La tragedia de la vivienda en la Cuba de los Castro.

Por Roberto Álvarez Quiñones.

El zarpazo del ciclón Sandy a la región oriental de Cuba en octubre pasado, con un saldo de 15.392 viviendas totalmente destruidas y otras 210.608 derrumbadas parcialmente o seriamente afectadas -según reveló el diario Granma-, agravó dramáticamente la crisis habitacional endémica que padece la nación como consecuencia de medio siglo de comunismo.

Y es que la tragedia habría sido mucho más benigna si las viviendas de las víctimas se hubieran hallado en buen estado. Esa es la diferencia entre patricios y plebeyos en la Cuba castrista.

Obviamente, las edificaciones sólidamente construidas y con buen mantenimiento periódico sufrieron poco daño, o ninguno. Para confirmarlo bastaría echar un vistazo a las casas de dirigentes del Partido Comunista, generales, coroneles y burócratas encumbrados de todo tipo. ¿Cuántas se fueron al suelo o perdieron el tejado? Y en caso de que así haya sido, ¿cuánto tardarán las brigadas estatales en hacerse cargo de la reparación y, de paso, su buen remozamiento?

Desde el período neolítico, hace 10.000 años, cuando al surgir la agricultura las tribus dejaron de trasladarse de una región a otra para cazar y recolectar  frutos silvestres y se asentaron en lugares fijos, el disponer de una vivienda confortable y segura ha constituido una de las dos prioridades básicas de los humanos, junto a la alimentación.

En el siglo XXI, estos dos parámetros siguen siendo clave para determinar la calidad de vida. Cualquier régimen político-social que suprima la libertad económica del hombre para crear riquezas, alimentarse adecuadamente y tener una vivienda digna, no sirve. No importa que se autoproclame superior o hable en nombre de los pobres.

Hace medio siglo, el castrismo secuestró las fuerzas productivas del país al prohibir la propiedad privada y estatizar el 80% de las tierras cultivables, quedando en manos del Estado la responsabilidad de alimentar al pueblo y proporcionarle vivienda. El resultado fue elocuente: los cubanos comen mal y la inmensa mayoría no tiene una vivienda que se corresponda con el siglo en que vivimos. El Estado castrista, como el perro del hortelano, ni come, ni deja comer.

Economistas y analistas independientes calculan que al menos el 75% de las viviendas nacionales están en mal estado, necesitan reparaciones capitales, se encuentran apuntaladas y a punto de derrumbarse, o ya se han desplomado parcialmente

En La Habana se derrumban edificios de manera constante. En enero de este año se vino abajo un edificio de tres pisos en la céntrica avenida de Infanta (entre Zanja y Salud), con un saldo de cuatro muertos. El edificio Alaska, de cinco pisos y 50 apartamentos, ubicado en pleno corazón de El Vedado (23 y M), se desplomó totalmente hace pocos años. Allí residieron importantes figuras de la TV, la radio y el cine, como Rosita Fornés, Carlos Badía, Maritza Rosales, Minín Bujones y otras.

El Instituto Nacional de la Vivienda (INV) afirma que no tiene los $4.000 millones de dólares que necesita para construir las 500.000 viviendas que requiere el país. Que no tiene los fondos es cierto, pero lo demás no, por cuatro razones: 1) el déficit habitacional se acerca al millón de viviendas, 2) construir una casa o apartamento cuesta mucho más de $8.000; 3) el INV no incluye los cientos de miles de viviendas que hay que reparar o reconstruir por completo, y 4) tampoco incluye los cientos de miles de matrimonios con hijos que viven en casas de familiares cercanos porque no tienen para dónde ir.

Igualmente, el INV omite que las viviendas y repartos enteros que se construyan deberán tener energía eléctrica, redes de abasto de agua, alcantarillados, calles, supermercados, escuelas, farmacias, oficinas de correo, parques. Es decir, en la Cuba poscastrista solucionar el problema habitacional costará decenas de miles de millones de dólares.

Solo en La Habana hay más de 240.000 personas que viven en cuarterías o "solares", esos cubículos insalubres de apenas unos 18,5 metros cuadrados como promedio, para familias de hasta siete y ocho miembros, o más, según el propio INV.

Debido a los derrumbes o a que sus viviendas han sido declaradas inhabitables sin que exista presupuesto para renovarlas, hay en la capital 146.000 personas viviendo en albergues colectivos. Se trata de familias que viven en condiciones higiénicas realmente medievales. Proliferan las ratas, las moscas, las cucarachas y los malos olores, así como la delincuencia y la violencia. Los albergues son instalaciones improvisadas en la periferia urbana. A cada familia, por numerosa que sea, se le asigna un espacio común de alrededor de 25 metros cuadrados, es decir, 267 pies. Otros cientos de miles de habaneros residen en casas o apartamentos en pésimas condiciones, sin servicio de gas, agua, ni alcantarillado.

Los barrios pobres y marginales de La Habana se han multiplicado en número y tamaño en plena ciudad, como los caseríos deplorables de "El Fanguito", "La Jata", "Atarés", "La Guinera", "Los Pocitos" y otros en Regla, Lawton, San Miguel del Padrón, Marianao, La Lisa, Jacomino, Zamora, Cayo Hueso, San Isidro, Jesús del Monte, Santos Suarez, La Víbora, e incluso en las cercanías del Palacio de gobierno, como es el caso de "La Timba". Algunos son enormes: en "La Guinera" viven unas 100.000 personas y 18.000 lo hacen en "Los Pocitos", con graves problemas de contaminación por las aguas negras del río Quibú, que por allí pasa. En su mayoría, estos barrios no tienen calles, sino trillos y callejones, peligrosos cuando cae la noche.

Si un huracán como Sandy golpease esas favelas habaneras y los restantes barrios de la ciudad, casi en ruinas, la tragedia sería mayúscula. Y ello ocurre bajo el mismo gobierno que al instalarse en 1959 juró acabar con la pobreza y los barrios marginales. Gracias a "la revolución", hoy Cuba tiene más barrios insalubres que hace 54 años. Buena parte de la otrora deslumbrante capital cubana es ahora un barrio marginal gigantesco.

Encima, el gobierno de Raúl Castro -en la quiebra- construye cada vez menos viviendas y exige que sean las propias familias las que se encarguen de la tarea, pero es incapaz de producir suficientes materiales de construcción.

En 2011 se construyeron nacionalmente 32.540 viviendas, cifra menor a las 33.901 unidades de 2010, y a las 44.775 levantadas en 2008. De las terminadas en 2011, la población -vía mercado negro- construyó 8.933 viviendas, un desplome con respecto a las 11.433 erigidas en 2010.

Ahora Sandy agrega miles de familias a la enorme cantidad de ciudadanos que malviven en albergues. Otros miles de familias -a falta de apoyo oficial- tendrán que seguir viviendo en sus casas semidevastadas e irán tapando huecos y levantando paredes con lo primero que encuentren, tal y como hacían en la Edad Media los pobladores pobres en torno a los opulentos castillos feudales.