Fidel Castro y a su derecha, vestido de oscuro y el cabello largo, un joven y delgado Miguel Díaz-Canel, entonces primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Villa Clara, en un acto celebrado en Santa Clara el 30 de septiembre de 1996.
Tres años después de muerto Fidel Castro, el régimen no acaba de sepultarlo.
A falta de liderazgo y doctrinas políticas actualizadas, que permitan renovar a un socialismo de corte estalinista -antidemocrático por naturaleza- una economía improductiva y un modelo incapaz de vender un futuro coherente para el pueblo, la mejor opción que encontraron los compadres del partido comunista fue seguir cargando en hombros el féretro de Castro y gobernar a golpe de consignas y decretos.
La anacrónica revolución verde olivo no ha sabido reciclarse. Agotada, repite viejas fórmulas. Pero lo más preocupante no es que una dictadura reciclada presente un dossier contra un opositor o un periodista independiente. Lo que debemos analizar es la estrategia que viene aplicando el actual gobierno de Miguel Díaz-Canel para sacar del juego a la disidencia, la incipiente sociedad civil y el periodismo alternativo.
En apenas dos años en el poder, Díaz-Canel ha firmado dos decretos, el 349 y 389, que dan luz verde a la ilegalización del arte independiente y vulnera los derechos de las personas que el gobierno considera ‘terrorista’ o ‘mercenario’, entiéndase, ‘contrarrevolucionario’. Y va por más.
Según fuentes de todo crédito, el régimen espera presentar un nuevo decreto que pretende criminalizar el periodismo independiente. A la par que se mantiene la tenebrosa Ley 88, que puede sancionar hasta con pena de muerte lo que la dictadura considera traición la patria y que la actual Constitución autoriza la lucha armada si en determinado momento sectores opositores llegaran al poder, el nuevo decreto pretende desintegrar la prensa libre con una receta que combina multas prohibitivas, sanciones penales y un acoso tan persistente de los oficiales de Seguridad del Estado que obliguen al periodista a emigrar.
El método para esta nueva ofensiva consiste en detenciones breves, múltiples citaciones, impedir los viajes al exterior, desacreditar ante familiares, amigos y vecinos a la persona imputada, amenazar su integridad y al final, tenderte un puente de plata, para que te marches a Estados Uunidos o cualquier otro país.
Siempre se utilizó este tipo de procedimiento. Desde 2013, cuando el régimen flexibilizó las leyes migratorias, hasta 2018, alrededor de 200 disidentes, activistas, periodistas y artistas independientes han emigrado de Cuba.
El presidente designado por Raúl Castro pretende legislar una nueva ofensiva contra sectores y que el gobierno lo mismo considera ‘opositor’ o ‘mercenario’ a un reportero que investiga sobre medio ambiente y comunidades vulnerables que a una periodista abiertamente anticastrista. Para el régimen, todos somos ‘enemigos del pueblo’, ‘traidores a la revolución’ y ‘vendepatrias’. No hay matices.
Por eso desmantelaron el proyecto Cuba Posible, un grupo de tanques pensantes que analizaban objetivamente la realidad en la Isla. Por eso pretenden dinamitar publicaciones digitales como 14ymedio, El Estornudo, Periodismo de Barrio y El Toque, entre otras.
El nuevo engendro jurídico, la 389, legaliza un procedimiento que los servicios especiales siempre utilizaron contra la oposición: la vigilancia electrónica, el hackeo informático, los registros a domicilio sin la debida autorización, el decomiso de material de trabajo y la violación de la correspondencia.
Ahora es legal que escuchen tus llamadas telefónicas e intenten piratear tu cuenta de WhatsApp. Fidel Castro aplicaba estas estrategias transgrediendo la Constitución y el Código Penal. Se consideraba por encima del bien o el mal. Era el padrecito de la patria y cualquier cosa le estaba permitida.
La nueva hornada castrista busca codificar esos procedimientos. El pretexto para iniciar una ofensiva final contra el pensamiento libre y la oposición política pueden ser las amenazas de Estados Unidos o la compleja situación internacional.
Lo que pretende el castrismo es mantener lo más aislada posible a la disidencia. No quieren que establezcan puentes con grupos ciudadanos que reclaman detener el maltrato animal o las cuarenta mujeres que firmaron un documento exigiendo una ley contra la violencia de género.
El contexto es peligroso en Cuba, con una crisis económica estacionaria, descontento popular, un porcentaje alto de cubanos que desea emigrar y la angustiante falta de futuro. Por ello, piensa el régimen, llegó la hora de aniquilar a la oposición. A su favor tienen que la disidencia está dividida por rencillas internas y no tiene poder de convocatoria.
Pero, ojo, sofocar un fuego con gasolina es extremadamente peligroso. En esas circunstancias de acoso por parte de la Seguridad del Estado, la disidencia e incipiente sociedad civil pudieran potenciar la unidad, trazar nuevas estrategias y llegar a la gente de a pie.
En marzo de 2003, una operación que se antojaba sencilla para Fidel Castro, sancionar con muchos años de cárcel a 75 opositores y periodistas independientes, movilizó a la opinión pública mundial. Y en Cuba marcó el nacimiento de las Damas de Blanco, un movimiento integrado por madres, esposas e hijas de los encarcelados, y que en 2010, con el respaldo de la Iglesia Católica y España, obligó al régimen a pactar una salida negociada.
La dictadura cubana no debiera menospreciar la fuerza de lo pequeño. El mejor ejemplo es Fidel Castro. Con solo 82 hombres provocó una revolución. Y créanme, los que se oponen a la autocracia constitucional de Miguel Díaz-Canel, son muchos más.
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