¿Un “Consejo de Defensa” para fijar precios? No, gracias.

Por Elías Amor.

Otro absurdo de dimensiones inconcebibles en la economía cubana. Uno más de la larga lista. Leo, pero no me lo puedo creer. Igual que en la edad media, cuando el alguacil al servicio del señor feudal leía los edictos de obligado cumplimiento a los siervos. Lo mismo. Un llamado “consejo de defensa” de la Habana que, por mucho que intento entender qué tiene que ver con los precios de los bienes y servicios, tras realizar un análisis de los mismos aplicados en el sector estatal y del trabajo por cuenta propia, ha dictado que “todo precio que crezca 2,5 veces entre los trabajadores por cuenta propia, se considera abusivo y especulativo”. ¿Y por qué 2,5 veces y no 2 o 1,75? ¿Y en qué plazo de tiempo? ¿A quién se le ocurrió tremenda majadería?

La disposición procedió de la directora de finanzas y precios en la capital, la señora Grisel de la Nuez, el pasado sábado durante la reunión del “Consejo de Defensa” de La Habana que, al parecer, para los comunistas, es el órgano encargado de fijar los precios. Del mercado, nada. Así les va.

Desconozco si existe algún otro país del mundo, que no sea Corea del Norte, donde un “Consejo de Defensa” reemplaza al mercado en la fijación de los precios de los productos habituales de consumo, nada complejos, ni de carácter estratégico. Me refiero a cosas tan sencillas como refrescos, cervezas, aguas, maltas, pelados tradicionales y ponches que venden en sus establecimientos los trabajadores por cuenta propia. En Cuba comunista, existe un “Consejo de Defensa” como órgano encargado de conseguir que los precios no sean “abusivos”.

Bien, al menos ya se sabe a quién culpar de que los precios se disparen. Según dice la nota de Granma, este “consejo de defensa” evalúa los precios con la colaboración de un conjunto de trabajadores por cuenta propia (¿cuántos y qué representatividad de sectores y actividades tienen?) que venden esos productos. Es decir, no se ha tenido en cuenta la demanda ni mucho menos las necesidades y gustos de los consumidores. Después de cosas como estas, es un milagro que la economía comunista cubana funcione.

Otra información, sobre el mismo asunto, publicada en el periódico Tribuna de La Habana señala que, después del encuentro entre “consejo de defensa” y trabajadores por cuenta propia, se acordó continuar con las tareas de monitoreo de los precios mayoristas y minoristas y comprobar si los mismos se ajustan a las resoluciones aplicadas por las autoridades, como se ha hecho en los helados Coppelia y Varadero, los parques de diversiones, la tercera categoría de la gastronomía popular, la merienda escolar y el Sistema de Atención a la Familia (SAF), entre otros.

No se sabe en qué consiste ese análisis de los nuevos precios, porque vienen a ser un múltiplo genérico de los existentes en el año anterior, guardando proporciones con lo que aumentan los salarios. La unificación de las dos monedas tiene estas consecuencias a las que, seguramente, pronto los ciudadanos se acostumbrarán y volverán a visitar el parque Forestal y Finca de los Monos, Expocuba y Maestranza, Zoológico Nacional y Jardín Zoológico, la Isla del Coco y Parque Mariposa. Los precios de estos establecimientos son muy variados y oscilan entre los cinco y diez pesos cubanos (CUP).

La cuestión no es el precio, que puede ser alto o bajo, o si se corresponde o no con las tendencias subyacentes de la economía, el asunto es que los precios en La Habana los establece un “Consejo de Defensa” que no solo los fija, de obligado cumplimiento, como el alguacil medieval al servicio del señor, sino que tiene también competencias, como los verdugos al servicio del señor del castillo, para reprimir las violaciones de precios relacionados con la Tarea Ordenamiento. No se anda con juegos el equipo represor. Entre el 1 y el 8 de enero se realizaron 97 decomisos y se retiraron 5 licencias.

Alguien podría justificar este “Consejo” en la defensa lo que denominan “núcleos vulnerables” para hacerles llegar lo antes posible las chequeras o a atender a las personas de las unidades del SAF en sus domicilios. Se podría justificar, hasta cierto punto, su existencia y con ello el presupuesto a cargo del estado, seguro que elevado, con que financian sus actividades, aunque tal vez se debería cambiar el nombre, que no está relacionado con su cometido.

Lo que es del todo improcedente y no tiene argumento desde el punto de vista de la racionalidad y la eficiencia económica es que este “consejo” sustituya al mercado en la determinación de los precios, que se autoengañen fijando los precios desde la perspectiva de la oferta y no de la demanda, y que su posición le faculte para reprimir a trabajadores por cuenta propia que no cumplen con las reglamentaciones.

No hay ninguna justificación a favor de otorgar a una entidad intervencionista funciones que se resuelven de manera libre y espontánea entre oferta y demanda en todos los países del mundo. Sugiero a Miguel Díaz-Canel, cuando se empiece a quedar sin dinero para financiar el gasto público, que este año va a ser muy pronto, que cierre estos “Consejos de Defensa” y mande a trabajar a las empresas estatales a sus empleados, porque ahorrando el presupuesto destinado a los mismos conseguirá matar dos pájaros de un tiro: liberar más recursos para actividades prioritarias y dejar que sea el mercado, oferta y demanda, el que fije los precios libremente. Me consta que él es consciente que esta alternativa es mucho más eficiente. Lo único que tiene que hacer es ponerla en marcha. Argumentos tiene.

Aún no había acabado de leer la nota de la labor del “Consejo de Defensa” en materia de precios, que otra publicada en Granma volvió a sobresaltar mi atención. El diario oficial del régimen se preguntaba en la misma, “¿Qué acciones legales pueden tomarse contra los especuladores?”

La pregunta no es baladí, porque los precios se van a disparar. Posiblemente mucho más de lo que ya lo han hecho, obligando a las autoridades a revisar tarifas publicadas. No es extraño que la gente esté preocupada. Dejar en manos de los gobiernos municipales y de los “Consejos de Defensa” esta labor relacionada con los precios es imprudente, porque ello atenta contra la unidad de mercado nacional, y acabará creando muchos problemas de todo tipo. Ignoro si no lo saben, pero todos esos burócratas encargados de fijar y controlar precios deberían ser conscientes de que tras una devaluación los precios aumentan. Y que esos listados de precios aprobados que tratan de forzar en su aplicación, acabarán siendo papel mojado más pronto que tarde. Actividades como bares, gastronomía, transporte de pasajeros o la comercialización de productos del agro registran incrementos de precios tras la devaluación porque los costes de los productos importados son más elevados, al margen de la aplicación de los factores de conversión tras la unificación de las monedas. Y no digamos cuando desaparezcan los subsidios, entonces será peor aún.

Los “controladores de precios” deberían saber que intentando aplicar sus listados ad hoc lo único que van a conseguir es una inflación descontrolada que, en el caso cubano, acaba siendo escasez y racionamiento, escenarios que, por desgracia, los nacionales conocen bastante bien.

La inflación que se está produciendo, y la que va a ocurrir más adelante, alimentada por las elevaciones de pensiones y, sobre todo, de salarios que no guardan relación con la productividad económica, no se va a poder mantener dentro de los límites planificados. La economía cubana entrará en un período no muy lejano en lo que se conoce como espiral de precios y salarios que contribuirá a crear las condiciones para una nueva devaluación del peso cubano, posiblemente, el doble o más de la tasa actual.

Y lo malo es que ese tampoco será el final de la historia, porque, al devaluar, una vez más se pondrán en marcha los mecanismos inflacionistas. Es decir, si alguien no lo remedia, la economía cubana puede entrar en 2021 en un círculo vicioso de estancamiento económico e inflación, la denominada estanflación, cuyo único responsable es el régimen y sus “Consejos de Defensa”.

Quien avisa no es traidor. Quizás sea tarde, pero aún es posible adoptar medidas estructurales que cambien el destino oscuro que espera a la economía cubana si se mantienen las tendencias actuales.

O tal vez no. Se podría pensar que el régimen comunista está detrás de las subidas de precios para justificar una intervención intensa en la actividad por cuenta propia y recentralizar la economía con más planificación central, más estado y más intervención.  La Estrategia tiene esa letra y música. La Tarea Ordenamiento también puede ayudar, si se consuman todas las reformas de ingresos, pensiones y subsidios. De perdidos al río, dice el refrán. Los culpables son fáciles de identificar: los especuladores, y lanzar el aparato de propaganda y de represión del régimen contra ellos puede suponer, en momentos difíciles para la mayoría de la población, un cierto apoyo social.

En esta estrategia, el gobierno ha conseguido arrastrar a los poderes locales y municipales a los que ha impuesto salarios en los grupos más elevados de la clasificación para tenerlos del lado, al tiempo que refuerzan los “Consejos de Defensa” para que se encarguen de la tarea sucia. El gobierno, además, quiere parecer convincente, y se empeña en dar avisos para que se cumplan sus mandatos, sin tener en cuenta las complejidades del momento. Los precios abusivos, además, son un concepto etéreo, difícil de concretar en un país con uno de los salarios nominales más bajos del mundo.

Especuladores, acaparadores, coleros, todos los que intenten atacar las bases del sistema económico, serán perseguidos y eliminados. La figura delictiva será juzgada por tribunales que carecen de independencia del ejecutivo y que tendrán ya preparadas las sentencias, castigos y sanciones. Todo dentro de la falsa legalidad comunista.