Por Oscar Espinosa Chepe.
Los cambios propuestos por el general Raúl Castro no progresan en la medida necesaria. El motivo de que no hayan podido desarrollarse satisfactoriamente radica en la deficiente preparación, limitados alcances y la falta de visión integral para acometerlos, a lo que se agregan las contradicciones en la concepción y la falta de priorización de los objetivos principales a lograr.
La decisión de reorganizar la fuerza de trabajo empleada por el Estado resulta básica. Sin esa medida sería imposible el incremento de los niveles tan bajos de productividad, así como restablecer el orden y la disciplina en los centros laborales; pasos indispensables para aumentar el salario real, que no alcanza ni el 30.0% del existente en 1989, y mejorar las condiciones laborales, factores, a su vez, esenciales para restituir el interés por el trabajo en fase de deterioro acelerado, sin lo cual resulta imposible salir de la crisis.
La reorganización laboral requiere el despido masivo en centros de trabajo con planillas infladas, pero habría que crear puestos que absorbieran los desempleados. Para ello, debía priorizarse el desarrollo del trabajo por cuenta propia, teniendo en cuenta que el plan de despido abarca 1.3 millón de personas, aproximadamente el 25.0% de la fuerza de trabajo ocupada. Pero solo se autorizaron 178 actividades, muchas sin incidencia económica importante, tales como forradores de botones y cuidadores de baños.
Los Decretos-Leyes correspondientes han estado cargados de restricciones y considerables impuestos, especialmente los referidos a la contratación de fuerza de trabajo, sin existir las condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades, como un mercado de venta mayorista de los insumos necesarios. El sistema impositivo y las restricciones están diseñados para impedir el progreso de los negocios, por lo que no han permitido al trabajo por cuenta propia convertirse en una opción real en la magnitud requerida para las personas despedidas en el proceso de reordenamiento laboral.
El gobierno ha tenido que modificar el cronograma que preveía el despido de medio millón de cubanos hasta abril, lo cual está relacionado con el pobre desarrollo del trabajo por cuenta propia y otros factores como la deficiente preparación y desavenencias sobre la declaración de "personas disponibles" en los centros de trabajo. Así, queda sin poder avanzar adecuadamente el reordenamiento laboral.
Otro incumplimiento está en la entrega de tierras en usufructo. A casi tres años de la emisión del Decreto-Ley 259 y haberse otorgado más de un millón de hectáreas de tierras ociosas, o sea un 63.0%, su principal objetivo, el incremento de la producción agropecuaria, sigue sin alcanzarse. En 2010, cayó en un 2.8%, sin considerar la cañera, que se conoce fue catastrófica. En el transcurso de 2011, aunque todavía no se han publicado las cifras, pueden haber existido algunos aumentos en determinados cultivos, pero con niveles muy distantes de los requeridos con urgencia, cuando los precios de los alimentos alcanzan niveles estratosféricos en el mercado mundial. La necesidad de destinar enormes sumas a la compra de comestibles en el exterior, ahora incrementadas por la citada coyuntura comercial, seguirá ahogando la pobre capacidad de compra e impidiendo el despegue económico de Cuba.
Otro ejemplo de propósitos fallidos está en la implantación del sistema de pago por los resultados productivos, adoptado en febrero de 2008. Esta medida se realiza en un ambiente hostil y burocratizado, sin reorganización de la fuerza laboral en los centros de trabajo y falta de aseguramiento de los abastecimientos para garantizar el flujo productivo, lo cual hizo que esta medida -en principio justa- haya sido casi impracticable.
Esos temas, hasta donde se conoce, estuvieron ausentes en el VI Congreso del Partido Comunista. En modo alguno se habló de los excesivos impuestos y prohibiciones que impiden el desarrollo del trabajo por cuenta propia, y la resultante imposibilidad de crear puestos de trabajo que coadyuven a la ubicación de la fuerza de trabajo excedente. En cuanto al proceso de entrega de tierras solamente se habló, sin suficientes aclaraciones, de entregar tierras adicionales a quienes hayan mostrado progresos productivos en áreas recibidas, dejándose de lado cuestiones tan importantes como la ampliación de los plazos de usufructo -hoy solo 10 años-, facilitar que los campesinos puedan construir viviendas y otras instalaciones en los terrenos recibidos, y cláusulas claras sobre un pago adecuado para sus bienes en caso de que el Estado le retire la tierra concedida. También fueron soslayados problemas graves como la falta de libertad a los agricultores para comercializar sus productos y adquirir los insumos.
En el congreso nuevamente se abordaron los problemas de manera general, y con los tradicionales prejuicios sobre la ampliación de la propiedad. Se sigue manteniendo una visión distorsionada y contradictoria, lesiva hasta para el desarrollo de las iniciativas oficiales.
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