Por Arnaldo M. Fernández.
Tras refrescar con Castro en la pelota, Carter se reunió con líderes de la oposición anticastrista dentro de la Isla (mayo 16, 2002), pero en tandas separadas a favor y en contra del Proyecto Varela.
Aquí no cabe abundar en esa flagrante división interna, sino en que ambas reuniones se efectuaron bajo la protección de la policía de Castro. Antes de que pasara un año, esa misma policía arremetió (marzo 18, 2003) contra esos mismos opositores y otros más, para llevarlos a la cárcel por actos que venían realizando abiertamente incluso antes de las reuniones con Carter.
Así, la "Ley Mordaza" (88/1999) intriga por su fundamento jurídico: el principio de "oportunidad" (Disposición Final Primera), que deja al arbitrio de la Fiscalía General usar o no recursos punitivos contra quienes, según la propia ley castrista, comenten actos que afectan la seguridad del Estado.
Se cae de la mata que, en estos casos, la reacción estatal debe ser tan enérgica como inmediata y jamás "oportuna" a conveniencia. Sin embargo, el surrealismo político del castrismo aguanta eso y más: que los periodistas independientes, por ejemplo, sean condenados por actos contra la Seguridad del Estado como consecuencia de dar "informaciones manipuladas y falseadas con relación a la situación política, social y económica de Cuba". Antes que echarle la culpa al mensajero para meterlo en la cárcel, parece mucho mejor, a los altos fines del Estado y la nación, desmentir esas informaciones y poner en ridículo a los "mercenarios del imperio".
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