La experiencia, avalada por las ciencias sociales, enseña que el interés es un motor insustituible para el logro de objetivos. En el caso de la economía, la propiedad sobre los medios de producción y el monto de los salarios influyen decisivamente en el interés de los productores. Cuando ese interés desaparece como ocurrió en Cuba con el proceso de estatización, la impedimenta para ser propietario y/o recibir salarios en correspondencia con sus aportes, obligó al cubano a buscar fuentes alternativas para subsistir mediante la apropiación de la supuesta propiedad de todo el pueblo.
Esa conducta, prolongada durante demasiado tiempo, devino componente de la moral, es decir, en normas admitidas socialmente hasta su generalización en toda la sociedad. A los bajos salarios los cubanos respondieron con actividades alternativas; a la ausencia de sociedad civil, con la vida sumergida; a la falta de materiales, con el robo al Estado; y al cierre de todas las posibilidades, con el escape al exilio. Acciones expresadas con el mismo discurso del siglo XIX, pero ahora no para abolir la esclavitud ni alcanzar la independencia, sino luchar para sobrevivir. Una conducta recogida en la expresión popular: "Aquí lo que no hay es que morirse".
Ante esa realidad la respuesta gubernamental se concentró en la represión: policías, vigilancia, restricciones, inspectores e inspectores de los inspectores, expulsiones, condenas y encarcelamientos. Acciones sobre los efectos sin tener en cuenta que las soluciones pasan por el reconocimiento y la acción sobre las causas.
En la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 7 de julio pasado, el Primer Secretario del PCC, Raúl Castro, expresó que la implementación de los Lineamientos requiere de un "clima permanente de orden, disciplina y exigencia en la sociedad cubana y que el primer paso es hurgar en las causas y condiciones que han propiciado este fenómeno a lo largo de muchos años. A ello añadió: Hemos percibido con dolor, a lo largo de los más de 20 años de período especial, el acrecentado deterioro de valores morales y cívicos, como la honestidad, la decencia, la vergüenza, el decoro, la honradez y la sensibilidad ante los problemas de los demás". Enumeró las manifestaciones negativas, de todos conocidas, entre ellas, que "una parte de la sociedad ha pasado a ver normal el robo al Estado", para concluir que: "Lo real es que se ha abusado de la nobleza de la revolución, de no acudir al uso de la fuerza de la ley, por justificado que fuera, privilegiando el convencimiento y el trabajo político, lo cual debemos reconocer que no siempre ha resultado suficiente". Y reconocer que "hemos retrocedido en cultura y civismo ciudadanos".
A pesar de lo declarado, faltó reconocer que las subvenciones recibidas del exterior, basadas en relaciones ideológicas y por tanto ajenas a las leyes económicas, fueron inútiles para promover el desarrollo y que en su lugar, esa "ayuda" solapó la ineficiencia del modelo cubano, hasta que el derrumbe del campo socialista develó la falsedad de las bases en que se sustentaba. En ese momento, en vez de enrumbarse definitivamente hacia la conformación de una economía propia y eficiente, el Gobierno se limitó a introducir cambios coyunturales en espera de mejores tiempos, hasta que las nuevas subvenciones, provenientes de Venezuela, permitieron detener las reformas.
El intento de ignorar que el sistema interrelacionado de elementos que conforman la sociedad sufre mutaciones permanentes, las cuales cuando no son atendidas a tiempo obligan a reformar toda la estructura social, ha caracterizado al gobierno de Raúl Castro, quien dotado de suficiente voluntad política para conservar el poder, pero sin la necesaria para emprender reformas estructurales, decidió profundizar los cambios dirigidos a lograr una economía propia y eficiente, pero subordinados al mantenimiento del poder, lo que explica las limitaciones y los fracasos del empeño. En medio de esos esfuerzos, las reñidas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela a principios del año 2013, dispararon la alarma sobre la fragilidad de las subvenciones provenientes del país sudamericano, lo que ha puesto a la orden del día, sin posibilidad de retroceso, la imperiosa necesidad de profundizar las reformas iniciadas.
Sin embargo, tanto las primeras medidas implementadas, como las más recientes, al producirse en ausencia de una sociedad civil con capacidad para influir en ellas, ha determinado que el sujeto de los cambios sea el mismo que arribó al poder en 1959, el cual por su prolongada duración tiene intereses que defender y es responsable de todo lo bueno o malo ocurrido; una característica que le impide actuar como lo podría hacer un movimiento que arriba al poder por vez primera. Por esa razón el alcance, la dirección, la velocidad y el ritmo de los cambios han respondido a la conservación del poder.
Inmerso en la contradicción de avanzar sin reformas estructurales, el Gobierno está enfrentando el inmenso obstáculo que significan los desajustes ocurridos en el sistema social durante décadas. Entre ellos el efecto dañino que ha tenido la desproporcionada relación entre los salarios y el costo de la vida, así como su reflejo en la corrupción imperante.
El salario real debe ser, al menos suficiente para la subsistencia de los trabajadores y sus familias. De acuerdo a esta exigencia el salario mínimo permite la subsistencia, mientras los ingresos por debajo de ese límite marcan la "línea de pobreza". Desde 1989, cuando un peso cubano equivalía a casi nueve de los actuales, la tasa de crecimiento del salario comenzó a ser inferior a la tasa de aumento de los precios, lo que explica, que a pesar de haberse producido aumentos en el salario nominal, la capacidad de compra ha disminuido, al punto que resulta insuficiente para sobrevivir.
Con el salario promedio mensual, alrededor de 460 pesos (menos de 20 CUC), no se pueden cubrir las necesidades básicas. Un estudio realizado en dos núcleos familiares, compuesto de dos y tres personas respectivamente, arrojó que el primero ingresa 800 pesos y gasta 2391, casi tres veces más que el ingreso; el otro ingresa 1976 pesos y gasta 4198, más del doble de lo que ingresa. El primero sobrevive por la remesa que recibe de un hijo que radica en Estados Unidos, mientras el segundo no declaró como adquiere la diferencia. Esa desproporción constituye la principal causa que, ante la pérdida de la función del salario, la familia cubana se haya dedicado masivamente a buscar fuentes alternativas de ingresos para sobrevivir, en la mayoría de los casos mediante actividades al margen de la ley.
Como solo se puede distribuir lo que se produce, el Gobierno se enfrenta a una compleja contradicción. Los cubanos, desmotivados por salarios que no guarda relación con el costo de la vida no están dispuestos a producir y sin aumento de la producción no pueden mejorar las condiciones de vida. La solución no está en llamados ideológicos ni en que el pueblo le salga al paso al pueblo, sino en reconocer al Estado como el causante principal de esa anomalía y en consecuencia descentralizar la economía, permitir la formación de una clase media, destrabar todo lo que frene el aumento de la producción, hasta ser posible la unificación de las dos monedas que permita proceder a una reforma salarial. Todo ello implica profundizar las reformas hasta dotarlas de un carácter integral, lo que incluye, por supuesto, el restablecimiento de las libertades ciudadanas, algo que hasta ahora el Gobierno se ha negado.
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