Por Gladys Linares.
Bodega en La Habana.
El 17 de diciembre de 2020 fue la fecha programada para el primer cobro de las pensiones con el tan anunciado aumento. Días antes, el 11 de diciembre, en el programa televisivo Mesa Redonda, Marino Murillo afirmó: “En el país ningún ciudadano quedará desamparado ni olvidado”, y añadió: “Todas las personas que reciben pensiones entre 280 y 300 pesos pasarán de manera automática a devengar 1.528 pesos, que es el costo de la canasta de bienes y servicios tomada como referencia”. Dicho así, daba la impresión de que todos estaríamos protegidos.
Sin embargo, ese día los pensionados recibieron una desagradable sorpresa. Una vez más los habían engañado: algunos cobraron 1.070 pesos, e incluso menos. No fue hasta entonces que se enteraron de que a ellos sólo les tocaba un determinado porcentaje de la cifra anunciada como el mínimo necesario. La enrevesada explicación para ello pocos pudieron entenderla. Lo que sí les quedó claro a este grupo de ancianos es que el ordenamiento económico los sumirá aún más en la miseria.
Rafaela es uno de esos ancianos engañados que pensaba cobrar la tan anunciada pensión mínima. Cuando la empleada le entregó 1.070 pesos, ella creyó que se había equivocado. Al reclamarle, dice, la mujer le sacó una cuenta rara que ella no entendió, porque eso no lo habían dicho en los medios. Su sensación de desamparo llegó al máximo cuando la empleada la remitió a la Gaceta Oficial, una publicación que hace meses no se ve en los estanquillos. “Son unos estafadores, dicen mentiras a sabiendas para que los que escuchan se crean que vivimos en el paraíso comunista”.
Durante el mes de noviembre se anunció la creación de la canasta de bienes y servicios, y que por primera vez se hacía en el país una evaluación integral de las necesidades básicas de la población. Según Francisco Silva Herrera, director general de ventas de mercancías del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN): “A partir de esa canasta de referencia se asegura que aquellos que reciban menos ingresos puedan sufragar ese consumo estimado”. Pero mi vecina Rafaela tiene razón: ellos saben que mienten y que esa aspiración –si es que lo es– no se puede cumplir, fundamentalmente a causa de los precios abusivos determinados por la escasez (bolsa negra) pero sobre todo impuestos por el régimen al pueblo empobrecido.
También mienten al declarar que algunas naciones incluyen el gasto de salud y educación, pero que no es el caso de Cuba, pues en la Isla estos servicios son gratuitos y, por ende, no están contenidos en el cálculo referencial de un salario mínimo. Otra gran burla al pueblo cubano. ¿O es que acaso la brutal subida de los precios de los medicamentos no es parte de los servicios de salud pública? Pues nadie se cura sólo con un diagnóstico médico. Eso, por no incluir los demás gastos que implican una hospitalización o una simple consulta, desde el alquiler de un carro particular, pasando por la comida de pacientes y acompañantes, hasta las meriendas y otras atenciones imprescindibles para mantener “contento” al personal médico, así como las tarifas clandestinas de análisis, rayos X, ambulancias y demás servicios, pues el sector de la salud pública no escapa del mercado negro.
Los ancianos son, una vez más, los más preocupados –y con razón– con los nuevos precios de los medicamentos. Una amiga que cobra pensión por viudez ya sacó la cuenta y sabe que no le va a alcanzar para la Atorvastatina, vital para su problema de colesterol, y que a partir de enero le costará 40,95 pesos.
“En la práctica las pensiones disminuyeron en vez de crecer”, reflexiona mi amigo Raúl. “Este aumento limitó mi poder adquisitivo, pues los productos y servicios se han encarecido considerablemente. Es una falsedad que nos creará la ilusión de que tenemos mucho dinero, pero la realidad es que podemos comprar menos cosas que cuando cobrábamos 300 pesos”.
Así pues, los gobernantes cubanos, conscientes de que se avecinan días difíciles para el pueblo –y por ende peligrosos para ellos–, intentan desesperadamente que los cubanos del exilio (otrora despreciados apátridas) ahora mantengan a sus familiares en Cuba, para lo cual no se cansan de idear mecanismos –convenientes para ellos pero humillantes para el pueblo– como la creación de aplicaciones para pagar las facturas desde el exterior.
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