Manuel Marrero y Díaz-Canel en reunión sobre COVID-19.
Esta vez la purificación está siendo tan intensa y la divulgación de los frecuentes operativos sobre hechos de malversación de recursos estatales, robos en almacenes y reventa de alimentos en el mercado negro ha sido tan amplificada a través del monopolio de prensa castrista que algunos medios no oficiales han concluido, quizás de manera muy aventurada, que estamos ante un “alza” de estos delitos.
La realidad, sin embargo, tiende a negar dicho aserto, puesto que los referidos delitos en el ámbito económico nacional son de larga data. Más aún, no solo han estado presentes durante décadas en el día a día del cubano sino que se puede afirmar que han constituido a lo largo de ese de tiempo una fuente proveedora de alimentos más constante, eficiente y competitiva que el propio Estado. La diferencia estriba en que en las actuales circunstancias hay una evidente voluntad política de hacerlos visibles, ya sea como escarmiento, como mensaje intimidante a toda la sociedad acerca de quién tiene el control absoluto o como una anticipada demostración de poder frente a los tiempos peores que se nos avecinan.
Sea como fuere, lo incuestionable es que allí donde existen carencias, racionamiento y escaseces siempre florecen el delito económico y el contrabando, lo cual no disminuye el carácter punible de cualquier infracción de esta naturaleza ni la agravante que implica su comisión en tiempos de pandemia.
Dicho esto, habría que añadir otras aristas del asunto que los medios oficiales prefieren omitir. Una de ellas es el contraste entre la “justicia” que aplica todo el rigor de la ley contra los transgresores solo “a nivel de base” y los privilegiados que gozan de la más rampante impunidad.
Porque resulta que mientras todo un ejército de policías, inspectores y militares reprimen por igual a administradores de establecimientos que comercian con alimentos, carretilleros, transportistas -privados o estatales- y merolicos habituales que merodean en torno a los mercados, el Estado se permite mantener altísimos precios (“no subsidiados”, es la frase oficial) sobre los productos de primera necesidad, incluyendo los ya célebres y magros “módulos” que se han estado distribuyendo por toda las redes de comercio destinadas al uso de la cartilla de racionamiento. Todo esto, pese a los bajos ingresos de la población y a la circunstancia de que la mayoría de los cubanos actualmente están “disponibles” -eufemismo que sustituye a los términos “desempleado” o “en paro”- o perciben solo un 60% de sus ya de por sí insuficientes salarios debido a las medidas de aislamiento social impuestas.
Al parecer, tampoco clasifica como “especulación” la venta de canastas a domicilio desde varios hoteles de la capital cubana realizada durante unos días, con precios de entre 25 y 35 CUC, que solo podrían adquirir sectores algunos sociales, no solo por su elevado costo, sino por la incapacidad de los gestores de mantener esta oferta.
Y estos son solo botones de muestra del altruismo gubernamental cubano en tiempos de pandemia.
Así, en el infinito absurdo del modelo económico-social cubano y su sistema de justicia sobreviven mundos paralelos donde se contraponen, por un lado, las detenciones y arrestos de “sospechosos” de delito económico -tratados en principio como culpables sin que se hayan realizado las investigaciones y juicios correspondientes- y por otro, la distribución de abundantes alimentos a domicilio en vehículos estatales -frecuentemente documentada en las redes sociales- para la clase dirigente y sus acólitos de alto rango. Lo cual explica meridianamente por qué estos privilegiados nunca han sido vistos en las interminables colas para alimentos, detergentes y otros productos imprescindibles.
Otra arista que envuelve en un halo de misterio los afanes justicieros del gobierno es el destino de los productos decomisados en los numerosos operativos policiales. Hasta el momento ningún reportaje de la prensa oficial ha dado seguimiento a las mercancías incautadas hasta las tarimas de venta o hasta los centros de elaboración de alimentos para las familias de más bajos ingresos, conocidas en Cuba bajo el peyorativo rubro de “casos sociales”. Diríase que hay una suerte de Triángulo de las Bermudas entre las neveras clandestinas, los productos del agro no autorizados que se transportan en camiones, bicitaxis o carretillas y las mesas de los cubanos.
Y, por último, queda pendiente la divulgación oficial del tema esencial en toda esta saga: ¿existe algún plan gubernamental para sustituir la invaluable labor de proveedores de las familias cubanas que por tanto tiempo ha recaído sobre los contrabandistas y trapicheros? ¿Tienen noción los mandantes del país de la magnitud de lo que podemos llamar “daños colaterales”? ¿Acaso nos tiene preparado un batallón de “administradores puros” (o “emergentes”) capaces de gestionar almacenes y comercios sin corromperse?
Porque es justo reconocer que esta cruzada por la pureza económica (de los otros) que están librando las autoridades se va a reflejar con todo rigor en las mesas y en los bolsillos de los millones de personas que no gozan del privilegio de la clase en el Poder o que no cuentan con los ingresos derivados de las remesas enviadas desde los emigrados, razón por la cual se ven forzadas a apelar al mercado subterráneo para obtener lo necesario, casi siempre a precios ligeramente inferiores a los del mercado oficial.
Todo lo cual nos coloca ante otras interrogantes imprescindibles. ¿Dónde está el plan maestro que finalmente destrabará la cadena productiva, descentralizará el ineficiente modelo económico y permitirá paliar -al menos- las carencias alimentarias? O para enfocarlo mejor, ¿hay algún plan?
Hasta el momento no hay respuestas, y una vez más queda demostrado que lo único eficaz en el modelo cubano es la multiplicación de la represión. De hecho, en la actualidad podría afirmarse que es la actividad represiva lo que ha aumentado y no precisamente los delitos económicos. Lo paradójico es que ambos -la represión y los mencionados delitos- son partes inherentes del mismo sistema: le son inmanentes. Por tanto, la supuesta lucha entre contrarios no es sino el equilibrio propio de un sistema fallido que cifra su supervivencia en la galopante y permanente corrupción y en las cíclicas razias represivas.
Con la torpeza a que nos tienen tan acostumbrados, las autoridades vuelven a atacar las consecuencias en lugar de eliminar las causas que las originan. Lo cual es perfectamente lógico: ningún sistema podría sobrevivir si suprime los pilares sobre los que se funda. Así vamos.
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