Por Orlando Palma.
A un año de extinguirse el Instituto Nacional de la Vivienda, se mantienen las irregularidades que llevaron a disolver al todopoderoso organismo gubernamental. El exceso de trámites y su morosidad generan molestias en una población que apenas nota beneficios en la transferencia de funciones a otras entidades estatales.
El 5 de enero de 2015 entró en vigor el Decreto Ley 322 que ponía fin a décadas de reinado del Instituto Nacional de la Vivienda. Desde entonces, el Ministerio de la Construcción asumió la potestad de regir la política de vivienda del país, mientras otras funciones recayeron en el Instituto de Planificación Física (IPF), los tribunales y el Ministerio de trabajo y Seguridad Social.
Durante los últimos doce meses se han recibido unas 200.000 quejas relacionadas con trámites vinculados a la vivienda. Esta cifra supera las insatisfacciones documentadas contra el organismo que anteriormente atendía esas cuestiones, según se informó durante la última sesión de la Asamblea Nacional, en diciembre pasado.
Diana Rosa Suárez, directora jurídica del IPF, comentó ante los medios oficiales que existen retrasos en los trámites, fundamentalmente aquellos vinculados a dictámenes técnicos y regulaciones urbanísticas, aunque adjudicó las demoras a las carencias materiales y de personal, especialmente calificado.
La funcionaria defendió su entidad, al detallar que el actual documento que certifica "el habitable" –para viviendas recién construidas o reparadas– incluye ahora más datos que con anterioridad. Entre ellos, las medidas del inmueble y sus linderos, la tasación y hasta el número que se coloca en la fachada de la casa.
Sin embargo, las argumentaciones de los representantes del IPF no aplacan las críticas. Caridad Rodríguez, una residente del capitalino municipio de Regla, considera que "las cosas pueden haber cambiado por allá arriba, pero aquí abajo sigue como antes". La jubilada narra que al solicitar los servicios del arquitecto de la comunidad, le anunciaron que demoraría dos semanas, pero tuvo que esperar cuatro meses.
"Para vender mi casa tenía que inscribirla en el registro de propiedad", detalla la señora, por lo que necesitaba que un especialista determinara que la distribución del inmueble coincidía "con lo que aparece en los papeles". Después de obtener el dictamen del arquitecto, debió aguardar 45 días para que la oficina del registro le otorgara la copia legalizada de su propiedad. Ahora, busca un nuevo comprador para su inmueble porque el anterior estaba apurado y desestimó la oferta.
En la provincia Villa Clara, el 70% de los planteamientos que los ciudadanos hicieron a lo largo del pasado año en las asambleas de rendición de cuentas se refieren a dificultades para legalizar terrenos y viviendas o acceder a subsidios, según refirieron los parlamentarios reunidos en el Palacio de las Convenciones. Otro tanto ha ocurrido en Las Tunas, Granma y Sancti Spíritus.
La impopularidad crece alrededor del Instituto de Planificación Física, dirigido por el general Samuel Rodiles Planas. Muchos ven esta institución más como un freno que como un acelerador ante las iniciativas de la población para construir viviendas por esfuerzo propio.
En el afán de luchar contra las ilegalidades y las violaciones urbanísticas, proliferaron en 2015 las demoliciones de viviendas o de agregados que se realizaron durante décadas para ampliar el espacio habitacional.
En el reparto Alamar, Vladimir Pacheco, quien vive en un apartamento de dos cuartos en la planta baja de un edificio de cinco pisos, construyó dos dormitorios anexos a su casa, en lo que él interpretó como un terreno de nadie. "Llegué aquí con mi mujer y dos hijos varones en 1976", cuenta a este diario.
"En los ochenta me nació la niña y ya en el 2004 éramos nueve personas contando a mis cuatro nietos", agrega. El hombre decidió extender su casa hacia un terreno al fondo de su apartamento. En julio del año pasado, inspectores del Instituto de Planificación Física, le anunciaron que demolerían la construcción alternativa. "Mis dos hijos varones dicen que si tumban los cuartos se tiran al mar", se preocupa el propietario de la vivienda.
En una notaría en el habanero municipio Playa, un abogado que prefirió no identificarse comentó a 14ymedio que hay que reconocer que ahora los trámites se han hecho más complejos. "El día que en este país se puedan construir todas las casas que la gente necesita vamos a tener que cambiar todos los mecanismos que hoy existen", refiere y confiesa que "de lo contrario habrá que importar notarios de otra parte".
El verdadero desafío de la política de viviendas va más allá de ilegalidades y corruptelas, de violaciones urbanísticas o determinación de linderos. El abogado sentencia: "El problema es mucho más complicado que disminuir las colas o el tiempo de espera para obtener un documento y al mismo tiempo es tan simple como colocar un ladrillo encima de otro".
En los grandes centros comerciales de La Habana, ya sea Carlos III, Galerías Paseo o el situado en la Avenida Boyeros y calle Camagüey, usted no encontrará a familias como la de Yesenia y Sergio.
