Por José Antonio Fornaris.
Centro Habana.
El déficit habitacional en Cuba, reconocido por el gobierno, se acerca al millón de unidades. Para solucionar esta crisis se deberán construir medio millón de viviendas y rehabilitar otras 400 mil.
De acuerdo a declaraciones de Vivian Rodríguez, Directora Nacional de la Vivienda, publicadas en la Revista Bohemia #14, año 112, “El objetivo de la política de rescate de las viviendas es recuperar la capacidad habitacional, y para eso lo primero es detener el deterioro”.
En el 2018 se presentó la nueva Política de la Vivienda en Cuba (PVC) durante la sesión plenaria de la de la Asamblea Nacional; y según sus propulsores, en ella se establecían las prioridades para la entrega de casas o materiales de construcción a la población. En primer lugar, a los damnificados por desastres naturales.
El programa comprende un período de 10 años (2018-2028) para detener el deterioro y evitar la pérdida progresiva de la capacidad habitacional; y se proyecta en diferentes líneas, atendiendo a las características de cada territorio. Por ejemplo, en Isla de Pinos se propone que el gobierno compre casas y las entregue a los que la soliciten.
A eso le siguen los subsidios para la construcción de células básicas habitacionales para familias en condiciones precarias: barrios insalubres, ciudadelas, pisos de tierra, edificios críticos con peligro inminente de derrumbe, le siguen asentamientos costeros vulnerables, casos sociales, trabajadores necesitados y personas albergadas.
Según el Censo de Población y Viviendas de 2012, el fondo habitacional en Cuba es de casi 4 millones de unidades, y su evolución a la fecha no es nada para destacar. En esa cifra hay que contar 10 000 cuarterías y similares con 80 000 hogares y más de 100 000 con pisos de tierra, y se contabilizan al menos 854 edificios críticos, de estos 696 en la capital.
El programa para recuperar el déficit habitacional del país en un decenio comenzó a implantarse en 2019, en medio de un escenario de falta de liquidez para enfrentar la inversión. No obstante, las autoridades apuntan resultados satisfactorios por concluirse: más casas de las planificadas. Sin embargo, el artificio está en que fueron construidas por esfuerzo propio, o sea, con el dinero de las remesas de los exiliados, no con los fondos públicos planificados por el Estado
En el levantamiento de casas incumplieron los planes las provincias de Pinar del Río, La Habana y Santiago de Cuba. A su vez, no entregaron los subsidios comprometidos Mayabeque, Isla de Pinos, Cienfuegos, Las Tunas y Holguín.
La entrega de subsidios para su construcción comenzó en 2012, y hasta el cierre del 2019 quedaban pendientes de concreción 15 298 para células básicas habitacionales (CBH). Sobre las causas de tales atrasos, el gobierno habla de variables que van desde el mal uso de los fondos por los beneficiarios, por no saber cómo hacer un uso eficiente de ellos, hasta otros que vendieron los materiales entregados para obtener beneficios, además de quienes fueron estafados por albañiles o en los puntos de venta de materiales de la construcción habilitados para ello.
En 2020, antes del decreto que paralizó a la sociedad por la pandemia del virus chino, ya el programa cojeaba. El Municipio, lugar donde supuestamente se define la solución a este tema, pues supuestamente tiene los recursos destinados y la independencia para utilizarlos, no lo dirige en función del ciudadano desvalido, o la solución del acuciante problema social.
Las académicas Dania Gonzáles y Anelis Marichal en Consideraciones sobre el abordaje de la solución de los problemas de la vivienda (2018), señalaron: “El enfoque que prevalece en la isla es reduccionista, centrado en disminuir los costos y los tiempos de construcción, aunque los resultados reales suelan ser opuestos, pues en múltiples ocasiones se pasa por alto la calidad de vida de los habitantes, así como de la ciudad que se crea”.
A mediados del 2019 en un pueblo de Villa Clara se creó una micro brigada social para revertir el problema del fondo habitacional, hubo más de 30 voluntarios. Dos meses después más de la mitad de los entusiastas desistió del empeño. La razón la expuso uno de ellos: “En esta micro hay muchas irregularidades, la obra no avanza. No se respetan nuestros salarios. Hay dificultades con los materiales, en especial el acero para la zapata”.
Ante ese panorama hay una pregunta un tanto obligada: ¿Cómo comenzar a levantar nuevas casas si no se tienen los materiales garantizados? Todo parte de la organización y la planificación de las obras, de lo contrario se crean picos en la demanda de recursos materiales y humanos. La lógica indica que se deben concentrar los recursos en función de la secuencia constructiva, y darle mayor valor de uso a lo edificado en el menor tiempo posible.
Hace tiempo se habla de normas jurídicas, pero la Ley General de la Vivienda demora y demora. Al cabo de seis años sigue en la fase de consulta y evaluación por parte de la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional del Poder Popular para su Implementación y desarrollo, para colmo ya ni siquiera se habla de construir y reparar un millón de viviendas.
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