Por Adam Geller.
Poco después de la llegada de Fidel Castro al poder, su gobierno confiscó refinerías, hoteles y plantaciones de azúcar que eran los signos más visibles del control que ejercía Estados Unidos sobre la economía isleña.
Una revisión de los reclamos de bienes confiscados, no obstante, revela que muchos de los perjudicados fueron individuos y familias, más que empresas. Y buena parte de lo que fue confiscado tal vez no tenía un valor muy alto en dólares, pero era el sostén y el orgullo de individuos y familias.
Casi el 90% de los reclamos hechos por estadounidenses a los que se les confiscaron propiedades son individuos, según un estudio de la Universidad Creighton encargado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos.
“Dejaron de todo: acciones, pólizas de seguros de vida, obras de arte, automóviles”, expresó Michael Kelly, profesor de derecho en Creighton que participó en el estudio, realizado en el 2007. “¿Vio esos Chevy del 57 que siguen dando vueltas? Uno de cada tres probablemente sea reclamado” por alguien en Estados Unidos, agregó. “Esto va a ser un problema muy difícil de resolver”.
La Comisión de Reclamos en el Extranjero, conocida por sus siglas en inglés, FCSC, aceptó 5,900 reclamos de propiedades confiscadas. Se cree que valían $1,900 millones y que esa cifra, ajustada a la inflación, equivaldría a $7,000 millones de dólares de hoy.
Algunas de las pérdidas fueron cuantiosas.
La Cuban Electric Company perdió plantas generadoras de electricidad por valor de $268 millones. El reclamo está hoy en manos de Office Depot, que se quedó con la empresa luego de varias fusiones. Las pérdidas de International Telephone and Telegraph Corp. ascendieron a $131 millones de entonces y las de Exxon, incluida una refinería, superaron los $71 millones.
Ocho de cada diez reclamos, no obstante, fueron por propiedades valuadas en $10,000 dólares o menos por la FCSC, que también procesa reclamos de propiedades confiscadas en Irán, Vietnam y la Unión Soviética. Estos reclamos están amparados por leyes internacionales, que prohíben a los gobiernos confiscar propiedades sin ofrecer compensaciones.
Aproximadamente el 70% de los reclamos estadounidenses involucran ganado. También se reclaman tierra o edificios, sobre todo en La Habana y en la antigua Isla de los Pinos, donde se radicó una enorme colonia estadounidense. Hay reclamos asimismo de pensiones perdidas, cuentas bancarias y propiedades personales, incluidas joyas y muebles.
Cuando los profesores de Creighton viajaron a Cuba hace casi una década trataron de identificar propiedades confiscadas, incluidos edificios que alguna vez albergaron una universidad y una clínica administrada por curas católicos.
“No queda casi nada”, dijo uno de los profesores, Patrick Borchers. “Lo único que hay es muros derribados”.
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