Por Osmar Laffita.
En una de las intervenciones de Marino Murillo Jorge, vicepresidente del Consejo de Ministros, en la Primera Sesión Ordinaria de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada los días 6 y 7 de julio del presente año, señaló que las indisciplinas en que han incurrido los pequeños empresarios privados dedicado al negocio de la venta de ropas han motivado quejas de la población por poseer estos licencias de modistos o sastres, tal como aparece en la actividad 71 en el anexo de la citada resolución, y realizan otras funciones.
Sobre el particular, parece que Murillo se enteró ese día que los miles de pequeños empresarios que tienen la susodicha licencia, por la expansión que han adquirido sus negocios de ventas de ropas importadas, han posibilitado que miles de personas hayan encontrado empleo en la calidad de trabajadores contratados.
Desde que hace tres años entró en vigor la citada Resolución No. 32 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la que se establecieron las nuevas regulaciones del ejercicio de la actividad privada en Cuba, el reglamento que la norma y las 181 actividades autorizadas, los directivos del MTSS y los de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), en las inspecciones que han realizado, así como en el cobro de las obligaciones tributarias de estos micro empresarios, han tolerado esta violación. Ellos saben perfectamente que los poseedores de las licencia de modisto o sastre, nunca han cumplido con el artículo 8 inciso (c) de la citad Resolución que señala "...realizar exclusivamente la actividad para las cuales están autorizados y comercializar las producciones y servicios que realicen". Sencillamente, durante todo este tiempo permitieron que miles de pequeños empresarios violaran lo que está legislado y que se hayan dedicado a la venta de ropa importada y no a diseñar y producir con medios propios prendas de vestir para vender.
Ahora, después de lo planteado por Murillo, la decisión tomada por el MTSS y la ONAT, sin detenerse en las consecuencias negativas que tal medida traerá, han decidido poner término al negocio de la venta de ropas importadas.
El asunto adquiere un matiz de conflictividad porque este floreciente negocio ha proliferado por todo el país, principalmente en las provincias de La Habana, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Camaguey, Ciego de Ávila, Holguín y Santiago de Cuba.
En las ciudades y pueblos de estas provincias, es normal que sus pobladores no visiten las tiendas del Estado dedicada a la venta de estos productos textiles, porque su confección por lo general es pésima y fuera de moda.
Todo lo contrario ocurre con los negocios de la venta de ropa importada propiedad de los pequeños empresarios privados.
Los portales de sus casas o los locales alquilados y preparados al efecto, siempre están llenos de público que buscan en el amplio surtido que ofertan, los modelos y estilos que se ajustan a los gustos más exigentes tanto de hombre como de mujer. A pesar de que los precios son elevados, siempre hay clientes que los compran.
El gobierno cubano, después de tolerar durante años este negocio que no era clandestino, sino que se hacía ante la vista de todos, ahora quiere poner orden y hacer cumplir lo que está legislado.
El 31 de agosto venció el plazo para poner término a la venta de ropas importadas. Aquellos que lo infrinjan corren el riesgo de ser multados y de que les decomisen sus mercancías.
Tal medida será un duro golpe para los miles de pequeños empresarios privados que desde hace más de dos años han desarrollado un floreciente negocio, donde han encontrado empleo bien remunerado miles de personas.
Es otra muestra de que al gobierno nunca le han interesado los problemas del pueblo cubano.
Al cierre del primer semestre del año, la ONAT informó que 436 342 persona tenían licencia para el desempeño de la actividad privada. De ese total, el 68% no tiene vínculo laboral. Gran parte de ellos están como empleados contratados de estos pequeños negocio de venta de ropa importadas. De aplicarse el cierre definitivo de estos negocios, estas personas quedarán totalmente desamparadas, porque el gobierno no tiene empleos que ofrecerles, debido a que no ha acabado de resolver el grave problema del más de un millón de trabajadores que sobran en las infladas plantillas de los organismos y empresas del Estado.
A dos meses de lo planteado por Murillo Jorge, el MTSS, la ONAT y la oficialista y vertical Central de Trabajadores de Cuba (CTC), se han atenido a cumplir la orden que le impartió el gobierno de mantener silencio sobre tan delicado asunto
Los únicos que se han atrevido a abordar el tema fueron los semanarios dirigidos por las direcciones provinciales del Partido Comunista de Cienfuegos y Sancti Spíritus. Como era de esperarse, uno y otro en sus informaciones se alinearon a las directrices del gobierno, pero nunca en defensa de los pequeños empresarios privados y mucho menos de los miles de trabajadores contratados que quedarán desempleados.
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