La fijación de precios máximos o topados a los bienes y servicios, esa medida gubernamental con el supuesto fin de proteger a las personas de menores ingresos, casi siempre ha encontrado obstáculos para su aplicación de manera efectiva.
En primer término esa política enfrenta el rechazo de los productores o prestadores de servicios, quienes ven disminuidas sus ganancias, y por tanto al menor descuido de los órganos de control intentarán retomar los precios que indique la relación entre la oferta y la demanda. Tal sentimiento se hace más fuerte entre los actores económicos del sector no estatal, en particular los trabajadores por cuenta propia, a los que siempre se les dijo que no habría interferencia gubernamental en la comercialización de sus bienes y servicios.
Pero, sorpresa, pues el tope de precios ha sido ignorado últimamente por muchos de los que en teoría serían sus beneficiarios. Un trabajo periodístico aparecido en el periódico Juventud Rebelde recogió las declaraciones de un consumidor en un mercado agropecuario de la sureña provincia de Cienfuegos donde rigen los precios topados, pero cuyos vendedores burlan con frecuencia esa directiva estatal: “Estoy consciente de que la malanga es más barata, pero la pago a diez pesos la libra por necesidad y siempre a la misma persona, Si me fajo con él, quién me la va a vender”.
En efecto, ese consumidor debe de haber experimentado en carne propia el desabastecimiento que generalmente provoca el tope de precios, con el perjuicio adicional de tener que acudir a la siempre riesgosa “bolsa negra”, y en consecuencia opta por pagar el precio que espontáneamente le fija el mercado a la malanga.
Y no podíamos dejar de mencionar el que clasificaría como el escollo principal que afronta cualquier política encaminada a topar los precios a la población. Un escollo que seguramente se pondrá de manifiesto en la anunciada estrategia de topar las tarifas que aplican los taxistas privados. Porque, ¿podrá el gobierno colocar un inspector en cada vehículo para controlar las tarifas que les cobran a los pasajeros?
Por supuesto que no. Mas, en este caso las autoridades no han vacilado en recurrir a una opción siempre presente en su arsenal: echar a pelear a unos ciudadanos con otros. Para ello el periódico Tribuna de La Habana, en su edición del domingo 19 de enero, publica dos números telefónicos y tres correos electrónicos para que las personas denuncien las “violaciones” cometidas por los taxistas en materia de precios. Deberán especificar el número de la matrícula del taxi, la fecha, la hora y el lugar del hecho.
En resumidas cuentas, los mítines de repudio organizados contra las personas que penetraron en la embajada del Perú, y también contra los que se iban por el puerto de Mariel en 1980, así como las acciones de las brigadas de respuesta rápida en años más recientes contra las Damas de Blanco o cualquier otro grupo opositor, no son más que antecedentes de lo que ahora podrán enfrentar los taxistas privados.
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