Por Gladys Linares.
La escasez como herramienta de dominación ha sido siempre una de las premisas del sistema comunista implantado en nuestro país, pues no hay manera más eficaz de impedir a los ciudadanos pensar en democracia, pluripartidismo o elecciones libres que mantenerlos ocupados luchando por la supervivencia diaria e ideando alguna forma de llevar a la mesa un bocado de comida o al menos algo con qué mitigar el hambre (no digamos ya una dieta balanceada y mucho menos saludable).
Así pues, desde hace casi 60 años los cubanos nos hemos visto obligados a adquirir una serie de productos básicos únicamente mediante una libreta de racionamiento que, si bien no satisfacía todas las necesidades alimentarias del mes, al menos representaba hasta cierto punto una tabla de salvación, especialmente en los momentos críticos de mayor escasez durante el llamado Período Especial de los años 90.
Hoy, la crisis alimentaria no solo es más grave que aquella, sino que además se ve agudizada por el hecho de que ahora el régimen ni siquiera es capaz de garantizar los ya exiguos productos de la mal llamada canasta básica. Esto nos obliga a depender de un mercado informal que impone precios desmedidos, aunque frecuentemente más leves que los de las tiendas en divisas, ahora MLC, a las cuales no todos tienen acceso y que tampoco escapan al desabastecimiento general.
Ahora bien, con la entrada en vigor de la Tarea Ordenamiento aumentó el precio de los alimentos, mas no su calidad. El extranjero que escuche en la prensa oficial la propaganda sobre la distribución de “productos cárnicos” por la libreta de racionamiento seguramente no es capaz de imaginar que las raciones mensuales se limitan a una libra de pollo y un cuarto de libra de picadillo de soya, o de picadillo “extendido” (aumentado quién sabe con qué), o en su defecto un cuarto de libra de mortadela, y todos, a excepción del primero, de olor y sabor tan nauseabundos que ni siquiera después de varias décadas hemos logrado los cubanos asimilarlos sin asco.
La presente crisis no es, por cierto, obra de la pandemia de COVID-19 desatada en el 2020, por muy oportuna que esta le haya resultado al régimen. Ya para el año 2017 la escasez se hacía notar en el día a día: la carne de cerdo comenzó a desaparecer gradualmente de los puntos de venta, los agromercados permanecían con muy pocos productos o vacíos la mayoría de las veces y en las pescaderías apenas se vendía algo y en cantidades muy limitadas.
Igualmente, fueron clausurados por falta de mercancías aquellos contenedores de barrio donde se vendían en CUC alimentos y artículos de aseo. Con todo, para viandas y hortalizas aún podíamos contar con los puntos de venta particulares que, aunque más caros, al menos estaban un poco mejor surtidos y resolvían en parte la situación. En cambio hoy sus precios sobrepasan el poder adquisitivo de los ciudadanos, sobre todo de los pensionados, que son los más perjudicados por la crisis y el “ordenamiento” monetario.
La Tarea Ordenamiento, de un impacto indiscutiblemente demoledor, sumió a la gran mayoría de la población en la miseria. Esto lo percibimos desde el primer momento, no solo porque los datos referentes al presupuesto de la canasta básica informados por los medios oficiales eran irreales, sino también porque simultáneamente aumentaron de manera dramática los precios de servicios básicos estatales como agua potable, electricidad, gas, transporte público o teléfono, así como del transporte privado y de bienes indispensables como medicamentos y materiales de construcción, entre otros. De modo que la población de la tercera edad quedó de un porrazo en la miseria, hasta tal punto que en la actualidad una gran cantidad de ancianos apenas logran hacer dos paupérrimas comidas al día.
Ya para 2022 la inflación, según algunos economistas, creció cerca de un 40%. Y es que ante la escasez los precios aumentan por horas a la vez que disminuye nuestra capacidad para acceder a productos básicos. De nada sirve que los ministros se reúnan y reúnan, y hablen y hablen de “regular” y “enfrentar” los precios abusivos, pues eso no ocurrirá mientras los mercados no estén debidamente abastecidos. ¿Y cómo lograrlo, si no hay productividad?
Entretanto, el nuevo experimento -o, más exactamente, la nueva maniobra de distracción- consiste en conferirle protagonismo a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipyme), esta vez con la asesoría de especialistas rusos, en un aparente intento por resucitar la maltrecha economía cubana, aunque el ejemplo ruso deja mucho que desear.
Como hemos visto a lo largo de estos años con otros proyectos, las trabas impuestas por el Gobierno los hacen fracasar. Esta vez las nuevas mipyme se tendrán que enfrentar además al considerable obstáculo de la falta de fuerza laboral joven y capacitada, pues nuestros jóvenes, ante la falta de oportunidades, deciden emigrar.
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