Incontrolables mafias cubanas.

Por Osmar Laffita Rojas.

Terminado el mes de marzo, todavía los medios oficiales no han dado a conocer cuáles fueron los resultados de la VII Comprobación Nacional al Control Interno, efectuada por la Contraloría General de la República a 234 empresas, entre el 29 de octubre y el 30 de noviembre del pasado año.

Lo poco que se conoce acerca de esta comprobación fue la información aparecida en el periódico Granma, el 29 de diciembre, referente a los resultados de la provincia de Ciego de Ávila.

Sin entrar en pormenores, se señaló que del total de empresas evaluadas, 72% recibieron la calificación de Deficiente a Mal. Entre las causas de esta mala calificación estuvieron las deficiencias en los sistemas de control, el desorden, el incumplimiento de los planes de venta y producción. Tampoco el proceso de contratación económica respondió a los objetivos fijados, por carecer del monitoreo que se exige.

Posteriormente, la prensa oficial dio a conocer de manera muy general los resultados de la comprobación realizada por la Contraloría de la República. Se informó que de las empresas evaluadas, 34% alcanzaron saldos negativos. Por lo demás, lo que ha primado hasta ahora en torno a este asunto es el más absoluto secretismo.

Es evidente que hay gato encerrado detrás de ese silencio. El presidente Raúl Castro, en su discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 13 de diciembre del pasado año, no hizo la menor referencia de los resultados de la VII Comprobación Nacional, que había finalizado un mes antes. Luego, en la reunión ampliada del Consejo de Ministros, reflejada por la prensa oficial el 22 de diciembre, tampoco se hizo referencia a los resultados finales de la susodicha comprobación.

Igualmente, en el discurso de Raúl Castro, en la reunión de la  Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada el 24 de febrero, no hubo ninguna referencia a la comprobación realizada por la Contraloría, pero dijo que mantendrá “el enfrentamiento a las indisciplinas e ilegalidades, el combate contra las manifestaciones de corrupción”, y prometió  acabar con este flagelo. Añadió, además, que “en la primera quincena de julio se tratará con profundidad este bochorno asunto”.

Parece que la situación es más grave de lo que esperaban la Contralora General, Gladys Bejerano, y el propio presidente Raúl Castro. De cualquier manera, aunque sigan guardando un sepulcral silencio en torno al tema, es un secreto a voces que las mafias cubanas actúan de manera impune, camufladas en sus cargos administrativos y políticos, así como que cada día tienen más poder y no se detienen ante nada. Son maestros en comprar a los que protegen sus acciones ilegales y les alertan cuándo vendrán a liquidarlos, lo que ha posibilitado que tengan en jaque a la Contraloría.

Recientemente, tratando de solucionar este asunto, el presidente Raúl Castro firmó, el 14 de marzo, el Decreto en que se crea la Comisión Estatal de Control (CEC), que funcionará a nivel nacional y provincial, y cuyo propósito es liquidar, dicen que de una vez y  por todas, la corrupción imperante. Según sus objetivos en el papel, la CEC se propone proceder con firmeza contra todos los hechos delictivos propiciadores de corrupción que causan daños a la economía nacional.

La creación de esta nueva entidad controladora es una muestra de que la Contraloría y la Fiscalía no lograron liquidar a las organizadas bandas de ladrones refugiadas en los organismos políticos y del Estado. Pero llama la atención que a un mes de puesta en funcionamiento, la prensa oficial no haya informado de su existencia al pueblo.

La CEC, que tiene poderes supra-gubernamentales, será presidida por la contralora Gladys Bejerano y las ministras de Justicia y de Finanzas y Precios, y en ella estarán representados los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Interior, Comercio Exterior, Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía de la República, el Banco Central, la Aduana General y la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Esta nueva entidad únicamente rendirá cuenta de sus acciones al jefe de Estado y de Gobierno.