miércoles, 12 de septiembre de 2018

La impunidad dictatorial de izquierda.

Por Roberto Álvarez Quiñones.

Ante el éxodo de proporciones bíblicas de millones de venezolanos huyendo de su país como consecuencia del cataclismo social, económico, político y existencial causado por la dictadura chavistacastrista, los gobiernos de Latinoamérica hasta ahora tratan de mitigar los efectos de esa crisis humanitaria, pero no ayudan a los venezolanos a eliminar las causas que la han provocado. O sea, juegan con la cadena, no con el mono.

En Guayaquil, Ecuador, se reunieron 14 países. Sus representantes gubernamentales hicieron buenas propuestas sobre cómo dar asistencia a los venezolanos migrantes, pero no tomaron medidas concretas contra el régimen de Nicolás Maduro. Nada dijeron de aislarlo diplomáticamente, ni de exigirle que se vaya del poder con sus apandillados. Le pidieron que acepte ayuda humanitaria para que no se vaya tanta gente del país.

Si ya quedó atrás la oleada de gobiernos populistas de izquierda, que llegaron a ser 13 en total en 2011, y hoy América Latina es dirigida mayormente por gobernantes demócratas liberales, ¿por qué no se actúa contra la tiranía chavista, o la nicaragüense, o la castrista, como se hizo contra la de Pinochet, quien sufrió un gran aislamiento internacional?

Quedan en la región solo cinco gobiernos populistas o comunistas: Nicaragua, Bolivia, Venezuela, El Salvador y Cuba, con 46 millones de habitantes, un 7% de los 635 millones de la región.

¿Por qué los restantes gobiernos no mencionan siquiera al castrismo, madre de todas las autocracias de izquierda en la región? La inteligencia y la contrainteligencia militar cubanas en Venezuela son las que impiden la necesaria sublevación militar contra Maduro. Sin la intervención castrista militar y política en Venezuela, ya Maduro y su narcogobierno habrían sido derrocado. No habría crisis humanitaria. ¿Son tan ingenuos los gobernantes latinoamericanos que no saben eso?

Como he expuesto en ocasiones anteriores, a mi modo de ver tal pasividad regional se debe a dos factores: 1) el temor de los gobiernos al agresivo poder movilizador de los partidos y organizaciones de la izquierda radical, en buena medida manejado por el castrismo, cuyo brazo desestabilizador opera a nivel continental con el concurso entusiasta de militantes locales; y 2) los presidentes y líderes políticos lejos de buscarse problemas con esa izquierda extremista lo que hacen es complacerla para que no se movilice, y para así de paso arrancarle algunos votos en los procesos electorales.

O sea, el regreso a los valores democráticos liberales luego del dominio populista en Latinoamérica durante años no se ha traducido en un enfrentamiento firme a los regímenes que niegan y aplastan esos valores.

Expresión de ello fue la VII Cumbre de las Américas en Lima, en abril de 2018, a la que fue invitada la dictadura de Raúl Castro. Sus delegados en Lima se dedicaron a sabotear el cónclave y a insultar a gritos al secretario general de la OEA, el excanciller uruguayo Luis Almagro, un hombre de izquierda, pero no castrochavista. La cumbre no llamó al rompimiento de relaciones diplomáticas con Caracas, no aprobó sanciones.

En la OEA al remanente populista y las dictaduras se suman algunos gobiernos caribeños. Por sugerencia de Fidel Castro, Hugo Chávez utilizó su chequera y la entrega de petróleo muy barato a países del Caribe para comprar lealtades políticas. La estrategia funcionó.

Hoy esas pequeñas naciones, sumadas a las dictaduras y conexos, impiden que en la OEA se alcancen los dos tercios de los votos necesarios para aplicarle a Venezuela la Carta Democrática, el instrumento de la OEA para proteger la democracia en la región. Se necesitan 23 votos de los 34 miembros activos (Cuba está suspendida desde 1962). Lo más que se logran son 19 votos.

Pero en junio de 2009 cuando el chavista Mel Zelaya intentó maniobrar ilegalmente para perpetuarse en el poder en Honduras y fue destituido constitucionalmente por el Parlamento, en la OEA sobraron los votos para expulsar a Honduras de la organización. Y no fue readmitida hasta 2011, dos años después.

Las actuales dictaduras latinoamericanas no se sienten amenazadas. Perciben que muy poco harán contra ellas la OEA, la ONU, la Unión Europea (UE) y el resto del mundo. Pese al valiente empuje de Almagro, la OEA de hecho está paralizada. Es algo parecido a lo que sucede en el Consejo de Seguridad de la ONU, que por el veto de Moscú y Pekín, dos de los cinco miembros permanentes, no se logra allí casi nada edificante para la humanidad.

De hecho, los gobiernos dictatoriales o populistas junto con los países caribeños beneficiarios de petróleo venezolano barato tienen poder de veto en la OEA. Sin el voto de ellos nada importante se puede aprobar.

Eso explica por qué hace unos días Almagro anunció la creación de un Grupo de Trabajo dedicado a la migración de Venezuela. Fue lo más que pudo hacer. Es algo positivo pero insuficiente. Es como una aspirina: alivia el dolor, pero no cura.

Según fuentes diversas ya son casi tres millones los venezolanos que se han ido de su país, el más rico del mundo en petróleo. Y seguirán emigrando mientras se mantenga en el poder el narcochavismo. Washington ha dado pasos efectivos contra la dictadura chavista, pero tampoco han sido suficientes. Y además, nadie se suma.

A la pasividad latinoamericana se suma la actitud de la UE. Para empezar, la actual jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, es una militante comunista italiana para quien la dictadura de Raúl Castro es "una democracia de partido único".

Y como dijera el mariscal prusiano Hindenburg, "para muestra basta un botón". España, por razones culturales e históricas, tiene una influencia decisiva en la UE en cuanto a la política hacia América Latina. Pues bien, el actual presidente español (sin haber sido elegido en las urnas), el socialista Pedro Sánchez, quien se niega a calificar de dictadura al régimen de Maduro, dijo en Bogotá que lo que hace falta en Venezuela es un "diálogo" entre venezolanos.

¿Habría pedido Sánchez a los chilenos que dialogaran con Pinochet, o a los argentinos que conversaran con Jorge Videla? ¿Esos sí eran dictadores porque eran de derecha?

En los organismos internacionales, los medios de comunicación y en las relaciones políticas en general es ostensible el poder que tienen ciertas fuerzas de una izquierda radical que es complaciente con las dictaduras y regímenes del mismo signo ideológico.

En el sistema de Naciones Unidas es habitual que se elogie al régimen castrista en la OMS, la UNESCO, la FAO, la CEPAL, etc. El actual secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, fue presidente de la Internacional Socialista entre 1999-2005 y acaba de nombrar a la también socialista expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el segundo cargo más importante de la ONU, con rango de secretario general adjunto.

Bachellet, fanática de Fidel Castro y el Che Guevara, se niega a llamar dictadura al régimen chavista, y considera que Raúl Castro no es un dictador. Muy poco, o nada, hará Bachelet contra las dictaduras latinoamericanas. No importa que asesinen, torturen y hambreen a sus pueblos. Son de izquierda, y punto.

Lo peor no es la falta de solidaridad internacional, efectiva y no oral, que necesitan los pueblos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, sino la "tibieza" latinoamericana, cosa que quizás podría empeorar en diciembre con el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La región no está actuando en correspondencia con la nueva correlación de fuerzas favorables a la democracia. Las autocracias hacen y deshacen, con una impunidad ya inadmisible en el siglo XXI. De hecho, Latinoamérica sigue afectada por el populismo que se supone dejó atrás.
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