Por Orlando Freire Santana.
Un discurso recurrente de la propaganda castrista se relaciona con la enumeración de las personas que viven por debajo de la línea de pobreza en otras naciones, en especial en aquellas que no comulgan con la ideología comunista.
En cambio, los gobernantes cubanos nunca se han referido a la pobreza en la Isla. Ello a pesar de que internacionalmente se ha manejado un indicador que objetivamente indica la situación de pobreza de muchos cubanos de a pie: la existencia con menos de un dólar al día.
El oficialismo se defendía argumentando que la libreta de abastecimiento ofrecía una denominada canasta básica normada, que a precios subsidiados les posibilitaba a los consumidores estar al margen de los vaivenes de la oferta y la demanda en lo concerniente a la adquisición de los artículos de primera necesidad. Sin embargo, la tan cacareada canasta básica, que se concibe con una periodicidad mensual, se ha ido adelgazando de una manera tal que ya no cubre ni una semana de consumo. Algo que, por supuesto, le ha restado argumentos al Gobierno.
Así las cosas, las protestas populares del pasado 11 de julio han vuelto a poner en primer plano la pobreza que padece la mayoría de los cubanos. Con independencia de que el móvil de muchos de los manifestantes era el clamor por la libertad, no es menos cierto que fenómenos como el desabastecimiento, la carencia de viviendas, las colas y los apagones, entre otros, fueron los detonantes de no pocas de esas protestas.
Obligados por las circunstancias, los gobernantes, en especial el mandatario Miguel Díaz-Canel, recorren las zonas periféricas y los barrios desfavorecidos de La Habana con vistas a tratar de resolver los problemas sociales que se acumularon en esos lugares debido a tanto tiempo de desatención por las autoridades. La maquinaria del poder declara que de todas maneras, con protestas o sin ellas, las visitas gubernamentales a esos sitios iban a tener lugar. Pero todos sabemos que el temor de que se produzcan nuevas manifestaciones es la fuerza que mueve a las autoridades.
En ese contexto se incluye una reunión celebrada hace poco, en la que Díaz-Canel conversó con los gobernadores provinciales y otros funcionarios. En la cita, el gobernante apuntó: “En Cuba hay personas en desventaja y que necesitan ayuda, en aras de cerrar brechas de desigualdad, y de ir superando vulnerabilidades sociales” (“Para que Cuba se reanime y avance, ¿cuánto más hacer?”, en periódico Granma, edición del 23 de septiembre).
Díaz-Canel se refirió en específico a la existencia de madres solteras y desvinculadas del trabajo, niños y jóvenes de familias disfuncionales, ancianos que viven solos y no les alcanza el dinero para comprar las cosas fundamentales que necesitan, así como personas que presentan desnutrición.
No obstante, nótese que el benjamín del poder acepta que en Cuba hay “personas en desventaja” y “vulnerables”, pero no menciona la pobreza. Evidentemente, él emplea un eufemismo para no reconocer que sus ciudadanos afrontan las mismas vicisitudes ―e incluso mayores― que tanto el castrismo ha criticado en otras sociedades.
Y el problema parece no tener visos de solución por el momento. De una parte, la burocracia y la inmovilidad que caracterizan a las autoridades territoriales en la Isla ha impedido que se use un presupuesto aprobado para asistir a esas personas en desventaja. Un asunto al que se refirió el primer ministro Manuel Marrero en la propia reunión.
Por otro lado, la galopante inflación iniciada tras la implantación de la Tarea Ordenamiento se traga sin piedad los salarios y las pensiones de los ciudadanos de a pie, los cuales se sumergen cada vez más en la pobreza. Esa que Díaz-Canel y compañía se empecinan en no llamar por su nombre.
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