Cubano con dólares.
Al margen de la novedad de más surtidos en las tiendas que venden en moneda libremente convertible (MLC), y de un mercado mayorista para aquellos actores que puedan pagar en dicha moneda, el anuncio de la nueva estrategia económica a cargo del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, pudiera ser calificado, si nos atenemos al habla popular, como “más de lo mismo”.
En primer término se desvanecen las expectativas de quienes esperaban una profundización en las reformas como parte de la tan cacareada actualización del modelo económico en Cuba. Tal criterio se basa en el hecho de que el primer principio de la estrategia es el mantenimiento de la planificación centralizada. Una situación que guarda cierto paralelismo con la dolarización anterior, la de los años 90, cuando tampoco hubo reformas importantes, e incluso se asistió a una recentralización de la economía con tintes guevaristas una vez que el período especial dio síntomas de atenuación.
Otros principios expuestos por el ministro Gil clasifican como consignas que se repiten una y otra vez, y no acaban de concretarse. Decir, por ejemplo, que se dotará de mayor autonomía de gestión a la empresa estatal pudiera parecer como un chiste de mal gusto. Porque mientras no se eliminen los eslabones intermedios entre las empresas y los ministerios -dícese los Órganos Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), y las Juntas de Gobierno-, es casi una quimera pensar en la referida autonomía.
Otro tanto sucede con el principio que reza “Regular el mercado, principalmente por métodos indirectos, perfectamente en correspondencia con nuestro modelo económico y los lineamientos”. Se trata, además, de una vieja aspiración discutida durante el VII Congreso del Partido, e incluida también en la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista. Y que, sin embargo, cada vez se cumple menos.
Porque regular el mercado por métodos indirectos presupone aplicar mecanismos económicos, como estimular la competencia entre los diversos actores, pero nunca establecer medidas administrativas como el tope de los precios, aun a las producciones y servicios de entes no estatales, como los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas.
Por lo tanto, referirse a mecanismos de dirección indirectos mientras se mantengan topados los precios de ciertos artículos en los mercados agropecuarios de oferta-demanda, y las tarifas que aplican los transportistas privados -con las consiguientes mermas en las ofertas a la población- no es más que una falsedad.
Otro principio señalado por el Ministro resulta en extremo ambiguo. Es el que apunta a incentivar la competitividad. No se aclara de qué tipo de competitividad se trata. Aunque si se pensara en estimular la competitividad de la empresa estatal, nunca se va a lograr con esa obsesión gubernamental de sustituir las importaciones.
Si no hay importaciones, nunca habrá una comparación entre la producción nacional y los productos que constituyen la vanguardia a nivel internacional en cuanto a calidad y menores costos de producción. En esas condiciones, las empresas nacionales no progresarán y los consumidores cubanos llevarán la peor parte.
No podemos concluir sin destacar que las medidas anunciadas por el gobierno crean una gran estratificación en la sociedad. Habrá ciudadanos de primera y segunda categoría, en dependencia de su acceso o no a la moneda libremente convertible. Incluso el principio que reza “De dada cual según su capacidad, y a cada cual según su trabajo” -prescrito en el artículo 65 de la Constitución-, pierde parte de su esencia.
Porque el objetivo de recibir más, de acuerdo con el resultado del trabajo, es entre otras cosas poder consumir más. Y ahora, en Cuba no consumirá más quien trabaje más o mejor, sino quien tenga más familiares en el exterior que aporten los codiciados dólares.
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