Por Camila Acosta.
Trabajadores del supuesto sector privado en un desfile por el Primero de Mayo en La Habana (Foto: Cubahora).
No fueron pocos los que confiaron en las reformas económicas implementadas hace tres años a partir de la aprobación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Creyeron que el nuevo “sector privado” resolvería la crisis económica en la Isla y que su fortalecimiento lo llevaría a asumir un poder político que, a su vez, pondría en aprietos a la dictadura. A quienes nos oponíamos o desconfiábamos, nos tildaban de conspiranoicos y/o radicales. Tres años después, la realidad nos ha dado la razón.
Aún se desconoce la cifra exacta de mipymes aprobadas, pues muchas han cerrado; se supone que estén alrededor de las 10.000, aproximadamente.
En mayo trascendió la noticia del cierre de casi 500 mipymes en menos de tres meses por no cumplir con la norma que les obliga a ofrecer a los clientes un método de pago electrónico. Apenas un mes más tarde, las autoridades cerraron abruptamente el supermercado Diplomarket, conocido popularmente como el “Costco cubano”. Su presidente, el empresario cubanoamericano Frank Cuspinera Medina, fue presuntamente detenido junto a su esposa tras una intervención de la Seguridad del Estado y auditores de GAESA (Grupo de la Administración Empresarial S.A.); también le expropiaron sus bienes. Según se difundió, estuvo en paradero desconocido, sin embargo, desde entonces no ha trascendido nada más al respecto.
Para el mes de julio, otra noticia refería el cierre de 15 mipymes por supuesta evasión fiscal y la investigación a otras 117. Además, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) retiró la autorización a 323 negocios por cuenta propia (modalidad de gestión no estatal) de forma temporal o definitiva y embargó 2.253 cuentas bancarias de personas naturales, igualmente por supuesta evasión fiscal.
Por esos días también el Consejo de Estado aprobó seis decretos-leyes destinados, según dijeron las autoridades, a actualizar las normativas jurídicas para los actores económicos no estatales. Después anunciaron que estas medidas facilitarían un mayor ordenamiento y regulación de la economía no estatal.
Luego, entre el 12 y el 13 de julio, el régimen recaudó 13 millones de pesos con multas a mipymes. Las sanciones incluyeron también suspensión de actividades, decomisos y ventas forzosas y acaecieron tras el tope de precios impuesto en la red minorista.
Los topes de precios a productos de primera necesidad causaron indignación en el sector. Varios de los productos con nuevos precios topados desaparecieron del mercado. Sin embargo, los cubanos podían acceder a ellos en las tiendas en MLC y a precios superiores. La intención de la medida, según el economista Emilio Morales era, precisamente, obligar a la población a comprar en esas tiendas, entregando así el dinero a las arcas de GAESA.
Para fines del mes agosto, el régimen impuso 58 decomisos y 773 ventas forzosas a mipymes en apenas una semana. Las medidas formaron parte de lo que calificaron como “acciones de enfrentamiento” y de “control popular”.
Morales ha comentado igualmente a CubaNet que detrás de todas las regulaciones había “una gran guerra económica del Gobierno ante su incapacidad de poder competir libremente”.
Mipymes en el poder.
Hace pocos días, Esteban Lazo, presidente del Parlamento cubano, estuvo de visita oficial en el Municipio Especial Isla de la Juventud. En una de las reuniones con los pineros reconoció algo que luego uno de los testigos del encuentro relató a CubaNet, bajo condición de anonimato.
“Voy a decirles una cosa que todos ya saben hace años pero que yo les confirmaré ahora -la fuente cita a Lazo-: todas las mipymes que importan productos a Cuba son de nosotros [Gobierno]”.
Como dijera Lazo, no es una sorpresa que muchas de las mipymes, algunas incluso con sede en Miami, sean del Estado o de personas cercanas al poder: familias, testaferros, militares o amigos. En los últimos años, CubaNet ha desarrollado varias investigaciones que evidencian esto, y cómo estos negocios resultan ser los más prósperos.
En ese entramado resalta Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, quien tiene un bar-restaurante llamado EFE. Vilma Rodríguez, nieta de Raúl Castro, posee un negocio de renta de casas de lujo; similar empresa tienen las herederas de Antonio Núñez Jiménez. Lisa Titolo, hija y nieta, respectivamente, de Mariela y Raúl Castro, es dueña de una tienda llamada Gaia Mercado. También está el imperio empresarial de la familia García Frías, relacionado con la tienda online SuperMarket23 y camuflado tras la empresa estatal Flora y Fauna. También se cuenta a la familia Dávalos y a la familia Quevedo, muy vinculados al castrismo y con varios negocios dentro y fuera de la Isla.
Los militares, funcionarios y exdirigentes también han sacado su tajada: Arturo Aliaga Céspedes, actual jefe del Departamento Jurídico de la Dirección Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) está relacionado con varias mipymes de importación y distribución de alimentos; Yoel Perdomo Di-Lella, hermano del viceprimer ministro, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, posee participación en al menos tres empresas (una de ellas registrada en Panamá y en la Cámara de Comercio de Cuba como de “capital extranjero”, y las otras dos como mipymes y negocios “por cuenta propia”, enfocados en la elaboración, venta y distribución de alimentos, bebidas, artículos de ferretería y electrodomésticos). También sobresale el nombre de Julio Martínez Ramírez, quien fuera primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), y hoy es dueño de dos restaurantes y una mipyme.
Como colofón, Alfonso Larrea, quien se ha presentado como líder del sector privado cubano y que estuviera al frente del grupo de “empresarios” cubanos que el 26 de septiembre de 2023 aterrizó en Florida, Estados Unidos, para reunirse con empresarios, políticos y funcionarios estadounidenses. Una reciente investigación de CubaNet reveló que Larrea fue -o es- el agente “David” de la Seguridad del Estado (incluso testificó en el juicio político contra el disidente Francisco Chaviano que fue determinante en su condena de 15 años de prisión).
No en vano Miguel Díaz-Canel afirmó que el sector de las mipymes “no va a ser enemigo de la Revolución”. El gobernante cubano ha llegado más lejos: pidió crear comités de base de la UJC y el PCC en las mipymes porque se necesita “ordenar” el funcionamiento de todas las formas de gestión de la economía, estatales o no estatales.
No quiere esto decir que la totalidad de estas empresas estén relacionadas con el régimen o pertenezcan al Gobierno pero, las que no, carecen de privilegios y sobreviven sometidas al control, expropiaciones, multas, ventas forzosas y otras presiones que les impiden un crecimiento libre. Su existencia también legitima a las que están relacionadas con la oligarquía y sus empresas.
La nueva clase.
¿Han resuelto las mipymes o el sector “privado” la crisis en Cuba? ¿Han alcanzado tanto poder como para poner en aprietos a la dictadura? Claro que no.
En Cuba se acentúa la miseria: el 80% de la población vive en la pobreza. Continúan los cortes de electricidad hasta por 24 horas seguidas; también falta el agua, medicamentos y otros insumos básicos. Según los propios datos oficiales, la inflación interanual alcanzó el 30,12% en agosto, una cifra que representa la tercera caída consecutiva desde mayo y que, al decir del economista Pedro Monreal, cuestiona el relato oficial de que se “avanza”.
Como era de suponer, el castrismo ha impuesto límites al sector. Si un negocio que no está “protegido” por la cúpula gobernante le incomoda, entonces amenaza sus intereses o les hace competencia, les cierra el paso. Ni hablar de que los disidentes, activistas y opositores políticos no pueden tener sus propias empresas pues las aprobaciones provienen de los diferentes ministerios que responde, a su vez, a la cúpula dictatorial.
Ni siquiera GAESA es estatal, sino una empresa privada que tiene sus registros mercantiles en Panamá, Luxemburgo y otras naciones. Dicho monopolio -manejado por la familia Castro y un grupo de oligarcas cercanos a esta por encima de todo control o auditoría- controla los principales y más estratégicos sectores de la economía y más del 95% de las finanzas del país.
Para el académico cubano Juan Antonio Blanco Gil, estamos en presencia de un “Estado mafioso”. Las evidencias apuntan igualmente a una repartición del poder entre los Castro y su élite, quienes se han convertido en los nuevos ricos, en los nuevos zares o silovarcas (calificativo empleado en Rusia para referirse a las élites empresariales vinculadas a los militares y que han acumulado riquezas extremas).
Para esta clase, la ideología comunista es cosa del pasado, un discurso fuera de moda pero que sirve como disfraz para seguir sometiendo al pueblo.
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