido suficiente, y un Banco Central dispuesto a sostener el cambio frente a los mercados internacionales de capital.
Pero el añadido del batiburrillo de las reformas en los precios, aumentos de salarios y pensiones, y reducción de subsidios y gratuidades, sin cambios estructurales previos, ha conducido al fracaso, ya que el estado comunista en solitario con su planificación central se muestra incapaz de hacer frente a retos que solo el mercado y los agentes económicos privados -en concreto, la libre empresa- pueden asumir dentro de las condiciones de la libertad.
Tal vez las reformas estructurales que se necesitan nunca lleguen dentro del actual régimen. Ni la Estrategia Económico-Social ni el Plan de desarrollo 2030 aportan soluciones efectivas para que la economía cubana funcione de forma eficiente y sea capaz de prosperar. Las autoridades comunistas han prodigado el discurso haciendo referencia a unas trasformaciones en las que se hace necesario avanzar, pero esos cambios tienen poco que ver con lo que realmente se tiene que hacer en Cuba, como antes hicieron chinos, vietnamitas o europeos del Este.
El camino hacia la economía de mercado solo tiene una dirección y un sentido, y las “Tareas Ordenamiento” no conducen hacia un futuro mejor porque acaban, precisamente, “desordenando” lo que realmente se tiene que hacer. No es una cuestión de culpar a embargos o bloqueos, ni a un entorno complejo, ni a una crisis por la pandemia, o culpar a los que venden a precios más elevados obligando al pago de multas confiscatorias. El tiempo de los eternos experimentos en la economía castrista se acaba, porque no da para más habiendo caído -12% en 2020. El modelo económico social comunista está obsoleto, acabado, no sirve para dar solución a todos los sectores de la sociedad cubana, y conforme aumente el tamaño de las grietas de la injusticia social, el malestar irá en aumento. Después no será posible volver atrás.
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