El Plan Nacional de Viviendas, hecho público en diciembre de 2018, y para cumplirse en 10 años, es a mi modo de ver un plan “maoísta” que concentra la producción de materiales de construcción en manos del estado, que no tiene recursos, y en la gestión de construcción también en manos estatales que sólo cuenta con ampliar la capacidad productiva en 19 brigadas de movimiento de tierra, otras 19 brigadas de conductoras y redes y 41 brigadas constructoras. El informe que presenta estas cifras no dice la cantidad actual de esas brigadas estatales[1]. Por otra parte, la fuerza de trabajo para aplicar este plan es la siguiente:
“Participan en la construcción de la vivienda para este programa: a) La familia organizada en el movimiento popular. b) Organizaciones estatales de la construcción. c) Las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias. d) Microbrigadas. e) Los centros de trabajo organizados por los consejos de administración municipales, con posibilidades reales de participación. f) El resto del sistema empresarial estatal del país. g) Trabajadores por cuenta propia”[2].
No veo cómo “la familia organizada en movimiento popular” es una fuerza productiva: este es el “maoísmo del plan” porque todos construimos sin materiales ni profesionales de la construcción. El maoísmo pretendió eliminar la división social del trabajo que hizo a la humanidad salir del medioevo y llegar a la modernidad. Con su plan de fundir acero en cada casa en la década de los años 60s, produjo un metal inservible y provocó la hambruna a gran parte de la población. El gobierno cubano diluye la responsabilidad de la vivienda en las familias sin crear las condiciones mínimas de materiales de la construcción y profesionales para construir con esfuerzo propio, en lo que parece más una estrategia de “sálvese el que pueda” que un plan serio nacional.
Por otra parte las cooperativas de construcción fueron muy restringidas con la resolución del verano de 2017: el Ministerio de la construcción envía a las cooperativas de construcción una resolución: “Orientaciones sobre el perfeccionamiento del funcionamiento de las Cooperativas No Agropecuarias”, el documento disponía que las cooperativas: “no contratarán trabajadores asalariados para realizar actividades que se correspondan con el objeto social de la cooperativa”, “solo podrán realizar las actividades propias de su objeto social en la provincia donde radique su domicilio social” (daba un plazo de tres meses para liquidar los que estuvieran en ejecución), y “no podrán crecer en socios, ni contratar servicios en actividades comprendidas en su objeto social”. En adición, establece un tope de ingreso monetario para los cooperativistas. Es decir, las cooperativas de construcción no pueden desarrollarse si no como “chinchales” a las órdenes y control del estado.
Otra de las fuerzas productivas que se mencionan al final es el trabajo por cuenta propia, pero hasta el momento de escribir este trabajo no existe la licencia de constructor entre las 123 licencias permitidas para el trabajo privado ni tampoco la de arquitecto. Los profesionales siguen cautivos en el empleo estatal.
El plan gubernamental se apoya en lograr a nivel municipal la producción de los materiales necesarios para construir una casa diaria con inversión del estado. Las cifras de ejecución de esta producción no se logran por la falta de recursos del estado y, por lo tanto, las familias que quieran reparar sus casas dependen del suministro estatal o de las “mulas” y no pueden importar ni producir por gestión privada y cooperativa los materiales. El monopolio de importación del estado con fines comerciales obstruye la construcción de viviendas en Cuba.
El déficit habitacional en Cuba es de 1.331.000 viviendas, y el 40 % está en regular o mal estado[3]. Con las restricciones impuestas a la gestión no estatal no será posible superarlo ni en 50 años.
La encuesta realizada por Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entre el 8 y 22 de julio de 2019, refleja la gravedad de la situación actual de la vivienda en Cuba.
Los entrevistados respondieron en un 29,6 % que viven con más de cinco personas en la misma vivienda, es decir casi una tercera parte vive en condiciones de hacinamiento, el 58 % declaró que su vivienda está en peligro de derrumbe o es necesario repararla y el 44,2 %, declaró que no tenía el espacio necesario para su familia.
Dice el informe:
“Respecto a la calidad de la vivienda en relación a sus condiciones de mantenimiento la situación descrita es la siguiente. Para más de la mitad de la población, su vivienda necesita rehabilitarse o repararse (50,5 %) o está en peligro de derrumbe (7,6 %), mientras que para uno de cada cuatro se conserva en buen estado (24,3 %). Los que responden que se ha reparado recientemente o se está reparando son cerca de uno de cada cinco entrevistados (17,3 %). Por lo tanto, junto a una situación mayoritaria descrita como de precariedad y necesidad de reparación importantes, se observa que hay una desigual situación de mantenimiento para otra parte de la población.”[4]
La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) ni el Censo de Población y viviendas de 2012 publica el número de albergados en el país ni la estancia de 20 años de espera de muchos de ellos, tampoco la precariedad y promiscuidad de los albergues ni los numerosos derrumbes que ocurren de manera recurrente en todo el territorio nacional. Esta información es fragmentada y sólo es visible, por testimonios personales en la prensa cubana independiente que continúa bloqueada. Al menos 20 sitios de la prensa independiente cubana no pueden leerse al interior del país.
Marlene Azor Hernández es consultora del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM, México.
[1] Ver Ministerio de la Construcción de la República de Cuba POLÍTICA DE LA VIVIENDA EN CUBA, 2017. Este trabajo no actualiza el déficit de vivienda en Cuba, actualizado en Cubadebate.cu,16 de agosto de 2019.
[2] Ídem página 10 del informe.
[3]¿Cómo marcha el Programa de la Vivienda en Cuba? en Cubadebate.cu, 16 de agosto de 2019.
[4] Observatorio Cubano de Derechos Humanos. “El estado de los derechos humanos en Cuba” Informe 1 2019, se presenta el 22 de octubre en Madrid.
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