Miguel Díaz-Canel, presidente cubano y Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
“Mas allá de mirar al pasado y de criticar la ley Helms-Burton, también hay una oportunidad aquí para mejorar la seguridad de las inversiones, para facilitar el comercio y las inversiones y ahí la Unión Europea va a estar con ustedes”, afirmó el embajador europeo en Cuba, el español Alberto Navarro.
El diplomático hizo esta recomendación durante un encuentro de trabajo convocado por el régimen de la isla con diplomáticos y empresas europeas presentes en el país para reiterarles las garantías a la inversión que ofrece el Estado cubano, en un momento de nerviosismo por las nuevas medidas de presión de Washington.
Navarro conminó al país a “en estos momentos de dificultades, buscar la oportunidad para mejorar el clima de inversiones y para facilitar el comercio y la inversión”.
“No he visto a ningún país salir del subdesarrollo a través de la ayuda al desarrollo y la solidaridad internacional (…). Los países que prosperan es gracias a la apertura comercial y a la inversión extranjera (…). Es un momento único, una oportunidad”, aseveró el embajador de la UE.
A su juicio, “hay argumentos suficientes para que Cuba entienda que los países con mayor apertura comercial son los más prósperos del mundo”.
La UE ha sido uno de los más firmes detractores de las nuevas sanciones de EE.UU. al régimen en Cuba y se opone a la reciente reactivación del título III de la Helms-Burton, que permite a estadounidenses y cubanoamericanos demandar ante tribunales de ese país a empresas que se estén lucrando con propiedades nacionalizadas tras el triunfo de de Fidel Castro en 1959.
El pasado día 2 de mayo EE.UU. activó esa disposición que había permanecido suspendida desde su aprobación en 1996 y bajo la cual hasta el momento se han presentado cuatro demandas relacionadas con la expropiación de empresas energéticas, puertos y un hotel.
El representante de Bruselas en La Habana reiteró la disposición de la UE a proteger los intereses de sus empresarios y consideró que la legislación estadounidense viola el Derecho Internacional y busca, en último término, “crear confusión y desalentar la inversión”.
Navarro recordó que a finales de junio visitará Cuba el comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, para concretar la contribución de la UE a la creación de una “ventanilla única” para facilitar el comercio y las inversiones en la isla.
También subrayó que el bloque europeo sigue trabajando para que el Banco Europeo de Inversiones “pueda abrirse a Cuba”, confió en que otras instituciones financieras de los estados miembros “sigan el mismo camino” y reiteró la oportunidad que supondría para la isla sumarse al futuro acuerdo “post-Cotonu”.
El actual Acuerdo de Cotonú, que rige las relaciones entre la UE y los países de África, Caribe y Pacífico pero que el régimen en Cuba no ha suscrito, tiene validez hasta febrero de 2020 y a él están adheridos 78 países del grupo ACP, además de los Estados miembros de la UE.
El bloque europeo es el principal socio comercial del régimen en Cuba, con un intercambio comercial que superó los 2.600 millones de euros el año pasado, y también es el primer inversor en el país caribeño.
En el encuentro auspiciado este viernes por el Ministerio cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera también habló el viceministro primero de esa cartera, Antonio Luis Carricarte, quien dijo que el régimen en Cuba “aprecia y reconoce el compromiso y apoyo” de las empresas de la UE frente a la creciente hostilidad de EE.UU. y su “propósito de aislar” a La Habana.
Carricarte aseguró que el régimen aplicará todas las garantías previstas en su Constitución y su legislación ante cualquier demanda presentada bajo la ley Helms-Burton, que tildó de “ilícita, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno”.
Por su parte, el director general para EE.UU. del Ministerio cubano de Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, advirtió de que los fallos judiciales que emitan las cortes estadounidenses en respuesta a demandas presentadas al amparo del título III “serán obstáculos adicionales” si en el futuro Washington quisiera volver a normalizar las relaciones bilaterales con la isla.
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