Si algo funciona en Cuba es la represión.

Por Iván García.

Muy cerca de donde está enclavado el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, fundado por la reconocida artista disidente Tania Bruguera en la calle Tejadillo, Habana Vieja, dos policías apuran sus cigarrillos recostados en la puerta del auto patrullero. En la otra bocacalle, un tipo vestido de civil observa sin disimulo a las personas que entran y salen del Instituto.

Según una vecina de la zona, “llevan con ese gardeo a Tania desde hace meses. Todo el mundo tiene que estar quieto en base. El barrio está lleno de policías, chivatos y segurosos”, dice. Incluso han instalado cámaras de vigilancia. Un día sí y otro también, ha denunciado Bruguera, le cortan el servicio de internet en su teléfono móvil. Recientemente la artivista, como ella se define, tuvo que soportar un intento de linchamiento verbal orquestado por la Seguridad del Estado.

A esos linchamientos verbales en Cuba se les conoce como actos o mítines de repudio. Surgidos a mediados de los años 70, son una puesta en escena organizada por la policía política, que convoca a decenas de ciudadanos para insultar, golpear o lanzarle objetos a quienes piensan diferente. Se pusieron de moda en 1980 durante la estampida del Mariel, donde más de 125 mil cubano shuyeron en lanchas hacia Estados Unidos. En esa época le lanzaban piedras, huevos o tomates en las casas de las personas que emigraban, despectivamente denominadas ‘escorias’ por el dictador Fidel Castro.

El régimen nunca se ha disculpado públicamente de aquellos salvajes pogroms de corte fascista. Los actos de repudio se utilizan actualmente contra los opositores anticastristas. Acorralados como si fueran ratas, señalados por las autoridades como ‘mercenarios, lumpen y traidores’, esas tácticas intimidatorias son ilegales e incluso violan la propia Constitución implementada por el gobierno.

Es una forma sofisticada de tortura que provoca inestabilidad emocional. Un ex oficial de la inteligencia cuenta que el objetivo “es quebrar al opositor, crear tensiones entre los activistas, amigos y familiares y acrecentar la paranoia. La intención es que el disidente se marche del país. Estas tácticas afectan síquicamente”.

A pesar de la metódica represión a los disidentes más connotados, Tania Bruguera demostró que la Seguridad del Estado no es infalible. En la mañana del 8 de junio evadió a sus captores y pudo hace su denuncia en una Cumbre de Ginebra 2021 asupiciada por la ong United Nations Watch. Su relato fue estremecedor. “Llegas a una estación de policía donde te desnudan y te interrogan sin antes leerte tus derechos, no te permiten hacer una llamada y nadie sabe de tu paradero. Imagínate que eres uno de los 170 presos políticos que existen hoy en Cuba”, dijo Bruguera en su discurso virtual.

Aunque hay claras evidencias y miles de denuncias, el régimen de La Habana mantiene su narrativa de que Cuba es un Estado democrático y que todos sus ciudadanos tienen derecho a asesoría legal y un juicio imparcial. Gerardo, abogado de un bufete colectivo, desmiente esa tesis: “Las sentencias a los opositores vienen dictadas de arriba. Son juicios amañados. Ni el mejor abogado del mundo lo salva de una sentencia preestablecida. La mayoría de los abogados no quieren representar a un disidente. Las opciones de ganar un pleito son de cero”.

A pesar de la parcialidad de los tribunales, los opositores, antes de elevar sus acusaciones en foros internacionales, efectúan sus denuncias en las instancias jurídicas locales. La maquinaria legal, dependiente del Estado, siempre falla en su contra. Desde el mes de diciembre, alrededor de veinte activistas o periodistas sin mordaza se les impide salir de sus viviendas. Iliana Hernández, periodista de CiberCuba, llevaba 62 días sitiada en su casa ubicada en Cojimar, al este de La Habana. Las veinticuatro horas su vivienda está vigilada por agentes de la Seguridad del Estado.

Frente a su casa han colocado una cámara de vigilancia. Y ni siquiera puede a salir a realizar las compras. Detienen a los activistas que la van a visitar. Hernández, ciudadana española, expresa que no ha tenido respaldo por parte de la Embajada de España en La Habana.

“No puedo salir de mi casa. Cada vez que lo he intentado me detienen. La embajada española sigue brillando por su ausencia”. Y aunque no ha recibido solidaridad directamente del gobierno ibérico, Iliana reconoce que otros activistas están aún peor, “pues yo estoy presa en mi casa, pero los que protestaron el 30 de abril en la calle Obispo están presos en celdas. La solidaridad internacional debe centrarse en ellos”.

La represión abarca todo el país. Al este de la isla, la brutalidad suele ser mayor. Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión y fundador de la Alianza Democrática Oriental (ADO), señala que el hostigamiento en las provincias orientales “ha estado a tono con lo que está pasando en Cuba. De momento, nuestra organización tiene actualmente dos presos políticos, Roberto Perdomo Fuentes y Eldris González Pozo».

Roberto Perdomo Fuentes, coordinador de la ADO en el municipio Mella, Santiago de Cuba, desde 2014 tenía una acumulación de multas, de unos diez mil sesenta pesos. «Esas multas fueron impuestas por sus actividades contestatarias, pegar carteles y otras actividades que el régimen considera contrarrevolucionarias. Y en el 2020, la dictadura decidió condenarlo, porque un reportero de Palenque Visión fue a su zona y Perdomo coordinó varias entrevistas con pescadores y campesinos. Luego de salir publicada la nota en Cubanet, el jefe de la policía política de esa localidad lo citó y le dijo que lo iba a meter preso. Y como argumento sacó a relucir esas multas que estaban dormidas desde 2014», explica Lobaina y añade:

“Lo condenaron a un año y ya está en prisión. De igual forma el emprendedor privado Eldris González Pozo, un muchacho que fue expulsado cuando la protesta en la Universidad de Oriente en 2007, reclamando mejores condiciones de vida y por ello fueron expulsado diez estudiantes. Años después estuvo inmerso en actividades contestatarias en contra del régimen. Comenzaron aparecer carteles de Patria y Vida por la zona de Santiago de Cuba donde vive, y un día le enviaron a una inspectora, que no se identificó, llegó a su negocio tirándole fotos y Eddy cerró el negocio y le dijo quién era ella para estar tirando fotos. Conclusión, le hicieron un proceso y lo acusaron de desacato, de atentado y en un proceso amañado lo condenaron a cuatro años. Y aunque apeló, y a pesar de tener serios problemas de salud, la dictadura ratificó la sanción”.

Otra manera que tiene la policía política de limitar la labor de los periodistas independientes orientales es el caso de Eddy Hidalgo Argota-Ramírez, un joven del municipio holguinero de Antillas, a quien le hicieron un registro en su domicilio, lo detuvieron varios días, le quitaron sus medios de trabajo, entre los que se encontraba el teléfono y la computadora de su hijo.

Cuenta el director de Palenque Visión que a Hidalgo, además, «le pusieron una multa y no ha podido trabajar, logrando su objetivo de que desistiera de hacer periodismo. En la provincia de Camagüey, una noche salieron los periodistas Yosvany Sepúlveda Martínez y Yarisley Rodríguez Ramírez junto a dos activistas de derechos humanos, Adrián Quesada Flores y su esposa. De pronto se apareció la policía, los embistió y les propinó una brutal golpiza. El motivo no fue otro que intimidar a estos jóvenes que suelen denunciar la pobreza extrema, el desabastecimiento y el descontento ciudadano. Estuvieron varios días detenidos. A Yarisley hace un tiempo atrás la Seguridad del Estado le había confiscado su teléfono celular, que es la principal herramienta de trabajo de los periodistas que hacen audiovisuales, y jamás se lo han devuelto”.

En opinión de Rolando Rodríguez Lobaina, «la situación represiva en Cuba es general. Creo que esto se debe a la grave crisis que vive el país, a las medidas que impuso Trump, la corrupción imperante y a la crónica ineficiencia económica, que pudieran colapsar el sistema. Ante esta situación, la dictadura no ha tenido más opción que elevar la represión contra la sociedad civil y todos aquellos que levantan su voz”.

Desde el otoño de 2020 el hostigamiento a opositores y periodistas libres ha ido en aumento. Varios analistas vaticinan que la actual oleada represiva podría ser la antesala de un encarcelamiento masivo de disidentes. Ya se sabe que si algo funciona en Cuba es la represión.