Por Elías Amor.
El papel de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la economía cubana es fundamental, mientras que la forma de implementarlas por las autoridades comunistas va a ser determinante para el futuro del país. En una reciente Mesa Redonda sobre este asunto se adelantaron algunas de las líneas en las que trabaja el equipo del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.
En este punto, ya se advierte la inconveniencia de las vías esbozadas por las autoridades. Por ese camino, no crearán un marco adecuado para las MIPYMES en Cuba.
¿Cómo se puede justificar esta afirmación?
Básicamente, porque en la reforma predominan los criterios políticos e ideológicos, más que los técnicos y empresariales; y con estas exigencias no pueden salir bien las cosas en modo alguno. En tales condiciones, el ministro resulta poco creíble cuando afirma que están abriendo espacios para la libertad económica del sector no estatal, la zona donde se encuentran las MIPYMES. Los datos confirman que más de 700 000 personas han adquirido un estatus de cierta independencia del Estado gracias al trabajo por cuenta propia. Las políticas económicas deberían orientarse a preservar ese sector, sin dudas fundamental para la economía. Pero no parece que vayan por ahí las tendencias.
El ministro anunció que se ha evaluado y aprobado iniciar el proceso de constitución de las MIPYMES, de forma tal que en esta primera etapa sea posible poner cada cosa en su lugar. Y en este punto, afirmó una de las ideas más complicadas de la Mesa Redonda en cuestión, al señalar que un trabajo por cuenta propia que tenga 10, 15, 20 o 40 trabajadores puede ser considerado una micro, pequeña y mediana empresa, aunque no estén constituidas bajo esa forma jurídica específica. Mal comienzo.
¿Se ha planteado el ministro si al trabajador por cuenta propia le interesa convertirse en una empresa, sea cual sea su tamaño? ¿Sabe el ministro que el emprendedor es quien mejor puede saber cuál es la forma jurídica más adecuada y eficiente para su negocio, y que obligar a todo el mundo a vestir el mismo traje de rayas es una práctica carcelaria que va en contra de la libertad que buscan los emprendedores? ¿De qué se está hablando? Lo único que tiene que hacer el ministro es dar libertad a los agentes para que elijan la forma jurídica, y después, quedarse al margen del proceso, no intervenir de forma directa. Así todo iría mucho mejor.
Pero no parece que vaya por ahí la reforma prevista. El ministro anunció que se ha decidido que un cuentapropista solo pueda tener, como máximo, dos o tres trabajadores contratados, en tanto que las MIPYMES podrán tener libertad para la contratación indefinida de trabajadores. Mal, muy mal empezamos.
Gil Fernández debería saber que hay trabajadores por cuenta propia que por las características de su negocio no tienen interés en pasar a ser empresa, pero tienen unas extraordinarias capacidades para generar puestos de trabajo. Alternativamente, hay MIPYMES que para tener éxito no precisan de abundante empleo, sino de un marco jurídico favorable para operar. Los comunistas no pueden intentar regular esta realidad económica plural obligando a vestir a todo el mundo con el mismo traje.
En este punto surgen no pocas preguntas sin respuesta: ¿A qué viene esta discriminación que obligará a muchos trabajadores por cuenta propia a convertirse en MIPYMES? ¿Por qué cree el ministro que el cuentapropista que se convierte en una cooperativa o una micro, pequeña y mediana empresa debe tener más autonomía y capacidad de gestión que bajo la fórmula del trabajo por cuenta propia, del autónomo?
Es evidente que existe un desconocimiento preocupante del papel que en las economías de mercado tiene el trabajo autónomo, una de sus bases estructurales y que en Cuba continúa sin una regulación adecuada.
Por dicho motivo, antes de ponerse a ordenar nada, se recomienda al ministro avanzar en la constitución de un marco jurídico para el trabajo autónomo o por cuenta propia, que sea moderno, eficiente, garantista, sin límites en cuanto a la ejecución y con la personalidad que permita su funcionamiento sin injerencias. Si acierta, podrá comprobar lo que significa de positivo para la economía. No hay justificación alguna ni de gradualidad ni de complejidad para no acometer este gran reto antes de lanzarse a las MIPYMES.
Si realmente se pretende liberar las fuerzas productivas, quitar trabas, para que haya una responsabilidad de los actores económicos no estatales desde el punto de vista jurídico y pueda separarse el patrimonio individual del patrimonio de la entidad, lo primero que se tiene que hacer es crear un régimen jurídico específico para el trabajo autónomo similar al de otros países, y después, ya vendrá lo que tenga que venir.
No parece que vayan por ahí las preferencias de los dirigentes comunistas. La idea es forzar una eventual desaparición del trabajo por cuenta propia para transformarlo, en la medida de lo posible, en micro, pequeñas y medianas empresas privadas. Esto resulta perverso y contrario a la racionalidad económica. Al ministro hay que avisarle antes de que cometa ese error. Si realmente hace esto, conseguirá eliminar los trabajadores por cuenta propia y no habrá MIPYMES que generen empleo. Este no es el camino para la transformación estructural. Antes hay que dar solidez y garantías jurídicas a los trabajadores por cuenta propia.
Otra pista falsa de la que debe huir el ministro es el criterio de segmentación que han planificado para clasificar las micro, pequeñas y medianas empresas, en función del número de trabajadores. Se ha establecido una escala: la micro empresa es aquella que tiene entre uno y 10 ocupados. Una pequeña, de 11 a 35, mientras que una mediana empresa tiene de 36 hasta 100 ocupados.
Este tipo de clasificaciones, desde hace tiempo, han sido abandonadas, y si no lo sabe el ministro, que pregunte a sus socios italianos por las PYMES de Lombardía. Allí hace décadas descubrieron que el número de ocupados no correlaciona con las empresas, ya que habían microempresas con una facturación muy superior a la de grandes empresas gracias al modelo putting out system que funciona con éxito en aquella región y que conduce a una subcontratación de tareas entre PYMES para acabar implementando el producto final. El régimen cubano siempre va por detrás de los cambios en el mundo.
Un aviso a navegantes: hay que evitar que el corsé jurídico que viene para las MIPYMES impida su funcionamiento y que sea un obstáculo o bloqueo más del régimen contra la actividad económica. De hecho, la referencia a la obsesión por la “concreción de diseños” recuerda, y mucho, a Marino Murillo cuando en la antesala del verano de 2020 dijo lo mismo con respecto a la “Tarea Ordenamiento”, que entró en vigor seis meses después.
La cocina intervencionista del régimen se ha puesto a funcionar a toda máquina para disponer un marco jurídico inmovilizador de la actividad privada. Mala noticia. De hecho, dicen estar trabajando con los organismos en los territorios para identificar los primeros que se convertirán en MIPYMES. Nada de libre elección, ni de unidad de mercado. Dividirán la actividad empresarial para impedir su crecimiento de escala. Los dirigentes comunistas están convencidos de que las MIPYMES nacen para ser así toda la vida, pero en realidad, muchas empiezan siendo pequeñas y acaban convirtiéndose en empresas grandes. Nada debe estar fijo e inamovible. Esta vía de escala en Cuba, al menos de momento, es inviable.
Gil Fernández destacó que hay un alto grado de consenso en el Gobierno para avanzar en esa dirección y, al respecto, dijo que su ministerio tiene la responsabilidad de conducir el proceso. También mostró su optimismo por los resultados de una indicación de Raúl Castro (todavía están en esas) de remover la empresa estatal para lograr que sea competitiva, que tenga incentivos hacia lo interno y competitividad hacia lo externo.
En opinión del ministro, lo que se busca es crear incentivos para la empresa estatal, a fin de ponerla a operar en un marco de mayor competitividad, entendiendo que un escenario así puede conducir al perfeccionamiento y ampliación en el sector no estatal, que con su estructura tiene que jugar un papel en la economía, con empresas de alto valor agregado e innovación.
En su opinión, no se trata de una válvula de escape, sino de reconocer el sector no estatal como un actor del modelo económico cubano, y aquí el ministro no estuvo acertado, cuando dijo: “Somos tan responsables de que funcione eficientemente una empresa estatal como el sector no estatal, porque todos conforman el modelo. No hay un ‘ellos’ y un ‘nosotros’”. Se equivoca: si pretende aumentar el intervencionismo del Gobierno hacia el sector no estatal acabará destruyendo lo poco que queda.
Al ministro hay que explicarle que una cosa es colaboración pública y privada, con la que estamos de acuerdo, y otra bien distinta es regresar a 1968 con otra “ofensiva revolucionaria” que ponga fin al sector privado sometiéndolo al control estatal. Ese sería un fracaso de difícil recuperación, y que conviene apartar de los planes.
Podrá calificar de “enemigos del país” a los que defendemos la necesidad de límites precisos entre lo público y lo estatal. La experiencia del totum revolutum no va a ningún sitio. Cada sector tiene su papel y sus funciones, y se debe respetar la autonomía y soberanía. Cualquier otra vía es un desastre.
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