Por Alberto Méndez Castelló.
Juan Contino, Carlos Rafael Miranda, Jorge Lezcano y Juan José Rabilero, ex-coordinadores nacionales de los CDR junto a Gerardo Hernández en la sede de los CDR.
Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la organización de delación paramilitar y parapolicial en activo más longeva del mundo, cumple 61 años este 28 de septiembre. “El comité”, como en tono despectivo o de alarma suele llamársele en Cuba, fue fundado personalmente por Fidel Castro en 1960. En seis décadas ha sido dirigido por innumerables funcionarios de bolígrafo y libreta, desde el general de cuerpo de ejército Sixto Batista hasta el señor Gerardo Hernández (actual coordinador nacional), ex agente de la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior (MININT).
Aunque a día de hoy el furor de muchos “cederistas” -como entre ellos mismos se llaman- ha menguado, en su momento - y tanto por encargo oficial de los órganos militares, policiales o judiciales, como extralimitados por la personalísima manía compulsiva del chivatazo de sus más connotados integrantes- los CDR fueron peligrosamente comparables a los obsesivos soplones de la Gestapo de Hitler.
Si bien los comités suelen ser objeto de bromas, nunca deben olvidarse las consecuencias legales que ello puede tener. Según el artículo 111 de la Ley de Procedimiento Penal (LPP) los responsables de vigilancia de los CDR “se consideran auxiliares de las funciones judiciales”, al mismo nivel que los integrantes profesionales de las fuerzas de orden interior, la Seguridad del Estado o que los oficiales en activo de las fuerzas armadas.
La formación de los “cederistas” organizados como un cuerpo de apoyo de los órganos represivos es singular. Interrumpiéndole la explosión de un petardo su discurso en La Habana, Fidel Castro anunció la formación de los CDR tan temprano como el 28 de septiembre de 1960, a su regreso de Nueva York, donde el día 26, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, diciendo más de su personalidad a psicólogos y psiquiatras que de su pragmatismo político, había pronunciado un discurso de 4 horas y 29 minutos.
En esa época, en La Habana todavía era posible adquirir petardos y el ruido de las explosiones no le habían permitido hablar tanto como en Nueva York. Fue entonces cuando Fidel Castro dijo: “¿Una bomba? ¡Deja…! Ese petardito ya todo el mundo sabe quién lo pagó, son los petarditos del imperialismo”, y luego el entonces primer ministro habló de implantar “un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria, que todo el mundo sepa quien vive en la manzana, qué hace el que vive en la manzana; y qué relaciones tuvo con la tiranía; y a qué se dedica; con quién se junta; en qué actividades anda”.
Obvio resulta decir -pero es necesario reiterarlo por cuanto significa una violación flagrante y continuada de los derechos humanos- que desde el momento en que Fidel Castro pronunció esas palabras hace 61 años y hasta el día de hoy, los cubanos sufrimos un asedio constante a nuestra vida privada. Y si un ciudadano es opositor al régimen, aunque no integre ninguna organización política, el asedio se transforma en combate abierto o solapado contra esa persona, por todos los medios posible, e incluso, involucrando más allá al vecino que vive o trabaja en la “manzana” y hasta a los niños en las escuelas.
Esa razzia la vimos de forma generalizada durante los llamados “actos de repudio” por la crisis migratoria del año 1980, pero de forma puntual, no hemos dejado de observarla ni antes ni durante la pandemia de COVID-19, y no sólo contra los opositores políticos, sino hasta contra campesinos adeptos al régimen que han sido despojados de sus propiedades por chivatazos de presuntos delitos que luego no han resultado tales ilícitos, pero, aun así, han visto expropiados sus bienes, como es el caso de un criador de cerdos en Puerto Padre, o el del muy publicitado fabricante de quesos en el occidente del país.
En el discurso pronunciado el 28 de septiembre de 1961, conmemorando el primer aniversario de los CDR, Fidel Castro dijo que solamente en la provincia La Habana ya se habían establecidos “treinta mil” comités, y en “toda la isla ciento siete mil”, y que cada comité tenía “no menos de 10 miembros”, pero que los había con “hasta 100 miembros”.
Esas cifras pueden dar al lector la idea de que ya en 1961, y teniendo como referencia comités de 10 integrantes, las 107 000 juntas de informadores policíacos activadas en Cuba contaban con más de 1 070 000 delatores, observando, días y noches, todo cuanto se movía a su alrededor. Y aunque ciertamente algunos lo hacían por motivos ideológicos de castrocomunistas convencidos, cumpliendo indicaciones de las autoridades, otros lo hacían extralimitándose “por cuenta propia”, por mero apego a la chivatería, o ambiciones de poder dentro de la nomenclatura, y, otros, quizás los más peligrosos y hoy día los más abundantes, eran y son meros tránsfugas empleados o administradores corruptos de los vastos monopolios comerciales del régimen, que, con tal de mantener sus prebendas, hacían y hacen hoy un negocio rentable de la delación. Tristísima, sí, Cuba y sus 61 años de chivatería.
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