Con bombo y platillo ha sido anunciada la creación de las primeras 124 cooperativas no agropecuarias en el país. Funcionarán en los sectores de la construcción, el transporte, la recogida de desechos y los mercados agropecuarios. Tendrán personalidad jurídica propia, y casi todas- excepto las agropecuarias que comercialicen la papa, el arroz y el chícharo, así como las del transporte de pasajeros- ofertarán sus bienes o prestarán sus servicios de acuerdo con la oferta y la demanda.Y precisamente, son las excepciones antes expuestas las que ameritan nuestro análisis. Desde el punto de vista de la población es plausible que se topen los precios de los referidos bienes de consumo, y del servicio de ómnibus ruteros que enlazan importantes puntos de la capital. Sin embargo, otro es el panorama si lo analizamos desde la óptica de los nuevos cooperativistas.
Tomemos como ejemplo el servicio de los ómnibus ruteros. Antes de esta transformación, la empresa recibía del Estado el combustible, las piezas de repuesto y otros insumos. Además, se garantizaba el salario básico de los trabajadores. La tarifa aplicada era de cinco pesos por usuario. Ahora, al convertirse en cooperativa, el Estado se desentiende de esas obligaciones, por lo que esos gastos corren a cuenta de los propios cooperativistas, mientras que los ingresos de los trabajadores dependerán de las recaudaciones. A lo anterior se une el hecho de que estos cooperativistas deberán pagar los impuestos a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), algo similar a lo que sucede con los arrendatarios de locales estatales como barberías, peluquerías y determinados centros gastronómicos. Y, al final, los ómnibus ruteros están obligados a seguir cobrando cinco pesos por viajero. Ni siquiera el convertidor especial que se les concede- adquirir un CUC con 10 pesos, en lugar de 25 como marca la tasa oficial- parece compensar la desproporción entre ingresos y gastos.
La práctica económica aconseja no topar los precios de los nuevos actores que aparecen en el mercado, pues tal proceder podría devenir una camisa de fuerza que termine por desestimularlos, o en el peor de los casos vuelva irrentable su gestión. A esos actores se les debería de permitir precios que cubran sus costos iniciales. Después, cuando ganen en eficiencia, y sobre todo, cuando se vean forzados por la competencia - que en este caso podría venir de los cuentapropistas o del propio servicio estatal-, los precios bajarán automáticamente. Los precios bajos deben ser una consecuencia del correcto desenvolvimiento del ciclo económico. Su aplicación a priori y por decreto, como ahora pretende el gobierno, convierte a menudo las buenas intenciones en fenómenos tales como la desmotivación, la escasez y la bolsa negra.
La evolución de las dos modalidades de mercados agropecuarios con que hemos contado nos ejemplifica lo que apuntamos. Los Mercados Agropecuarios Estatales han trabajado con el sistema de precios topados, para, supuestamente, hacer más asequibles los productos del agro. Sin embargo, estos mercados languidecen en medio de tarimas vacías y la irritación de los ciudadanos. Los Mercados Agropecuarios de oferta y demanda, por el contrario, son el sitio donde los consumidores encuentran las frutas, viandas y cárnicos de su preferencia. Entonces, precios topados han sido sinónimo de escasez. Y en resumidas cuentas, a las personas no les ha quedado más remedio que acudir a la oferta y la demanda si querían llevar comida a sus mesas.
Ojalá, para bien de la población, máxime en una esfera tan sensible como el transporte, que este servicio de ómnibus ruteros no sucumba. Sería contraproducente que una actividad que asuma el cooperativismo se torne más ineficiente que cuando era regida por el Estado. Mas, si así fuera, tampoco asistiríamos a un episodio inédito. Las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) fueron una muestra de semejante involución.
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