Por Orlando Freire Santana.
Agromercado en La Habana, Cuba.
Entre los grandes perdedores de la denominada Tarea Ordenamiento se hallan los trabajadores por cuenta propia, así como también, como eslabones finales de la cadena, los consumidores de sus servicios. Todos los precios de los insumos y materias primas de los cuentapropistas se han elevado, lo que ha motivado que muchos de ellos, en general, hayan tenido que aumentar los precios y tarifas de sus producciones y servicios. Y esto último ha llevado a que algunos de sus clientes ya no puedan acceder a sus ofertas.
Las actividades de transporte de pasajeros, y la elaboración y venta de alimentos son una muestra de lo anterior. A los transportistas ahora les resultan más costosos las reparaciones, piezas y accesorios para sus vehículos, sin contar que algunos componentes deben adquirirlos en moneda libremente convertible (MLC). Las tarifas mínimas de cinco y diez pesos prácticamente han desaparecido. Ahora los pasajeros deben pagar quince pesos para los tramos de transportación más cortos.
En el caso de las cafeterías y restaurantes (paladares), el precio de las comidas también se ha incrementado. El agudo desabastecimiento que se aprecia en agromercados y otros centros comerciales hace que los propietarios de los negocios privados adquieran la mayoría de los productos en la ilegal economía sumergida, a precios muy superiores a los fijados por el gobierno. En ocasiones los campesinos, de manera clandestina y burlando la vigilancia gubernamental, llevan las viandas, el arroz, los frijoles y la carne de cerdo hasta la puerta de los propios negocios particulares. Algunos platos que antes del Ordenamiento costaban 40 ó 50 pesos, ahora los consumidores deben abonar 100 pesos si quieren adquirirlos.
Otro tanto podríamos decir del recientemente anunciado Perfeccionamiento del Trabajo por Cuenta Propia. Las autoridades proclamaron, con bombo y platillo, que el fin de la lista de actividades autorizadas a realizar por cuenta propia era la panacea de cualquier insatisfacción que albergaran los cuentapropistas.
Sin embargo, no ha sido así. Las 124 actividades que no se pueden realizar, casi todas relacionadas con tareas que demandan la calificación profesional de sus ejecutores, es el clásico “jarro de agua fría” sobre las cabezas de aquellos que aspiraban a mejorar su estatus económico basados en su talento técnico o profesional.
Y qué decir de algunas medidas anunciadas con el objetivo de controlar más a los trabajadores por cuenta propia. Por ejemplo, la presentación de las Declaraciones Juradas por los ingresos personales estaba reservada únicamente para las actividades más complejas y lucrativas. En lo adelante todos los cuentapropistas deberán presentarlas. ¡Alguien se imagina a un limpiabotas, o un vendedor callejero de maní, por lo general personas mayores y de poca calificación, confeccionando una compleja Declaración Jurada!
De igual manera, todos los cuentapropistas deberán abrir las cuentas fiscales en los bancos para el depósito de, al menos, el 65% de sus ingresos mensuales. Antes esas cuentas les eran requeridas solamente a las paladares, cafeterías, arrendadores de viviendas, transportistas y artesanos.
Las ferias que comercializan ropas y calzado reciben un golpe mortal, pues se prohíbe la venta de productos traídos del exterior. Imaginamos que toda esa mercancía pase a engrosar las ofertas del “mercado negro”, y que siga siendo muy demandada por la población si tenemos en cuenta la casi nula producción nacional de esos renglones.
Por último, las cuotas impositivas mensuales a pagar por actividades, que eran fijas para cada tipo de labor, en lo adelante se calcularán de acuerdo con el alcance del proyecto a realizar que presente cada cuentapropista. Se dice que los funcionarios de las oficinas municipales de la Administración Tributaria harán estudios para fijar esos impuestos a pagar. No son pocos los cuentapropistas que ya dudan de la probidad de esos estudios.
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