La “Ofensiva revolucionaria” ha vuelto.

Por Miriam Celaya.

No hay dudas, en Cuba estamos asistiendo a una nueva “ofensiva revolucionaria”. Esta vez no se trata de aquella aparatosa operación que aniquiló la pequeña propiedad privada y que en 1968 le dio el tiro de gracia a cuanto negocio familiar, timbiriche o cafetín sobrevivía a duras penas en los inicios del páramo socialista, y que aniquiló servicios que el Estado nunca fue capaz de suplir. Los métodos, convengámoslo así, han cambiado, aunque el propósito sea aproximadamente el mismo.

Ahora, cuando el gobierno posa de conciliador y busca desesperadamente el arribo del capital que tanto demonizó, procura retraer a su mínima expresión, aunque sin aspavientos, los atisbos de iniciativa privada. Todo esto, dado el peligro que supone para la autocracia verde olivo la convivencia de sectores populares relativamente autónomos dentro de la Isla con la avalancha de empresarios y turistas extranjeros que, se espera, inundarán el país tan pronto comiencen a desaparecer las restricciones impuestas por el Embargo y la Ley Helms Burton.

Sin embargo, no puede decirse que con esta ofensiva raulista contra el pequeño sector privado estemos ante una situación circunstancial o que se trate de una improvisación del gobierno. En realidad, lo coyuntural fue la apertura a la iniciativa “cuentapropista” que constituyó una válvula de escape para el gobierno, necesitado de mover la economía interna y de que se crearan nuevas plazas de trabajo que aligeraran la carga del Estado.

A fin de cuentas el General-Presidente siempre advirtió que con la implementación del trabajo por cuenta propia se estaban “experimentando” nuevas formas de reactivar la economía para un socialismo más próspero y sustentable. No obstante, huelga recordar que también aseguró que “no habría marcha atrás”. Lo que no aclaró entonces es que sí habría muchos frenos para este sector; tantos, que acabarían asfixiando a muchos pequeños emprendedores, forzándolos a renunciar.

La cruzada comenzó casi a la par de las aperturas, apenas un par de años después. Baste repasar algunos episodios no fortuitos. En diciembre de 2013 decenas de trabajadores por cuenta propia que se dedicaban al comercio de zapatos y prendas de vestir importados entregaron sus licencias tras liquidar sus mercancías. Fueron obligados por la prohibición oficial expresa a mantener ese tipo de actividad. La medida restrictiva de aquel momento se amparaba en un recurso sencillo: en realidad nunca se habían otorgado licencias para comerciar con artículos importados –lo cual es monopolio absoluto del Estado–, puesto que los trabajadores por cuenta propia no pagaban aranceles de importación. Los comerciantes de marras solo estaban autorizados a vender confecciones de manufactura artesanal en su condición de modistos o sastres/costureras. Ergo, no había engaño oficial, sino que la letra de la Ley había sido malinterpretada o tergiversada a propósito por los cuentapropistas.

Extraoficialmente era un secreto a voces que las tiendas recaudadoras de divisas estatales habían registrado un considerable descenso en sus volúmenes de ventas de ropas, zapatos y otros artículos desde que comenzara la actividad mercantil por cuenta propia. La causa siendo que la oferta de los pequeños comerciantes privados era más variada y también de mejor calidad y precio. Por otra parte, a la sombra de este nuevo comercio y ante la ausencia de un mercado mayorista, había proliferado todo un trapicheo de “mulas” que introducían la mercancía desde diferentes países de la región y mantenían abastecido el mercadeo privado.

En resumen, los particulares emulaban exitosamente al Estado, no solo en la venta propiamente dicha, sino también en el contrabando, creando eficientes canales de abastecimiento que burlaban los controles oficiales.

La lógica más saludable en ese caso, hubiese sido establecer el arancel de importación y ampliar el contenido de lo que autoriza la licencia de los vendedores. Sabemos que semejante concesión iría contra la naturaleza restrictiva del propio sistema, aunque el Estado haya probado amplia y suficientemente su incapacidad para satisfacer la demanda de la población, para no mencionar la deplorable calidad de sus ofertas. Como decimos en cubano clásico, había que botar el sofá. Y así, el año 2014 inició con una merma considerable en el sector por cuenta propia, aunque la prensa oficial asegurase lo contrario.

En días recientes, sin embargo, finalmente se ha reconocido por los medios gubernamentales y en la voz de sus propios funcionarios encargados del caso, que un número elevado de trabajadores por cuenta propia han devuelto sus licencias. El sector se ha estado contrayendo, y esta vez la merma abarca un espectro más amplio de ocupaciones.

Todo indica que la suma de la excesiva carga impositiva –que se ha incrementado gradualmente para algunas ocupaciones–, el azote permanente de todo un ejército de inspectores corruptos, la ausencia del prometido mercado mayorista, la arbitrariedad de las normas establecidas y de las multas a los “subdeclarantes”, así como otras restricciones legales igualmente absurdas, le están pasando la cuenta a estos “emprendedores” que alguna vez creyeron en las buenas intenciones y en la irreversibilidad de las reformas raulistas.

Curiosamente, el segmento de quienes se dedican a la renta de habitaciones y apartamentos se ha visto beneficiado por una disminución significativa de los impuestos, si bien éstos continúan siendo altos. Probablemente, la insuficiente infraestructura hotelera y la carencia de variantes estatales para enfrentar la afluencia de turistas y otros visitantes está incidiendo en esta tolerancia oficial para con los que viven legalmente de esta actividad. La benevolencia para con los arrendatarios se mantiene al menos mientras no exista capacidad por parte del Estado para asimilar el auge turístico que ya comienza a destaparse.

Por el momento, sírvannos las fluctuaciones de la saga cuentapropista como botón de muestra de la orfandad jurídica de quienes se aventuran a negociar con los viejos forajidos de verde olivo; pero también como indicador de las grandes expectativas de la castrocracia ante el arribo de los anhelados inversionistas extranjeros, que serán –a no dudarlo– sudario y epitafio de lo que en su día fue el sector proto-empresarial nativo… Muerto antes de nacer.