La receta de Reagan.

Por Fernando Díaz Villanueva.

El lunes 3 de agosto de 1981, a las 7 en punto de la mañana, unos 13.000 de los 17.000 controladores aéreos que por entonces tenía Estados Unidos se declararon en huelga. Huelga salvaje. Empezaban las vacaciones de verano y medio país iba a pasar por los aeropuertos en el transcurso de esa semana.

Nadie se lo esperaba: ni los viajeros, que quedaron atrapados como ratas en la intrincada red aeroportuaria norteamericana, ni las líneas áreas, que perdieron dinero a mansalva desde la primera hora de la huelga, ni, naturalmente, el recién nombrado presidente del país, Ronald Reagan, metido hasta pocas horas antes en una negociación con Patco, el todopoderoso sindicato de los controladores.

A las 9 de la mañana el caos era absoluto. En los grandes aeropuertos del país, como el JFK de Nueva York, el de Chicago o el de Los Ángeles, la actividad se detuvo. Las aeronaves que llegaban desde Europa, y que habían partido durante la noche, tuvieron que aterrizar en Canadá y volver de vacío a sus ciudades de origen, tras dejar a los pasajeros librados a su suerte en lugares remotos como Toronto o Montreal. A media mañana, los inmensos Estados Unidos de América estaban irremediablemente paralizados.

Nada se podía hacer. Compañías ferroviarias antaño vigorosas, como la Union Pacific, la Santa Fe o la Great Western, habían desaparecido engullidas por el lento e ineficiente mastodonte estatal Amtrak, o se dedicaban en exclusiva al tráfico de mercancías. Los autobuses eran simplemente incapaces de tomar el relevo a los aviones, en un país de semejante tamaño. En 1981 las aerolíneas norteamericanas movían diariamente 800.000 pasajeros y 10.000 toneladas de carga en 14.000 vuelos comerciales.

Tras la primera jornada de huelga, las cinco mayores aerolíneas: Braniff, PanAm, Eastern, American y TWA (nótese que hoy sólo queda una de ellas con vida), informaron a la opinión pública de que la huelga les había costado unos 30 millones de dólares, y que corrían peligro los cerca de 350.000 empleos directos que generaba la industria aérea. No existía alternativa. O se bajaba los pantalones y aceptaba el órdago de los controladores, consistente en un aumento de sueldo de 681 millones de dólares (17 veces lo acordado en la mesa de negociación) y la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales, o el frágil Gobierno de Reagan naufragaría en la mayor crisis de la historia del control aéreo.

El presidente se reunió con el secretario de Transportes, Drew Lewis, y juntos decidieron dar un escarmiento ejemplar a Patco. Su líder, Robert Poli, era un sindicalista correoso e intratable convencido de que iba a salirse con la suya, dados los devastadores efectos de las primeras horas de la huelga. Poli, por cierto, había apoyado meses antes a Reagan durante la campaña electoral.

Vana ilusión. Esa misma tarde, en el jardín de la Casa Blanca, Reagan compareció ante la prensa. La cuestión era simple: o los controladores volvían de inmediato a su trabajo o serían despedidos en 48 horas. La solución que aportaba Reagan no era un calentón propio del vaquero incivilizado que nos vendían en Europa. Se ajustaba a la legislación. El presidente recurrió a una vieja ley, la Taft-Hartley Act, promulgada en tiempos de Truman para frenar la ola de huelgas que sacudió Estados Unidos entre 1946 y 1947. No habría más reuniones con el sindicato, la mesa de negociaciones quedaba definitivamente rota, ya por ambas partes, y el siguiente paso sería ver cómo reemplazar a los controladores que no atendiesen al ultimátum.

La mayor parte no lo atendió, y fue despedida de modo fulminante el día 5 de agosto. La FAA (Federal Aviation Administration), entre tanto, se dispuso a colocar un parche de emergencia. A los que no estaban en huelga se les unieron 900 controladores militares para reabrir las torres de los aeropuertos principales. Excepcionalmente, y para salir del paso, se hizo trabajar a los controladores 60 horas semanales. Los líderes de Patco vaticinaron una catástrofe aérea de dimensiones inauditas: si su gente no estaba en sus puestos de trabajo, sobre la nación caería una auténtica aluminum shower (ducha de aluminio).

Finalmente, no se produjo accidente alguno. El tráfico se restableció, aunque ralentizado por la falta de personal en el control. Durante los primeros días las aerolíneas tuvieron que cancelar el 50% de los vuelos, y 60 aeropuertos pequeños hubieron de cerrar sus puertas, dado que les era imposible garantizar el control aéreo.

Quedaba lo de incorporar nuevos controladores. La escuela de control aéreo de Oklahoma matriculó de golpe a 5.500 aspirantes, que cinco meses después ya estaban en las torres. Las difícilmente mejorables condiciones laborales de los controladores, envidiadas por todos los norteamericanos, provocaron que, durante el mes de agosto, se presentasen 45.000 personas para cubrir las vacantes. Ninguno de los huelguistas despedidos figuraba entre los candidatos: el Gobierno los había inhabilitado a perpetuidad. Algunos fueron perdonados en 1986. Siete años más tarde, en 1993, Bill Clinton revocó la inhabilitación, lo que posibilitó que, con el rabo entre las piernas, muchos huelguistas volvieran a la labor.

El corporativista Patco, que había mantenido la profesión cerrada para mantener y acrecentar sus privilegios, sucumbió sin remedio. Privado de apoyo popular, con gran parte de sus miembros despedidos y con sus líderes enfrentando cuantiosas multas y penas de prisión, fue disuelto a finales de octubre, entre el desprecio general de los mismos a los que había utilizado como rehenes durante las jornadas de fuego de la huelga.

El control aéreo norteamericano tardó un decenio en recuperar la normalidad. Emergió un nuevo sindicato, el Natca, cuyos promotores se cuidaron muy mucho de marcar distancias con el difunto Patco. Su lema es "We guide you home" (Te guiamos hasta tu hogar), y nunca ha convocado una huelga.