Los altos precios le van ganando la batalla al castrismo.

Por Orlando Freire Santana.

Casi todos los especialistas en la materia consideran que la liberalización de precios es un síntoma del buen rumbo que va tomando cualquier reforma que se lleve a cabo en la esfera económica. Así sucedió en los países ex socialistas de Europa oriental, en China y en Vietnam. Es que ese funcionar de los precios según las pautas dictadas por el mercado es la vía más adecuada para que, a la postre, productores, comercializadores y consumidores alcancen sus objetivos.

En Cuba, a partir del inicio de la actualización del modelo económico, y muy especialmente en el sector agropecuario, hemos visto una especie de contrapunteo entre los precios de mercado y los precios topados. Estos últimos establecidos centralmente por la maquinaria del poder.

A estas alturas ya todos sabemos las consecuencias que reportan la existencia de uno u otro método de precios. Cuando prevalece la libertad de precios, las tarimas de los agromercados se mantienen abastecidas de viandas, frutas, vegetales y hasta de cárnicos. Sin embrago, las ocasiones en que se ha decidido topar los precios, se pierden los productos en los establecimientos oficiales, y aparecen únicamente en la bolsa negra, y a precios aún más elevados que antes del tope.

Los jerarcas económicos del castrismo son conscientes de que el aumento de la oferta es el único elemento que posibilitará que los precios bajen en el contexto de mecanismos económicos de dirección. Y en verdad lo han intentado, pero sin los resultados esperados hasta el momento.

De nada les han servido las 63 medidas para estimular al sector agropecuario, las reuniones con los productores, los nuevos esquemas de comercialización, y hasta la apertura del sector a la inversión extranjera.

La oferta no crece lo suficiente como para que se produzca una reducción de los precios. Las protestas de la población aparecen por doquier. Y es entonces que a los gobernantes no les queda otra alternativa que desechar los mecanismos económicos y acudir al mecanismo administrativo de topar los precios. Un tope que oficia como una medida de corte populista. O sea, una supuesta mejoría a corto plazo, pero que rápidamente se transforma en lo contrario al desaparecerse los productos de las tarimas.

En semejante panorama, cuando al parecer los altos precios le van ganando la batalla al castrismo, ya se anuncian las medidas administrativas que denotan la desesperación e impotencia del aparato de poder.

Un artículo aparecido en el periódico Juventud Rebelde (“En socorro de atribulados bolsillos”, edición del 8 de marzo) da cuenta del inicio en la provincia de Villa Clara de una batida contra los “precios excesivos” a partir del pasado 11 de marzo. El articulista aboga por drásticas medidas que complementen el tope de precios, como aplicarles a los infractores la confiscación de sus productos, suprimirles la licencia que les permite comercializar las producciones, y sacar de la circulación a lo que denomina “ese enjambre que anda por la libre vendiendo por ahí”.

No parece casual que esta ofensiva del régimen se produzca en la provincia que en estos momentos recibe el andar del mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el resto de los candidatos nominados en la ciudad de Santa Clara para las “elecciones” del próximo 26 de marzo. Los dirigentes del territorio habrían decidido actuar ante la lluvia de planteamientos que recibe el heredero de los Castro debido a los altos precios que reinan en el país.

Sin dudas, este intervencionismo gubernamental en materia de precios aleja el momento en que la economía cubana se encauce por los senderos que conducen a la eficiencia.