Reajustar la ley de ajuste.

Por Jorge Olivera.

El tiempo ha borrado las fronteras entre los puntuales propósitos de la denominada Ley de Ajuste Cubano y el uso que le da un número cada vez mayor de los beneficiados.

La disposición que autoriza el otorgamiento de la residencia permanente, al año y un día, a todos los cubanos que llegan a Estados Unidos por vía legal, ha servido para crear una cortina humo, detrás de la cual se perpetran una serie de transgresiones que desnaturalizan el espíritu de una normativa sancionada para ayudar a las personas que huían de una dictadura.

Ningún sector del amplio mosaico de nacionalidades que logran asentarse en tierras estadounidenses cada año, goza de esos privilegios por medio de los cuales se cubre un notable número de necesidades de primer orden con dineros públicos y privados, como parte del proceso de inserción.

Aprovecharse de esas ventajas concedidas a partir del estatus de refugiados con que llegan los cubanos a esta nación, salvo los que tramitan sus visas por reunificación familiar o hacen turismo desde terceros países, es una actitud que de cierta manera obliga a encerrar entre signos de interrogación lo que en Cuba existe desde 1961: una dictadura de corte totalitario.

No se entiende que personas que obtuvieron en las oficinas de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana las correspondientes visas para marchar al exilio, regresen a visitar a sus familiares o a gastarse sus dólares en francachelas después de obtener la residencia.

De tales prácticas se sirve la propaganda oficial, que odia hasta el delirio la palabra exiliado. ¿Dónde está la persecución por la cual se marcharon, si entran por el Aeropuerto Internacional José Martí como Pedro por su casa?

Por una parte, a consecuencia de estos hechos, el gobierno cubano logra restar contundencia a las críticas en torno al ambiente represivo que describen varias organizaciones locales e internacionales, y por la otra, se nutre del aporte económico de esos artífices de la deshonestidad.

Estos personajes suelen, en su temporal retorno al país de origen, no acordarse de las viejas amistades que pudieran cuestionar su presencia en un espacio del que se marcharon por medio del fraude y de la suerte. Se escabullen, se mimetizan en ciudadanos apolíticos solo preocupados por cuestiones que no choquen con el discurso del régimen.

Los temas a abordar, si es que no prefieren esconderse, deben girar en torno al béisbol de las Grandes Ligas, las últimas novedades de la tecnología, entre otros, siempre con la condición de no criticar al socialismo real "del que un día pusieron pies en polvorosa".

Ahora que el legislador estatal por el partido republicano, David Rivera, propone una enmienda para corregir la Ley de Ajuste, con el fin de ponerle coto a las prácticas que vulneran el referido texto aprobado en 1966, se alzan voces para cuestionar su labor.

Entre los detractores de su gestión figura el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de la Florida, Howard Simon.

"Esto no es más que una crueldad en nombre del aislamiento ideológico de Cuba y una restricción innecesaria a la libertad de viajar", señaló el funcionario.

Sin ánimo de cuestionar el punto de vista del señor Simon, pues le asiste el derecho para expresar su opinión con entera libertad, es preciso recordar la necesidad de modificaciones en relación a una normativa que se firmó para cumplir con un propósito muy bien definido, no para ser usada regularmente como un instrumento del cual se beneficia un grupo de personas sin escrúpulos y el régimen, que no desaprovecha la menor oportunidad para obtener ventajas políticas y económicas del adversario que escogió para escenificar una disputa estratégica.

En el papel de David, los mandamases de la isla han logrado parte de sus designios frente a Goliat. Permanecen en el poder, pero eso no quiere decir que tengan asegurada la victoria.